VPO

El Govern balear y el Consell de Mallorca han firmado un convenio para construir 323 viviendas de protección oficial en el barrio de Sant Ferran, en Palma, lo que constituye una de las mayores promociones de vivienda pública realizada hasta la fecha en las Islas Baleares. El acuerdo firmado incluye una condición: para acceder a las viviendas, los solicitantes deberán acreditar al menos 15 años de residencia legal en el archipiélago. Esta cifra ha sido aumentada por el ayuntamiento de la capital, ya que el mínimo exigido por el Ejecutivo regional son cinco años.

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la tramitación urbanística de la Vega de Campanillas, uno de los ámbitos de crecimiento residencial más grande de la ciudad, en el que se prevén construir 7.339 nuevas viviendas, de las que 4.140 serán protegidas. La actuación cuenta con un presupuesto de 134,3 millones de euros para las tareas de urbanización de más de un millón de m2, aunque tienen un gran reto por delante: resolver los problemas de inundabilidad de los terrenos cuando se produce la crecida del río Campanillas.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el municipio de España con mayor renta bruta media declarada, ha aprobado el proyecto de urbanización de Huerta Grande, el último trámite administrativo necesario para que arranquen las obras de uno de los desarrollos residenciales más relevantes del municipio madrileño en los últimos años. El proyecto contempla la construcción de 775 nuevas viviendas, de las cuales el 56% contará con algún tipo de protección, lo que supone 434 unidades asequibles.

El Gobierno de Aragón ha aumentado el precio del módulo de la vivienda protegida un 14%, que pasa de 1.846 a 2.104 euros por m2 útil. La medida busca hacer viable la construcción de nuevas promociones de vivienda asequible tras años de costes crecientes en el sector. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico ha diseñado un paquete de contramedidas para que el incremento no recaiga de forma íntegra sobre los compradores. Hace 16 meses, el precio del módulo ya se incrementó un 9,5%, una subida que la inflación acumulada del 11% ha absorbido en su totalidad.

La consejera Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han presentado una proposición de ley para reconvertir oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial y aumentar la edificabilidad en desarrollos urbanísticos por consolidar. La norma tiene como objetivo incrementar el parque de VPO e implicar a los agentes privados en su impulso, y las medidas que incorpora serán "temporales y excepcionales" y se aplicarían en los municipios con el mercado residencial tensionado.

El Ayuntamiento de Zaragoza movilizará tres solares municipales en Arcosur y Santa Isabel para construir 249 viviendas protegidas, una operación que reportará 7 millones de euros al Consistorio y que se enmarca en la estrategia de reactivación urbanística del actual equipo de gobierno. Según el balance municipal, en los tres últimos años se han desbloqueado 21 áreas de desarrollo que permitirán incorporar 28.042 viviendas, de las que el 47% contará con algún régimen de protección.

La vivienda protegida en España sigue sumando récords. Según el Ministerio de Vivienda, el valor tasado alcanzó en el primer trimestre del año los 1.222,3 euros/m2, el mayor importe de la serie histórica, aunque el promedio es superior en provincias como Madrid, Barcelona, Málaga, Girona, Sevilla o Santa Cruz de Tenerife. Los expertos consultados por idealista/news creen que la tendencia al alza no ha hecho más que empezar, entre otras cosas porque las CCAA están actualizando los módulos y porque la falta de mano de obra y los elevados costes de construcción llevan a las promotoras a establecer unos precios de venta cercanos al límite máximo legal. En su opinión, menos impuestos y trabas administrativas, más bonificaciones y una apuesta decidida por la construcción industrializada y la promoción pública ayudaría a contener el precio de la VPO.

La Xunta de Galicia ha activado la licitación de la redacción de los proyectos de urbanización de siete nuevos ámbitos residenciales a través de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA). Entre ellos figura Monte Mero, en A Coruña, donde se planifica un barrio de 4.397 viviendas, de las que un 80% serán protegidas (3.521 unidades). El Gobierno regional invertirá 66 millones de euros en el desarrollo del ámbito y prevé una inversión inducida de 800 millones de euros.

Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para investir de nuevo a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Tras unas negociaciones intensas, marcadas por el énfasis de los de Abascal en la llamada 'prioridad nacional' -que el PP ha preferido denominar 'arraigo', ambas formaciones han sellado un pacto que incluye diversas medidas. Entre ellas destaca una relativa a la vivienda, que establece que los solicitantes de inmuebles protegidos deberán acreditar 10 años de empadronamiento en la comunidad para acceder a la compra y cinco en el caso de las VPO en régimen de alquiler.

El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley que reforma la ley de vivienda y que establece otorgar la calificación permanente de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de alquiler con carácter retroactivo, es decir, blindar el alquiler indefinido de la VPO a cualquier promoción, incluidas las que ya tenían otorgada la calificación definitiva. Se ha aprobado a través de un procedimiento exprés sin que la norma haya pasado por el cauce habitual de ponencia ni comisión, habiéndose votado de forma directa en el pleno extraordinario de este jueves 25 de junio. Tampoco se ha sometido a Dictamen del Consejo de Navarra si bien UPN ha anunciado que va a solicitar su Dictamen y cuenta con suficientes parlamentarios para hacerlo.

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha la tramitación del Plan Parcial nº 2 del PAU 2-La Torreta, un desarrollo residencial con una superficie de 5,53 hectáreas que albergará 550 viviendas, de las cuales la mitad serán de protección pública. Esta actuación busca completar el tejido urbano del entorno y ampliar la oferta de obra nueva en uno de los barrios de mayor crecimiento de la ciudad.

