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La APCE pide agilidad administrativa y eliminar la reserva del 30% para VPO en Cataluña

Los promotores piden medios para esquivar la crisis del covid-19

Fuente: Unsplash
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Los promotores piden medios para esquivar la crisis del covid-19. La Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) ha presentado un plan de choque para el sector que contribuya a la recuperación de la economía catalana, que ha hecho llegar a las administraciones y a las principales fuerzas políticas, entre otros. Entre las más destacadas están anular la habilitación a los ayuntamientos para el establecimiento de reservas de VPO en suelo urbano consolidado (actualmente vigente en Barcelona ciudad con el 30% de reserva) y  una mayor agilidad administrativa.

Bajo el lema "Reconstruyendo el sector también reconstruimos Cataluña", la APCE plantea una serie de medidas para dinamizar el sector sin coste económico para las administraciones que permitirían alcanzar una producción anual de 25.000 viviendas, cifra estimada por varios expertos para cubrir la necesidad de hogares en Cataluña, y que se extrae del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda. Según la asociación, “alcanzar este volumen de producción de viviendas generaría más de 60.000 puestos de trabajo, y una recaudación fiscal de alrededor de 1.500 millones de euros”.

En el documento, la APCE pide revisar los precios máximos de venta y alquiler vigentes de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a fin de poderlos hacer viables, edificando y dinamizando las reservas de casas protegidas de promotores públicos y privados. “Hay que tener en cuenta que los costes de construcción se han incrementado más de un 45% desde 2007, mientras que los valores de los módulos no han variado y han quedado desfasados”, sostienen en APCE.

Otra medida propuesta es anular la habilitación a los ayuntamientos para establecer reservas de VPO en suelo urbano consolidado, “pues consigue el efecto contrario al pretendido”. En este sentido, APCE considera que se disminuye aún más la oferta, especialmente la de las operaciones de rehabilitación (en el caso vigente de Barcelona ciudad con el 30% de reserva, la reducción de actividad registrada en los tres primeros trimestres del ejercicio 2019 fue de un 55%).

El documento también recoge propuestas de simplificación administrativa para una reactivación más rápida del sector. Entre ellas destaca la petición a las administraciones para que agilicen todos los plazos de tramitación de licencias de edificación (la normativa habla de un periodo de dos meses, que en la práctica se supera muy ampliamente) y de tramitación de planeamientos urbanísticos y sus informes, a fin de disponer de materia prima para comenzar a trabajar lo antes posible.

APCE también pide un gran pacto público-privado entre la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos y los promotores públicos y privados para construir lo antes posible un parque diversificado de viviendas de venta y alquiler “que cuente con un marco estable y de seguridad jurídica para los inversores”. En el pacto se deberían definir claramente tres tipologías de vivienda: libre, asequible-protegido, y social.

En cuanto a la VPO, la asociación propone movilizar los suelos de reserva de vivienda protegida a través de la cesión de derecho de superficie para edificar y gestionar la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible para un período de tiempo.

En este sentido, la APCE pide que el Gobierno modifique el IVA de las cesiones de derechos de superficie, que actualmente está sujeto al tipo general (21%), y pase al tipo reducido (10%).

En el documento se destaca que la actividad promotora-constructora es un sector estratégico para la economía, ya que, además de proveer de hogar a las familias, tiene un efecto tractor muy importante a nivel de empleo y de recaudación impositiva: por cada vivienda que se construye se generan 2,4 puestos de trabajo, de los que 1,6 son directos (trabajadores por cuenta ajena y autónomos) y el retorno fiscal entre las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) supera el 20% del precio de venta de cada vivienda.