Baleares quiere restringir la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. Con ese objetivo, el Gobierno regional anunció a principios de año la puesta en marcha de una comisión para estudiar la posibilidad de prohibir la compra de vivienda a ciudadanos, extranjeros o no, que lleven menos de cinco años viviendo en territorio balear ante la escalada del precio de la vivienda.
La iniciativa que valora el Ejecutivo de las islas, formado por un tripartito entre PSOE, Podemos y Més, y liderado por la socialista Francina Armengol, se inspira en la decisión de Canadá de prohibir temporalmente (2023 y 2024) la venta de viviendas a extranjeros no residentes, tras haber regustrado una espectacular subida de los precios de la vivienda del 44% en menos de 24 meses. Algunos sectores han criticado la medida poniendo de manifiesto que menos del 1% de las viviendas vendidas en el país fueron adquiridas por este tipo de compradores.
En la Unión Europea hay otros países como Dinamarca y Malta que exigen residir un mínimo de años en el país, sean residentes o no, para poder adquirir una vivienda. Fuera de la UE, en Australia y Nueva Zelanda también se han impuesto restricciones a la compra de casas por parte de extranjeros no residentes.
Sin embargo, la propuesta de Baleares es contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE), tal y como explica el despacho de abogados Uría Menéndez en un informe que ha solicitado por la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA).
El estudio analiza la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de una hipotética Ley que prohibiese o restringiese la compra de viviendas en las Islas Baleares por parte de personas físicas o jurídicas no residentes en las Islas o por personas con un periodo de residencia en las Islas inferior a 5 años. Y las conclusiones son claras.
Por un lado, el bufete asegura que "una medida normativa que prohibiera o limitara la adquisición en las Islas Baleares de viviendas a personas no residentes restringiría las dos libertades fundamentales del Tratado, como la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales". Por tanto, añade, "sería directamente contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como a la Carta de los Derechos Fundamentales. Además, el acta de adhesión de España a la UE no contiene excepción alguna a la aplicación de estos derechos, por lo que las restricciones no quedarían amparadas por ella".
En segundo lugar, el análisis de Uría Menéndez recalca que la medida propuesta por el Gobierno balear "sería considerada como discriminatoria de forma indirecta al beneficiar a los ciudadanos españoles y perjudicar a los de otros Estados miembros de la UE. Este hecho, por sí solo, sería suficiente para que la medida vulnerara el Derecho de la UE".
Y sus argumentos van un paso más allá. El despacho recalca que incluso aunque "pudiera considerarse que la media no es indirectamente discriminatoria, resultaría contraria al Tratado por no resultar ni apta ni indispensable para la obtención de posibles objetivos de interés general, como son la asequibilidad de la vivienda, la lucha contra la especulación inmobiliaria o el fomento de actividades económicas distintas del turismo en las Islas Baleares".
Para reforzar su postura, Uría Menéndez recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las restricciones a la compraventa de inmuebles impuestas por los Estados miembros y en todas ellas el fallo ha mirado en la misma dirección: suponen restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.
Entre las sentencias que han creado jurisprudencia destacan, por ejemplo, las de los casos Konle, Reisch, Salzmann, Burtscher, Festersen y Segro, "relativos a diversas regiones europeas que han tratado de imponer limitaciones a las compraventas de inmuebles en el pasado". Y en todas ellas las medidas fueron rechazadas por el Tribunal, al considerar que eran "discriminatorias y desproporcionadas, y no eran la vía indispensable para cumplir con el interés general marcado por el país".
Líder en compras de extranjeros y con precios altos
Según los datos de los Registradores de la Propiedad, en el cuarto trimestre de 2022 fue la autonomía donde los extranjeros tuvieron más peso en la compra de viviendas, al representar un 36,15% de las transacciones (es decir, entre octubre y diciembre los foráneos protagonizaron 36 de cada 100 operaciones de compraventa de viviendas en la región). Las siguientes comunidades más destacadas fueron Comunidad Valenciana (28,47%), Canarias (27,25%) y Murcia (21,87%), mientras que el promedio nacional se situó en el 14,7%.
En lo que se refiere al precio de la vivienda, los datos de idealista sitúan a Baleares como la comunidad con el precio por m2 más alto de España en el mercado de segunda mano. En el primer mes del año, el precio se situó en 3.647 euros/m2, tras aumentar un 8,8% interanual, marcando distancias con la Comunidad de Madrid (3.126 euros/m2), País Vasco (2.787 euros/m2) y Cataluña (2.336 euros/m2).
En cuanto al valor de tasación de las viviendas en el mercado libre, la Asociación Hipotecaria Española (AHE) sitúa el precio del m2 en Baleares en 2.697 euros/m2 en el cuarto trimestre de 2022, tras subir casi un 6% interanual. Es el segundo valor más alto del país, solo superado por los 2.888 euros/m2 registrados en Madrid.
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