Fuente: Expansión
Las empresas españolas, bien pertenezcan al sector público o al privado, tardan más tiempo que sus homólogas europeas en pagar las facturas a sus proveedores. De hecho, muchas de ellas se saltan los límites que marcan la ley.
Con este escenario sobre la mesa, todos los partidos políticos han acordado tomar medidas e impulsar sanciones a las más incumplidoras. Las multas podrían superar los 800.000 euros.
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