Sumar

Los partidos que invistieron a Pedro Sánchez urgen al Gobierno para incluir medidas en materia de vivienda en el decreto económico para paliar los efectos de la crisis por el conflicto en Irán. Prohibir los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler que vencerán próximamente o topar la subida anual de las rentas de los arrendamientos están entre las propuestas de Sumar, ERC, Bildu, Podemos o BNG. El PSOE recuerda que las medidas antidesahucios cayeron por dos veces en el Congreso al no contar con la mayoría necesaria, y plantea un límite máximo del 2% en la actualización de los alquileres firmados antes de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido extender a toda España la limitación de las compras de vivienda con fines especulativos que los Comuns han negociado con el Govern de la Generalitat para la aprobación de los Presupuestos de 2026. "Ojalá pueda salir adelante y ese carácter demostrativo se extienda al resto del Estado", ha afirmado. También ha abogado por prorrogar automáticamente los contratos de alquiler firmados durante la pandemia y que caducan en los próximos meses.

El portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de anunciar viviendas "como churros", en referencia al anuncio para construir 15.000 casas al año con el fondo soberano 'España Crece', cuando estas no llegan a la gente. El jefe del Ejecutivo anunció que destinaría 23.000 millones de euros para la construcción de esas viviendas. En una rueda de prensa, Ibáñez ha pedido "rigor" a Sánchez en materia de vivienda y aprobar una moratoria que frene la gran revisión de contratos de alquiler que afecta a más de 600.000 contratos.

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea establecer la obligación de que los pagos de las rentas del alquiler de vivienda se realicen mediante transferencia bancaria u otros medios de pago electrónicos, para erradicar los posibles fraudes fiscales asociado al alquiler de vivienda, detectar ingresos no declarados que anualmente representan más de 12.500 millones de euros, según los cálculos del socio minoritario en el Gobierno. Otra de las propuestas que incluye esta iniciativa pasa por establecer una retención del 1% sobre el alquiler, que el propietario deberá ingresar mensualmente en la Agencia Tributaria (AEAT).

Menos de dos meses después de que el Congreso rechazara la proposición de ley presentada por Sumar que pretendía prohibir a empresas comprar casas en España, el portavoz de Vivienda del partido en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, ha anunciado que la volverán a presentar. El socio minoritario del Gobierno se apoya en la última medida anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, que propone prohibir a las grandes empresas comprar casas unifamiliares en el país, que ha sido respaldada por Vox, por lo que argumentan que esta vez los de Abascal votarán a favor.

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Sumar defendía que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja de 2008. La propuesta ha sido respaldada por ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís en el Grupo Mixto. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PNV se ha abstenido, como el socio de Gobierno.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado al PSOE a prorrogar la congelación de los contratos de alquiler y a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar hace unas semanas. La lider de Sumar recalca el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.

Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición de ley que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, anunció el registro de esta propuesta legislativa en abril de este año con el objetivo de "poner freno" a la especulación en el mercado de la vivienda.

En la sesión de control del Gobierno en el Senado, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la intervención del mercado de vivienda como solución a la crisis residencial que se mantiene en España, entre las críticas recibidas por el PP, pero también de Sumar, socio de Gobierno, que incluso le ha pedido que se haga a un lado si no quiere atajar la crisis de precios en el sector. Además, la Comisión de Vivienda del Congreso ha aprobado una iniciativa del PP, y con el rechazo del PSOE y Sumar, para que Isabel Rodríguez comparezca trimestralmente ante este órgano para informar de las políticas aplicadas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sugerido este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que si sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de precios debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuest

Sumar ha presentado este 13 de octubre un Real Decreto Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.Con estas me

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto destinado a gravar con un 25% el precio total en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de dos años desde su compra. La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, busca frenar la práctica del 'flipping', basada en comprar casas para revenderlas más caras de forma rápida y muchas veces sin valor añadido o con una inversión mínima de mejora de la eficiencia energética o pintura de la vivienda.

El socio minoritario en el Gobierno reclama elevar la inversión del próximo Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030 hasta los 65.000 millones de euros, lo que equivaldría al 1% del PIB nacional en medidas para vivienda pública y asequible. Esta petición multiplica el plan presentado por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes autonómicos, que planteba compartir 7.000 millones de inversión. Para su plan, Sumar pretende usar 58.000 millones de euros por la vía de créditos blandos europeos de la estrategia Next Generation.

Sumar y Esquerra Republicana (ERC) han registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantean impulsar el modelo de vivienda de las cooperativas en cesión de uso, para lo cual piden ayudas fiscales y económicas como rebajar el IBI o desarrollar líneas de financiación pública. La propuesta plantea modificar la Ley de Cooperativas para desarrollar la regulación del modelo y blindar su interés general de forma permanente e insta al Gobierno a realizar los traspasos de fondos necesarios a las AAPP competentes para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso.

