zonas tensionadas de alquiler

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda y la comunidad autónoma no actúe. La formación de Yolanda Díaz quiere dotar a las entidades locales de estas competencias en materia de vivienda cuando lo soliciten y la autonomía no se haya pronunciado en un plazo de seis meses.

Barcelona reúne a parte de sus expertos en vivienda para analizar sus nuevas regulaciones. La semana pasada se constituyó el Grupo de Trabajo de Regulación del Alquiler de Barcelona, enmarcado en el Consejo de la Vivienda Social de Barcelona (CHSB) y formado por los principales agentes y entidades del sector, grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona, órganos municipales, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Uno de sus objetivos es valorar y realizar un seguimiento del despliegue de la zona de mercado tensionado.

Hoy hace un año que se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que debía producir importantes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, pero que finalmente lo que ha provocado es la práctica desaparición de la oferta por una enorme desconfianza de miles de propietarios con esta regulación, según los expertos consultados. Por otra parte, la tan cacareada normalización de los precios -que es uno de los principales argumentos de la ley- ha traído una desesperada realidad para miles de personas que buscan piso: las rentas están en muchas de las áreas analizadas por idealista [empresa editora de este boletín] en niveles máximos, y todo apunta a que seguirán subiendo.

La Generalitat de Cataluña ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) que establece el Índice estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda y que sirve para regular el tope máximo que deben pagar los inquilinos en los nuevos contratos de arrendamiento en las zonas que se declaren como mercado residencial tensionado, tal y como establece la Ley de Vivienda. El Departamento de Territorio reclama la combinación del sistema estatal y el índice catalán en las 140 municipios de la región donde ya hay control de precios desde el pasado marzo.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, en coalición con Nueva Canarias y Podemos, ha solicitado al Gobierno Autonómico de Canarias que inicie los trámites para declarar a la capital como zona de mercado residencial tensionado para regular los precios de los alquileres, tal y como recoge la Ley de Vivienda. La capital grancanaria se une a otros ayuntamientos del País Vasco y Madrid que han solicitado esta declaración. El Gobierno autonómico les pide una memoria justificativa.