Sumar

El PSOE y el PP han tumbado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley de Sumar que, entre otros objetivos, planteaba buscar una alternativa al euríbor y al IRPH como principales índices hipotecarios. Los plurinacionales habían llevado esta propuesta a la Comisión de Economía de la Cámara Baja y con ella buscaban promover el estudio de alternativas al Euríbor y el IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices sometidos a limitaciones estructurales, volumen de transacciones inexistente en algunos tramos, mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración y riesgo de manipulación.

Sumar se ha mostrado partidario de ofrecer concesiones a Junts como bonificaciones a caseros y aplicar el IVA franquiciado y ha emplazado al PSOE a implicarse en esta negociación para forjar un acuerdo que permita salvar la prórroga de alquileres, incluida en el decreto de medidas de vivienda que se votará este martes en el Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recalcado que estas dos medidas son demandas públicas de los postconvergentes y que pueden hacerles cambiar de opinión, pese a que han expresado su rechazo a este decreto al igual que PP y Vox.

Sumar defenderá esta semana en el Congreso una proposición no de ley con la que plantea adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la concesión de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual con el objetivo de proteger a los hogares del riesgo de las subidas las cuotas. El partido propone que estos préstamos se comercialicen "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota" y plantea otras medidas como promover el estudio de alternativas al euríbor y el IRPH o legislar sobre la abusividad de cláusulas no transparentes, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores.

La limitación extraordinaria del 2% en la actualización del alquiler permitirá a los hogares ahorrar entre 182 y 658 euros entre 2026 y 2027, pudiendo alcanzar cifras aún mayores en territorios tensionados, como la Comunidad de Madrid (867 euros) o Cataluña (790 euros), según cálculos de Sumar realizados a partir de los distintos escenarios de inflación planteados por el Banco de España en sus últimas proyecciones. El partido estima que hacer un nuevo contrato a precio de mercado costaría 1.730 euros más cada año

La formación catalana ha insistido en su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno que incluye la prórroga de dos años de los alquileres y la limitación del 2% a la actualización anual de las rentas, lo que anticipa la caída del Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso de los Diputados en la votación del próximo 28 de abril. De hecho, Junts ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley con rebajas fiscales como una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual y bonificaciones para la rehabilitación, ya que insiste en que las reducciones impositivas son una vía mucho más eficaz que los controles de precios.

El PP ha rechazado la invitación de Sumar a negociar un posible apoyo al decreto ley con medidas de vivienda, como la prohibición de desahucios a gente vulnerable y la prórroga automática de contratos de alquiler, alegando que el texto "no ofrece soluciones realistas" y censurando la "incompetencia" del Gobierno en materia de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo logró que se aprobara en Consejo de Ministros de un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha puesto una propuesta sobre la mesa para que el Estado destine 2.000 millones de euros a la compra masiva de viviendas, incluidas las de particulares, ante los largos plazos que supone la construcción de nuevos inmuebles en el parque público. Según Ibáñez, "no tenemos tiempo en construir, hay que comprar lo que ya existe". Además de destinar dinero público a comprar inmuebles, el diputado también defiende la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, prohibir a los fondos adquirir viviendas y limitar los apartamentos turísticos.

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha recriminado al PSOE que se haya puesto "de perfil" y dé por perdido el decreto con medidas de vivienda aprobado el pasado de viernes en un Consejo de Ministros extraordinario que provocó una crisis interna en el Gobierno de coalición. "Señores del PSOE, menos comprar las rebajas de IVA de la derecha, menos normalizar que vaya a la cárcel una persona por robar un móvil tres años y más apretar para continuar defendiendo el derecho a la vivienda", ha lanzado durante su comparecencia.

El Consejo de Ministros ha decidido dividir en dos decretos una batería de medidas hacer frente a las consecuencias económicas por el conflicto en Oriente Medio en una de las reuniones más tensas que se recuerdan por los desencuentros entre los socios de Gobierno en las cuestiones relacionadas con la vivienda. Finalmente, PSOE y Sumar han incluido en un decreto una bajada del IVA del 21% al 10% de los carburantes, la luz y el gas, eliminar el impuesto a la producción eléctrica o mejorar el bono social eléctrico. El segundo texto incluye el tope a la actualización de los alquileres, medida que ya estuvo en marcha durante la guerra en Ucrania, y la prórroga de los contratos de alquiler que venzan próximamente, aunque no tiene apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante. Ambos deben votarse en el Congreso de los Diputados, pero solo el de medidas fiscales se vota el próximo jueves.