Genivs Insulae, fondo de inversión especializado en VPO, entra en el mercado de Málaga con la adjudicación para la construcción y gestión de 599 viviendas protegidas en alquiler en los distritos malagueños de Campanillas y Cruz de Humilladero. La operación, que se desarrollará sobre suelo público del Ayuntamiento de la ciudad andaluza cedido en concesión administrativa durante 75 años, movilizará 87 millones de euros de inversión y ofrecerá alquileres por debajo de mercado. Está previsto que los pisos reciban a sus primeros inquilinos a principios de 2029.

El Ayuntamiento de Barcelona dará un paso inédito en su política de vivienda a partir de este verano. La ciudad permitirá que entidades sociales sin ánimo de lucro, cooperativas, fundaciones y promotores públicos o privados especializados en vivienda protegida puedan convertirse en beneficiarios del derecho de tanteo y retracto municipal para adquirir edificios residenciales que salgan al mercado. La medida desarrolla la nueva ordenanza municipal aprobada a finales de 2025, que regula el ejercicio de los derechos de adquisición preferente del consistorio y que, entre otras novedades, contempla la posibilidad de ceder este derecho a terceros para incrementar el parque de vivienda asequible y social de la ciudad.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado la puesta en marcha del nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, que contempla la construcción de 1.024 viviendas de protección oficial durante los próximos cinco años. La inversión total prevista asciende a 135 millones de euros, que se financiarán a través de un modelo mixto público-privado. El 15% (20,25 millones) procederá de fondos propios del Gobierno autonómico, el 20% (27 millones) de la iniciativa privada, el 40% (54 millones) de crédito bancario y el 25% (33,75 millones) restante llegará a través del Estado mediante un nuevo convenio.

El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para modificar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que se eleve de tres a cinco años el empadronamiento mínimo exigido para poder optar a un piso protegido en la región. Medida que ya ha instaurado el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y que también ha propuesto Junts en Cataluña. No obstante, han asegurado que mantendrían los tres años hasta ahora exigidos para aquellos que dispongan de una vinculación laboral y residencia en Euskadi.

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda, como han sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la VPO o la proposición no de ley de Sumar para derogar las socimis. Al mismo tiempo, El Pleno ha dado el visto bueno a otras tres del PP, como la propuesta para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo o agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido durante la inauguración de una promoción de 110 pisos de alquiler asequible en Calafell (Tarragona) la implicación de "más grupos empresariales" y más grupos de construcción en el desarrollo de promociones de vivienda protegida junto a la Administración de la Generalitat y de los ayuntamientos. Para Illa, es necesario que más empresas del sector trabajen "conjuntamente con la administración" para poder facilitar el acceso a la vivienda con alquileres asequibles que, en su opinión, es una de las cosas "más transformadoras que hay".

Tras más de 25 años de espera, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización del sector Buenavista, un nuevo barrio residencial ubicado en la zona de Campanillas que levantará 1.362 viviendas protegidas. Este proyecto nace de un convenio de colaboración entre el consistorio malagueño y Casa 47 (antigua Sepes) en el año 1999. El acuerdo, que la entidad de Vivienda recuperó hace casi dos años, contempla un presupuesto base de licitación para el inicio de obras de urbanización que asciende a los 33,6 millones de euros.

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida ha retrocedido un 22,7% en 2025 respecto al año anterior, hasta las 11.104 unidades, según se desprende de la estadística trimestral de 'Vivienda libre y vivienda protegida' del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.A pesar de esta retro

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado que el parque residencial público de la ciudad alcanzó los 2.611 inmuebles el año pasado, 77 más que el ejercicio anterior. En esta línea, han señalado que el consistorio tiene proyectados 2.743 nuevos pisos para alquiler asequible en los próximos años, de los cuales el 69% ya está en construcción y 1.700 se entregarán a lo largo de 2026. Los inquilinos que residan en alguna de estas viviendas nunca abonarán una cuota más allá del 20% de su renta y tienen un precio medio de 4 euros/m2.

¿Se puede vender una Vivienda de Protección Oficial por encima del precio máximo legal? Y, si se hace, ¿queda el contrato automáticamente anulado? El Tribunal Supremo ha zanjado el debate en una sentencia donde señala que pactar un sobreprecio en la compraventa de una VPO no determina la nulidad civil del contrato, aunque puede generar responsabilidades en el ámbito administrativo.

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) no solo implica cumplir requisitos de acceso o precio. También tiene una consecuencia directa en el bolsillo del comprador: el IVA aplicable a la operación. ¿Es siempre el mismo? ¿Puede aplicarse el 4% o lo normal es pagar el 10%? La Dirección General de Tributos aclara que el IVA del 4% no es la regla, sino la excepción más favorable. Solo puede aplicarse este tipo cuando se cumplen todos los requisitos exigidos: que la vivienda esté calificada administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública y que la entrega se efectúe directamente por su promotor, incluyendo, en su caso, un máximo de dos plazas de garaje y los anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente.

El director de Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores, Ángel Salvador Chacón, ha asegurado que han encontrado algunas viviendas protegidas que se explotaban como pisos turísticos entre las más de 80.000 licencias denegadas, que ya han sido expulsadas del mercado. Según los registradores, se han otorgado alrededor de 420.000 números de registros. Y ahora, los propietarios deberán aportar información sobre cuántas personas se han hospedado en la casa, durante cuánto tiempo y el beneficio económico. A día de hoy, ya han recibido la información de 100.000 inmuebles vacacionales, aunque el plazo finaliza el próximo 2 de marzo.

Quienes hayan sido condenados por delitos vinculados con la okupación, como el allanamiento de morada o la usurpación, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguientes a la sentencia de condena en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de esta región, durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum.