Sareb adjudica el contrato para recuperar inmuebles por 16 millones, incluyendo los okupados

Sareb ha adjudicado a M&P Ledsma y Asociados, Factoría, Gestión y Consultoría, y a Wallner Europe el contrato para verificar el estado de ocupación de los activos y la posible situación de vulnerabilidad de sus ocupantes, así como para el proceso de recuperación de la posesión de los activos cuya propiedad se reconozca a la entidad, incluyendo los ocupados ilegalmente, por 16,4 millones de euros, según la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de ejecución del contrato es de dos años con posibilidad de prórroga por otro año más.

Según se detalla en los pliegos, las adjudicatarias deben presentar un servicio de visitas físicas a los inmuebles para lograr la verificación del estado ocupacional, así como de recuperación de la posesión en los activos, financieros e inmobiliarios de toda tipología.

Así, deberán verificar los que ya estén en proceso de transformación (recuperación del activo financiero a través de un procedimiento judicial, principalmente, de ejecución hipotecaria, de ejecución dineraria o un procedimiento ordinario), cuando se vaya a tomar posesión física del activo por primera vez, no se disponga de la posesión física de los activos, o simplemente que la Sareb desee determinar el estado ocupacional o de vulnerabilidad de los ocupantes.

Además, los adjudicatarios deben prestar servicios jurídicos en procedimientos civiles, ordinarios o penales sobre activos inmobiliarios de Sareb ocupados por terceros que no dispongan de título habilitante o que este haya expirado o se encuentre en situación de impagado.

Las empresas deberán emitir un informe sobre la ubicación y percepción visual del estado del inmueble y de la estimación de los criterios de habitabilidad y seguridad de este, así como sobre los habitantes detectados y valorar si estos presentan indicios de vulnerabilidad mediante la recopilación de datos y documentación, siempre que sea posible.

Según el último Informe Anual 2022, de la 14.000 unidades, la entidad ya ha firmado casi 2.900 nuevos alquileres sociales, con un precio medio de 150 euros/mes. Y otras 4.105 se encuentran en fase de estudio para optar a estos arrendamientos. Casi 1.900 viviendas corresponden a convenios con Administraciones para familias de bajos ingresos, mientras que 2.349 viviendas se encuentran okupadas de forma ilegal por personas que la entidad considera que no son vulnerables, y que va a comenzar el proceso de desahucio y desalojo del inmueble. Del resto de viviendas, casi 3.600 unidades, pagan precios de mercado.

Con la contratación de este servicio, Sareb explica que ha buscado contar con unos recursos humanos correctamente dimensionados a la función y volúmenes que, además, posean un conocimiento "altamente especializado" en la recuperación de la posesión mediante la gestión amistosa y la gestión de las situaciones ocupacionales, "acreditando capacidad en identificar de forma correcta la posible vulnerabilidad de los habitantes de los inmueble", y una "alta experiencia y sensibilidad" en el componente social de la actividad y reduciendo los tiempos globales de gestión.

En este sentido, fuentes de Sareb explican que actualmente para su cartera 'okupada' tienen un nuevo procedimiento para identificar si los ocupantes entran dentro de la situación de vulnerabilidad o no. En caso de que se acredite esta situación, los ocupantes entrarían en un servicio de gestión social, mientras en el caso de no ser, Sareb intenta recupera la vivienda amistosamente o por procedimiento judicial.

Las mismas fuentes explican que en esta cartera hay una variedad de situaciones, incluyendo familias genuinamente vulnerables, a las que se les ofrece un programa de acompañamiento social y programa de inserción laboral y que supone la paralización del procedimiento judicial, así como 'negocios' que asaltan inmuebles u 'okupaciones antisistema'.

Adjudicado también el servicio para ejecuciones hipotecarias

Por otro lado, Sareb ha adjudicado a M&P Ledesma y Asociados el contrato para prestar ejecuciones hipotecarias que había licitado por 4,8 millones de euros.

El objetivo de este contrato es el control y seguimiento de los procedimientos recuperatorios de préstamos de promotoras inmobiliarias, ya sean instados por Sareb o por terceros vinculados a este tipo de procedimientos, es decir, las entidades con las que la sociedad comparte la deuda. También se encargará de la fase previa de la preparación documental para la judicialización de expedientes.