
Algunas de las zonas de esta Reserva de la Bioesfera de la Unesco corren el riesgo de inundarse cada vez que un temporal azota el noreste de España. De hecho, algunos de los habitantes del Delta del Ebro acostumbran a correr hacia sus campos de arroz o de sus restaurantes situados en la costa para comprobar si el mar no los ha engullido cuando se produce una gran tormenta.
Este el es el caso de Marcela y María Cinta Otamendi, propietarias de un cultivo de arroz y de un bar muy cerca de una zona donde el nivel de mar no para de subir. “No sabemos si pasaremos este invierno”, afirma a Reuters Marcela, de 56 años, que quiere que el Gobierno conserve la tierra y se opone a un plan de compra en su lugar, prometiendo luchar en los tribunales.
“Es nuestro negocio, pero también nuestro patrimonio”, añade su hermana María Cinta, de 58 años, que gestiona el restaurante Vascos. Ante esta situación, el Gobierno planea comprar hasta 832 hectáreas de terrenos privados en el Delta del Ebro. De hacerse realidad, esta transacción se convertiría en la mayor operación de compra de tierras relacionada con el clima en Europa hasta la fecha, y que incluiría las aproximadamente 40 hectáreas de la familia Otamendi.
En este sentido, según el plan de conservación preliminar, que se espera que esté finalizado antes de diciembre, dicha compra extendería la zona de amortiguamiento de propiedad pública, 560 metros tierra adentro, hasta la playa donde la naturaleza sigue su curso.
El Ministerio de Medio Ambiente explica a Reuters que había recibido 252 comentarios públicos sobre su plan y que tendría en cuenta el mayor número posible de ellos. Podría aprobarse por decreto, evitando el debate parlamentario.
El plan ha suscitado una fuerte oposición por parte de autoridades y agricultores del Delta del Ebro donde viven 62.000 personas y los lucrativos campos de arroz representan el 65% de la superficie, lo que ilustra cómo los Gobiernos están empezando a enfrentarse a decisiones difíciles al tratar de adaptarse a los crecientes riesgos medioambientales.
La asociación Taula de Consens, que representa a los municipios y empresas locales, afirma que la propuesta equivale a una capitulación. Está recogiendo firmas para que el Defensor del Pueblo Europeo investigue lo que califica de inacción por parte de las autoridades.
La Taula quiere que se traigan seis millones de metros cúbicos de arena para garantizar la supervivencia de las playas durante 50 años, con un coste de unos 30 millones de euros (35 millones de dólares), dijo su director técnico, Rafa Sánchez, que elogió el uso de arena por parte de Holanda para evitar la subida del mar.
El Gobierno no se ha puesto en contacto con los residentes para informarles sobre las compras previstas, que también afectarían a 97 viviendas de lujo situadas junto a la playa, según la junta vecinal local.
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