
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria camina lentamente en la gestión de las 50.000 viviendas que el Gobierno movilizó para destinarlas al alquiler asequible. De las 14.000 ya habitadas, muchas de ellas con inquilinos que no pagan, la Sareb reconoce 2.349 okupaciones ilegales de personas no vulnerables. Mientras tanto, de las casi 21.000 unidades que se pretenden vender a las administraciones públicas, solo 9.000 estarían disponibles para alquilar en estos momentos, y apenas han recibido interés por cerrar 1.000 operaciones.
Las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo han supuesto el cambio de gobierno en muchas administraciones locales y regionales y están retrasando los trámites para seguir con las ventas de este importante paquete de viviendas.
Recordemos que, de las cerca de 21.000 unidades, exactamente 20.768, el mayor número se encuentra entre la Comunidad Valenciana (23,8%), Cataluña (17%) y Castilla y León (11%), con 4.950, 3.539 y 2.288 unidades respectivamente. Les siguen Castilla y León (11%), Murcia (10,1%), Andalucía (9,8%) y Castilla-La Mancha (7,4%), con cifras entre las 1.500 y las 2.100 viviendas. Madrid (455) se queda en un exiguo 2,2%.
Por provincias, Valencia (2.266) y Murcia (2.093) son las que cuentan con más viviendas, y junto a Castellón, Tarragona, Toledo, Alicante y A Coruña acaparan el 50% del total. En los grandes mercados, la situación es dispar en Barcelona (858), Madrid (455), Málaga (167) o Baleares (120).
Como ya afirmó la vicepresidenta Calviño, solo 9.000 estarían disponibles para alquilar en estos momentos. Cerca de otras 12.000 viviendas necesitan algún tipo de adecuación que en muchos casos “ya se está acometiendo para que estén listas para ser habitadas en un plazo de entre seis y 12 meses”, confirman desde Sareb. “Hay viviendas en las que solo falta cerrar algún trámite para que se puedan habitar, como el certificado energético, y hay otras en las que se debe acometer alguna reforma”, agregan.
Antes de las elecciones, Sareb cerró acuerdos con tres comunidades autónomas para traspasarles viviendas. En concreto, entre el 21 de febrero y el pasado 27 de marzo vendió un total de 585 viviendas a la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, por un importe cercano a los 54,4 millones de euros. Desde entonces, apenas han recibido interés por cerrar la compra de 1.000 viviendas por parte de ayuntamientos y gobiernos autonómicos.
Regularización de las 14.000 viviendas habitadas: casi 2.900 alquileres sociales y 2.400 okupaciones
Otra de las tres patas de esta movilización de viviendas de Sareb, además de la movilización de 21.000 viviendas ya construidas y la promoción para la construcción de otras 15.000 en suelos públicos en los próximos años mediante convenios público-privados de las Administraciones Públicas, es la regularización de los contratos en la mayoría de las 14.000 viviendas de alquiler asequible ya arrendadas por la Sareb.
Según adelanta Cinco Días, la entidad ya ha firmado casi 2.900 nuevos alquileres sociales, con un precio medio de 150 euros/mes. Y otras 4.105 se encuentran en fase de estudio para optar a estos arrendamientos. Casi 1.900 viviendas corresponden a convenios con Administraciones para familias de bajos ingresos, mientras que 2.349 viviendas se encuentran okupadas de forma ilegal por personas que la entidad considera que no son vulnerables, y que va a comenzar el proceso de desahucio y desalojo del inmueble. Del resto de viviendas, casi 3.600 unidades, pagan precios de mercado.
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