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El Instituto gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) gestionará los inmuebles durante un periodo de cuatro años y elegirá a los inquilinos. El precio del alquiler se situará un 30% por debajo de los ingresos de la unidad familiar.

En un comunicado, la sociedad asegura que cederá al menos 50 viviendas para que se destinen a alquileres económicos.

Además, señala que “Sareb percibirá de la Administración regional una retribución mensual que servirá para hacer frente a gastos como el seguro de daños y responsabilidad civil, los gastos de comunidad, y los impuestos municipales. La compañía se compromete también a realizar los trabajos necesarios para asegurar las condiciones de habitabilidad de la vivienda”.

La Xunta, por su parte, “se responsabilizará del certificado de eficiencia energética, si no lo tuviera, de los gastos de mantenimiento ordinario de la vivienda  o de las reparaciones ordinarias y asistencia técnica al arrendatario, entre otras”.

Por último, el Instituto gallego de vivienda será el encargado de seleccionar a los inquilinos y de firmar con ellos los pertinentes contratos de arrendamiento.

Se trata del tercer acuerdo de estas características que Sareb cierra con las comunidades autónomas, después de los casos de Cataluña y Aragón, y la previsión es que puedan replicarse en otras regiones españolas.

En este sentido, Sareb recuerda que ha ofrecido “2.000 viviendas a las comunidades autónomas para que puedan destinarlas a sus propios programas sociales. De momento, la compañía ha movilizado más de 700 pisos en los acuerdos firmados con Cataluña, Aragón y Galicia y mantiene contactos con otros gobiernos regionales para poder cerrar nuevos acuerdos en los próximos meses”.

 

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