¿Comprarías el ‘derecho de uso’ de un piso? En Cataluña y Extremadura ya es posible

Lo curioso es que (al menos en Catalunya) ya se aplicaba "el derecho de uso" en el siglo XIX. / Al intentar vender una propiedad rústica en el pirineo, descubrí que durante 150 años (y en un total de 11 transacciones) lo que realmente se había vendido era el derecho de uso y no la propiedad. Me encontré con el problema cuando un nuevo comprador pidió una hipoteca y el banco le negó el crèdito. / Ignoro porque dejó de usarse este tipo de arrendamiento. Vender "la propiedad" o "el derecho de uso" de un bien es lo mismo porque la propiedad de un bien consiste exclusivamente en el derecho de uso de ese bien. De lo que trata este engañoso artículo es de otra cosa. En este modelo la cooperativa simplemente vende al cooperativista la vivienda, como ocurre en cualquier otra cooperativa. Decir que lo que se vende es "el derecho al uso" en lugar de decir simplemente que lo que se vende es la vivienda es solo una forma de disfrazar la realidad. Se trata de una venta corriente, como en las demás cooperativas, solo que esta venta incluye un pacto de recompra o una opción de compra a favor de la cooperativa. En el futuro, el cooperativista no podrá vender libremente la vivienda que ha comprado a cualquiera y a un precio que el decida sino que si la vende, debe venderla a la cooperativa a un precio pactado desde el principio. Esto, desde luego, no hace que ese cooperativista pueda vivir en esa vivienda a un coste menor que un alquiler y si quienes plantean esta modalidad lo afirman es que de un modo u otro mienten. Simplemente, no es posible proporcionar el acceso a la vivienda a un precio menor que el de los alquileres del mismo modo que no es posible fabricar coches, ordenadores o bolígrafos a precios menores que los de mercado. Lo que si es posible es hacer que "otros" paguen parte de los costos pero esto no reduce el costo de uso de esa vivienda, simplemente transfiere parte de ese costo a otros (el resto de los ciudadanos)

La idea falsa de que esta modalidad permite acceder a una vivienda a costos menores que un alquiler puede provenir de una trampa encerrada en dos sitios diferentes.

Una posibilidad es simplemente que el costo haya sido mal calculado. Un ejemplo de cálculo ingenuo (y erróneo) del costo podría ser el siguiente:

El cooperativista entrega 200.000 euros cuando toma posesión de su derecho de uso de esa vivienda. Vive en esa vivienda durante 15 años y después, cuando se va a vivir a otra ciudad, entrega a la cooperativa la vivienda y recupera sus 200.000 euros. El costo de haber vivido en esa vivienda podría parecer cero pero no lo es porque los 200.000 euros que recupera tienen un valor menor que los 200.000 euros que entregó 15 años atrás.

Si la inflación monetaria (la evaporación de valor de la moneda) es de un 5% anual (una estimación muy optimista) durante esos 15 años este cooperativista habrá perdido la mitad del valor del dinero que entregó. como anualmente pierde el 5% del valor del dinero que tiene enterrado en la cooperativa, vivir en esa vivienda le costará el 5% de 200.000 euros por año que son 835 euros de renta al mes.

Otra posibilidad, más probable, es que estas cooperativas gocen de un "privilegio político especial". Si, por ejemplo, un fondo inmobiliario pretende comprar unos terrenos y edificar viviendas que luego pondrán en alquiler, el poder político local cargará pongamos unos 100.000 euros por vivienda como derecho de recalificación. Esto es, el comprador final o el inquilino final de esas viviendas tendrán que cargar con el costo de 100.000 euros que el ayuntamiento ha expoliado por permitir edificar esa vivienda que compra o alquila.

Si el poder político, local o autonómico, decide no aplicar ese derecho de pernada en el caso de estas cooperativas y les permite edificar sus viviendas sin tener que pagar a la administración la brutal mordida habitual, las viviendas resultarían 100.000 euros más baratas y podrían venderse, alquilarse o cederse el derecho a su uso por 100.000 euros menos.

Sin embargo ese abaratamiento nada tiene que ver con el pacto de recompra que se esconde en la "cesión del derecho al uso" sino que se debe exclusivamente a que el poder político ha decidido conceder como privilegio la exención del expolio que si aplica en el resto de edificios de viviendas.