Sumar ha registrado una propuesta en el Congreso para que todos los suelos en manos de la Sareb y su promotora Árqua pasen a formar parte del patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que deseen asumirlo, con la condición indispensable de que se cualifiquen como viviendas de protección oficial de forma indefinida y se construyan inmuebles protegidos de alquiler. Entre este suelo disponible se encuentran los 50 terrenos para construir 3.770 viviendas en el proyecto bautizado como 'Plan Viena', y cuya licitación quedó desierta a comienzos de año.

Sumar se ha desmarcado del PSOE en la Mesa del Congreso y ha desbloqueado, junto con el PP, la tramitación parlamentaria de la ley que regula los alquileres de temporada y que había sido impulsada por los socios de izquierda del Gobierno de coalición. La norma consiste en reformar la LAU para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, obliga al arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y fija un tope de nueve meses a los contratos. Los grupos parlamentarios deberán presentar sus enmiendas este 21 de mayo.

Gonzalo Bernardos es economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, pero es más conocido por ser tertuliano habitual en diversos medios de comunicación.

Sumar ha criticado al PSOE y al PP por unir sus votos en la mesa del Congreso para prorrogar el plazo de enmiendas de la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y ha exigido, sobre todo a los socialistas, que desbloqueen de una vez la tramitación parlamentaria de la iniciativa, que dura ya seis meses desde su admisión a trámite. Esta reforma que se plantea de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) busca equiparar los contratos de temporada a los de vivienda permanente para desincentivar su uso, sobre todo, en zonas declaradas como mercado residencial tensionado, que controla y limita los precios.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este 13 de mayo una proposición no de ley presentada por Sumar para crear un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo; en concreto, los vuelos en jets privados y viajes en yates. El grupo plurinacional ya intentó introducir la tasa vía enmienda en la ley del impuesto del 15% a las empresas multinacionales, pero no lo consiguió. El objetivo de la iniciativa es disminuir el impacto ambiental que provoca su uso "abusivo". Según el partido, este tipo de transporte es el "más desigual, más injusto y contaminante".

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso proponiendo que las viviendas amenazadas con desahucio pasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. Son dos propuestas que el grupo plurinacional ha incorporado a su proposición no de ley relativa al parque público de vivienda y que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja. Otra de las cuestiones que plantea es derogar las socimis y prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP en la que urge al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a ejecutar mejor y agilizar su presupuesto, para resolver la "gravedad del problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda en España". La proposición no de ley ha prosperado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja por el apoyo de Vox y Junts. De su lado, PSOE, Sumar, Podemos, Bildu y Esquerra Republicana han votado en contra.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja para pedir al Gobierno liberar los remanentes de los ayuntamientos y que los puedan destinar a la compra de vivienda para aumentar de manera destacada el parque público. Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 a mantener equilibrio o superávit financiero, y no pueden gastarlo. Según datos del Banco de España, esos remanentes ya alcanzan cerca de 39.000 millones de euros, dinero que el diputado de Compromis exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez movilizar para alquiler social y asequible.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda, Alberto Ibáñez, ha propuesto al Ministerio de Isabel Rodríguez la compra masiva de inmuebles confiscados por el turismo para que las comunidades autónomas puedan ampliar su parque de vivienda pública. Esta sugerencia fue comunicada a través de un mensaje en la red social X, donde Ibáñez criticó también algunas de las recientes medidas de vivienda anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, como la exención de IRPF para propietarios que alquilen sus casas a precios establecidos. El diputado considera que estas acciones benefician a quienes poseen viviendas vacías mientras hay personas que enfrentan dificultades para encontrar un hogar.

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, considera que hay que "hinchar a impuestos" a aquellos propietarios que alquilen una casa sin tener en cuenta el índice de precios establecido en la Ley de Vivienda y que ofrece un rango de valores para fijar la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda, con el objetivo de limitar los precios especialmente en zonas tensionadas. Según defiende Ibáñez, deben tomarse medidas para "prohibir la compra especulativa de casas" o subir impuestos para que "no sea rentable" hacerlo. También apuesta por una mayor presión fiscal para los pisos turísticos.

Sumar, ERC, Bildu y BNG se han adherido a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para prorrogar la moratoria antidesahucios, que se puso en marcha en 2020 por la crisis del coronavirus y que expira el próximo 31 de diciembre. La organización afirma que ha detenido 58.000 lanzamientos en los últimos cuatro años, el 25% del total de los lanzamientos realizados entre 2020 a 2024. También pide más medidas que amplíen su efectividad, puesto que no ha funcionado en el 75% de los casos.