La Fiscalía cifra en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias que Juan Carlos Marquéz y Carlos Prada realizaron en España entre los años 2009 y 2018, a través de sus empresas y su círculo familiar más cercano, tras beneficiarse de fondos de la petrolera venezolana. Ambos figuran como acusados en el ‘caso Morodo ‘, entre otros imputados, según informa Voz Pópuli.
A todos ellos se le imputan delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Estos mismos delitos se les imputan también a las esposas de los principales investigados, al igual que al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo.
El ministerio público sostiene que los dos venezolanos se beneficiaron -a través de sus mercantiles -de fondos procedentes la petrolera que, según las pesquisas, ambos "fueron canalizando mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias abiertas en diversas entidades españolas".
Los bienes a los que la Fiscalía hace referencia son un local y varios garajes adquiridos en el año 2009. Aunque no son los únicos. También existen otras cinco propiedades a nombre de la mercantil Alcander. Tres fueron adquiridos en 2011 y dos en 2013. Un local en Las Palmas de Gran Canaria por 2,8 millones de euros. Un local en Marbella por un millón de euros. Otro local en Madrid por 2,9 millones de euros. Un inmueble en el barrio madrileño de Salamanca por dos millones. Y otro inmueble en Barcelona por importe de 2,4 millones. En total, la Fiscalía cifra las inversiones inmobiliarias de la consultora en 14 millones de euros entre los dos investigados.
El dinero con el que se adquirieron dichas propiedades provenía de Venezuela. La fiscal Ana Cuenca hace referencia a los 4,3 millones de euros facturados a PDVSA entre 2010 y 2011 a través de la sociedad española Marpra y a los 998.900 euros percibidos por la mercantil Ahedo Asesores por servicios a la petrolera. En ambas empresas llegó a constar como administrador único el investigado Carlos Prada.
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