Los partidos que invistieron a Pedro Sánchez urgen al Gobierno para incluir medidas en materia de vivienda en el decreto económico para paliar los efectos de la crisis por el conflicto en Irán. Prohibir los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler que vencerán próximamente o topar la subida anual de las rentas de los arrendamientos están entre las propuestas de Sumar, ERC, Bildu, Podemos o BNG. El PSOE recuerda que las medidas antidesahucios cayeron por dos veces en el Congreso al no contar con la mayoría necesaria, y plantea un límite máximo del 2% en la actualización de los alquileres firmados antes de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido extender a toda España la limitación de las compras de vivienda con fines especulativos que los Comuns han negociado con el Govern de la Generalitat para la aprobación de los Presupuestos de 2026. "Ojalá pueda salir adelante y ese carácter demostrativo se extienda al resto del Estado", ha afirmado. También ha abogado por prorrogar automáticamente los contratos de alquiler firmados durante la pandemia y que caducan en los próximos meses.

El portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de anunciar viviendas "como churros", en referencia al anuncio para construir 15.000 casas al año con el fondo soberano 'España Crece', cuando estas no llegan a la gente. El jefe del Ejecutivo anunció que destinaría 23.000 millones de euros para la construcción de esas viviendas. En una rueda de prensa, Ibáñez ha pedido "rigor" a Sánchez en materia de vivienda y aprobar una moratoria que frene la gran revisión de contratos de alquiler que afecta a más de 600.000 contratos.

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea establecer la obligación de que los pagos de las rentas del alquiler de vivienda se realicen mediante transferencia bancaria u otros medios de pago electrónicos, para erradicar los posibles fraudes fiscales asociado al alquiler de vivienda, detectar ingresos no declarados que anualmente representan más de 12.500 millones de euros, según los cálculos del socio minoritario en el Gobierno. Otra de las propuestas que incluye esta iniciativa pasa por establecer una retención del 1% sobre el alquiler, que el propietario deberá ingresar mensualmente en la Agencia Tributaria (AEAT).

Menos de dos meses después de que el Congreso rechazara la proposición de ley presentada por Sumar que pretendía prohibir a empresas comprar casas en España, el portavoz de Vivienda del partido en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, ha anunciado que la volverán a presentar. El socio minoritario del Gobierno se apoya en la última medida anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, que propone prohibir a las grandes empresas comprar casas unifamiliares en el país, que ha sido respaldada por Vox, por lo que argumentan que esta vez los de Abascal votarán a favor.

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Sumar defendía que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja de 2008. La propuesta ha sido respaldada por ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís en el Grupo Mixto. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PNV se ha abstenido, como el socio de Gobierno.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado al PSOE a prorrogar la congelación de los contratos de alquiler y a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar hace unas semanas. La lider de Sumar recalca el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.

Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición de ley que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, anunció el registro de esta propuesta legislativa en abril de este año con el objetivo de "poner freno" a la especulación en el mercado de la vivienda.

En la sesión de control del Gobierno en el Senado, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la intervención del mercado de vivienda como solución a la crisis residencial que se mantiene en España, entre las críticas recibidas por el PP, pero también de Sumar, socio de Gobierno, que incluso le ha pedido que se haga a un lado si no quiere atajar la crisis de precios en el sector. Además, la Comisión de Vivienda del Congreso ha aprobado una iniciativa del PP, y con el rechazo del PSOE y Sumar, para que Isabel Rodríguez comparezca trimestralmente ante este órgano para informar de las políticas aplicadas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sugerido este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que si sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de precios debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuest

Sumar ha presentado este 13 de octubre un Real Decreto Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.Con estas me

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto destinado a gravar con un 25% el precio total en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de dos años desde su compra. La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, busca frenar la práctica del 'flipping', basada en comprar casas para revenderlas más caras de forma rápida y muchas veces sin valor añadido o con una inversión mínima de mejora de la eficiencia energética o pintura de la vivienda.

El socio minoritario en el Gobierno reclama elevar la inversión del próximo Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030 hasta los 65.000 millones de euros, lo que equivaldría al 1% del PIB nacional en medidas para vivienda pública y asequible. Esta petición multiplica el plan presentado por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes autonómicos, que planteba compartir 7.000 millones de inversión. Para su plan, Sumar pretende usar 58.000 millones de euros por la vía de créditos blandos europeos de la estrategia Next Generation.

Sumar y Esquerra Republicana (ERC) han registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantean impulsar el modelo de vivienda de las cooperativas en cesión de uso, para lo cual piden ayudas fiscales y económicas como rebajar el IBI o desarrollar líneas de financiación pública. La propuesta plantea modificar la Ley de Cooperativas para desarrollar la regulación del modelo y blindar su interés general de forma permanente e insta al Gobierno a realizar los traspasos de fondos necesarios a las AAPP competentes para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso.

Sumar ha registrado una propuesta en el Congreso para que todos los suelos en manos de la Sareb y su promotora Árqua pasen a formar parte del patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que deseen asumirlo, con la condición indispensable de que se cualifiquen como viviendas de protección oficial de forma indefinida y se construyan inmuebles protegidos de alquiler. Entre este suelo disponible se encuentran los 50 terrenos para construir 3.770 viviendas en el proyecto bautizado como 'Plan Viena', y cuya licitación quedó desierta a comienzos de año.