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Los fiscales deberán solicitar el desalojo cautelar de los okupas, pero valorarán su vulnerabilidad

Wikimedia commons
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Autor: Redacción

La Fiscalía General del Estado ha publicado una orden de actuación que permitirá a los fiscales contar con más herramientas para combatir la ocupación ilegal de activos inmobiliarios. A partir de ahora, los fiscales deberán solicitar medidas cautelares en los casos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles cuando existan indicios sólidos de delito. Esta actuación evitará que el desalojo se demore mientras se resuelve judicialmente, según informa El Economista.

Además, el Ministerio Fiscal exige que estas actuaciones de desalojo sean debidamente justificadas y valorar las situaciones especiales como la vulnerabilidad de los okupas del inmueble. De todos modos, antes de aplicar esta actuación los fiscales deben de solicitar a la autoridad que haya presentado la denuncia una copia del atestado del caso para después citar a los denunciados para que demuestren habitar la casa de forma legítima. De no poder acreditar esta situación será cuando el juez pueda solicitar el desalojo inmediato.

La ordene emitida también insta a los fiscales a presentar un recurso cuando la autoridad judicial desestime la petición de medidas cautelares. Con respecto a la vulnerabilidad de los denunciados, la Fiscalía especifica que habrá que prestar máxima atención a personas con alguna discapacidad, en claro desamparo y a menores. En este tipo de casos los fiscales deberán de poner en conocimiento de Servicios sociales la situación de estas personas para que las protejan y les faciliten soluciones residenciales antes de ser desalojadas.

En la instrucción, la Fiscalía reconoce que la ocupación ilegal ha generado preocupación social y una sensación de inseguridad ciudadana. En este sentido, explica que no sólo es un problema para los titulares de los inmuebles, sino también para el entorno social que rodea al activo por generar posibles conflictos de convivencia.