‘Distritos de compras’: la última idea del Gobierno para revitalizar ciudades... y poner a España en el mapa del turismo de lujo

En los países anglosajones, donde tienen su origen, se denominan Business Improvement District (BID). En España recibirán el nombre de Áreas Comerciales Urbanas (ACU). Se trata de un nuevo concepto de gestión de espacios comerciales abiertos, que, ajustándose al principio tan en boga de la colaboración público-privada, abre la posibilidad de que agrupaciones de comerciantes se impliquen de forma directa en la mejora de la prestación de servicios en los barrios en que se sitúan.

¿De qué estamos hablando exactamente? Pues, por ejemplo, de la posibilidad de dotarse de unos servicios de seguridad reforzados en el barrio en el que operan para blindar a sus potenciales clientes, de mejorar las conexiones a través de transporte público o de modificar al gusto el funcionamiento de los servicios de limpieza o de recogida de residuos. 

En el fondo, el modelo no es más que un contrato de servicios entre una parte pública –la Administración- y otra de naturaleza privada –la asociación de comerciantes—. La Administración accede a transferir de forma condicionada parte de sus competencias sobre la gestión de determinados servicios públicos, a cambio de que sean los propios comerciantes los que costeen la factura derivada de esta mejora.

El modelo encaja en lo que los pretenciosos manuales de Management han dado en llamar ahora una ‘win win situation’. Ganan los comerciantes porque se les da la opción de acondicionar a su gusto su distrito comercial sin necesidad de esperar a la siempre lenta y burocratizada acción de la Administración. Y ganan los poderes públicos porque impulsan a coste cero acciones de promoción en áreas económicas estratégicas, como son los núcleos comerciales de cualquier ciudad.

Turismo de compras

El Ministerio de Economía ha incluido la regulación de la figura de las Áreas Comerciales Urbanas en su anteproyecto de Ley de Centros Comerciales Abiertos, que pretende ser un impulso a uno de los principales déficits del sector turístico español: el escaso tirón internacional de las principales áreas comerciales del país.

Mientras que España aparece habitualmente en los ránkings como el segundo o tercer destino turístico más visitado del planeta, cuando la clasificación se realiza según el criterio de ‘turismo de compras’ el país cae a plomo en la clasificación, de modo que sólo en Europa es el quinto mayor destino, es decir, el más pequeño de entre los grandes países del continente.

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Del mismo modo, las clasificaciones que portales especializados y revistas de viaje realizan sobre las principales calles comerciales del mundo rara vez incluyen a una ciudad española en el top 10. Un pequeño drama si tenemos en cuenta que los dos mercados emisores de turistas más pujantes del mundo en la actualidad –el chino y el ruso- tienen una acusada inclinación a visitar destinos interesantes desde un punto de vista comercial, más que de ocio.

El problema de la financiación

En España, apenas se acaba de presentar la iniciativa y ya ha surgido el principal problema para la puesta en marcha de estas ACU: cómo financiarlas. El planteamiento del Ministerio de Economía es algo diferente al de los BID originales, donde es la propia asociación de comerciantes la que financia las mejoras en su distrito, si acaso con un porcentaje menor de ayuda pública.

El modelo español descarga a los comercios de la obligación de pagar directamente de sus bolsillos estas actuaciones de mejora y aboga por crear una exención en el IBI que compense en el plano fiscal el esfuerzo inversor que asumieran los comerciantes de un determinado barrio.

El asunto es que esa exención ideada por el Gobierno impacta de manera directa en las arcas municipales, lo que no ha gustado nada en el mundo local, que ya ha exigido al Ministerio de Economía un cambio en la financiación de este tipo de áreas si quieren contar con el respaldo del mundo local español. 

El conflicto está sobre la mesa.