Adeslas y Asisa serán finalmente las dos únicas aseguradoras que prestarán asistencia sanitaria privada a los funcionarios adscritos a Muface, según la documentación remitida por la mutualidad al Portal de Contratación del Estado consultada.
Adeslas y Asisa habían confirmado que asistirían al concierto, aunque quedaba la duda de la postura de DKV, que finalmente no ha presentado la documentación. Tampoco lo han hecho Mapfre, Sanitas o Caser. Así, los funcionarios y sus familiares deberán elegir ahora si se suman a Adeslas, Asisa o el Sistema Nacional de Salud.
Una oferta mucho más reducida que la que ha existido en el pasado. Hace dos décadas, sin ir más lejos, un total de 11 aseguradoras formaban parte de este modelo, que ha ido perdiendo concurrencia con el paso de los años, hasta quedarse solo con dos alternativas al margen del sistema público, según recoge el diario El Economista. De hecho, el Gobierno ha tenido que realizar tres intentos para sacar adelante el concierto sanitario de los funcionarios.
A cierre de 2023, últimos datos disponibles, la primera opción entre el funcionariado y sus beneficiarios adscritos era Adeslas, con 508.703 funcionarios, seguida de la sanidad pública, con 457.307 adscritos. En tercer lugar se situaba Asisa, con 363.946 adscritos.
El contrato ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en el segundo incrementó que ofreció el Gobierno.
En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.
En el nuevo concierto, la prima registra una subida diferenciada en función de los tramos de edad. Las primas finalizarán 2027 en un rango que va desde los 32,9 euros por mes para los asegurados de entre 5 y 14 años hasta los 273,97 euros para aquellos con más de 74 años. Estas cantidades están exentas de IVA.
Asimismo, los pliegos incluyen una cláusula de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" para las aseguradoras. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un "riesgo imprevisible" y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la "onerosidad" de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.
El concierto abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.
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