La falta de flexibilidad administrativa condena a la VPO

La vivienda de protección oficial (VPO) sufre el desgaste de la crisis. A falta de datos exactos que pueda aportar el Ministerio de Fomento, 13.500 viviendas en régimen de VPO se encuentran vacías, según la oficina de la Defensora del Pueblo. Un dato que contrasta con los 330.000 demandantes de este tipo de inmuebles registrados en las listas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Sin embargo, la mayoría de estos inscritos renuncia a la compra por falta de solvencia, por lo que las viviendas quedan vacías mientras la administración correspondiente resuelve qué hacer con ellas.

Mientras las viviendas caen en el limbo administrativo y burocrático, pueden pasar años antes de encontrar una solución. Las plataformas antidesahucios piden que este tipo de inmuebles se destinen a alquileres sociales o a otras opciones de alquiler con opción a compra ante el escaso acceso a la compra directa que se está viendo actualmente.

¿A qué es debido que muchos inscritos no puedas acceder a una VPO? En muchas provincias, el precio del metro cuadrado de la VPO es más caro que el precio de la vivienda de segunda mano en el mercado libre. “Ha habido una falta de flexibilidad de muchas administraciones. Nada les impedía que rebajaran los precios”, explica Julio Rodríguez, economista y vocal del Consejo Superior de Estadística.

Las administraciones están empezando a abrir de forma lenta las VPO al mercado de alquiler social, como solución al problema de hogares en riesgo de exclusión social o familias desahuciados. Además, los organismos públicos ven como estas viviendas vacías les están suponiendo un coste adicional para mantenerlas, teniendo que hacerse cargo de la seguridad o realizando obras de reforma.