“La nueva Ley de Vivienda es un bodrio y una argucia legislativa que sólo responde a intereses partidistas”
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Gerard Duelo, presidente del Consejo General de todos los COAPI de España
Gerard Duelo, presidente del Consejo General de todos los COAPI de España idealista/news

Hecho a sí mismo, tras trabajar 25 años como alto directivo (CEO) en importantes empresas internacionales (Pioneer, Pyrenees, Booker Plc), a los 50 años, Gerard Duelo fundó sus propias empresas de intermediación inmobiliaria y de asesoramiento en compraventa de empresas (GRUPO GD&A).

En la actualidad, preside tanto el Consejo General de todos los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España como la Confederación Nacional de Agentes y Empresas Inmobiliarias (CNAEI), lo que le sitúa como el principal interlocutor representante del sector inmobiliario ante el Ministerio de Vivienda.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España es una corporación de Derecho público que representa y defiende los intereses de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados y de los COAPI en los que se hallan inscritos, ante la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, otros poderes u órganos del Estado y las instituciones internacionales. Representa a 46 colegios de toda España y a unos 10.000 agentes.

Asimismo, Duelo acaba de ser nombrado nuevo embajador de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en España, una de las organizaciones más relevantes en el ámbito internacional de los sectores económico, empresarial y de negocios inmobiliarios, con más de 134.000 profesionales y oficinas en todos los mercados financieros de relevancia.

Recientemente ha dirigido una carta al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, en la que le reivindicaban varios asuntos en materia inmobiliaria, como que la inversión en vivienda debería ser de 8.000 millones de euros anuales, no de 1.000… ¿qué respuesta obtuvieron?

Pues la verdad es que ninguna… Parece que había y hay otros problemas mayores que el de la vivienda en nuestro país, pero al menos despertó interés y nos sirvió para dar a conocer nuestra postura.

Necesitamos presupuestos estatales que respalden los Planes de Vivienda y las leyes que se promulgan. Sin incluir los fondos europeos ‘Next Generation’, el esfuerzo presupuestario anual es de tan solo 1.000 millones de euros. En la línea de los países de nuestro entorno, la inversión del Estado debería ser de un 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones.

¿Cuáles son a su juicio los principales problemas que afectan al sector inmobiliario en nuestro país?

Pues en primer lugar: la falta de viviendas sociales. Disponer tan solo del 1,5% de vivienda de protección oficial, cuando la media europea (UE-28) es del 9,3%, es lamentable. Países como Holanda, con gobiernos conservadores, superan el 30% en vivienda de promoción pública. De media, 13 comunidades autónomas españolas, año tras año, no han impulsado ni construido ni una sola vivienda de protección oficial (VPO) destinada al alquiler en la última década.

Gerard Duelo, presidente del Consejo General de todos los COAPI de España
Gerard Duelo, presidente del Consejo General de todos los COAPI de España idealista/news

¿Y cómo se podría solucionar esto?

Para resolver el grave problema de la vivienda en España se requiere un gran pacto de Estado. Se deben poner en marcha tanto políticas de promoción de vivienda asequible y social como de transformación y activación del suelo público, cuestiones que la nueva Ley de Vivienda ni incentiva ni aborda suficientemente. Sin este pacto de Estado no habrá sólidas alianzas público-privadas, indispensables para construir esos mínimos necesarios para evitar que las generaciones venideras se vean abocadas a retrasar aún más su emancipación o, incluso, se vean en situaciones de extrema precariedad.

¿Entonces no tiene buena opinión de la nueva Ley de Vivienda?

La nueva Ley de Vivienda es un bodrio y no hay por dónde cogerla. Ha sido una argucia legislativa que, como ocurrió con la Ley de Educación (LOE), corre todo el peligro de convertirse en un juego político entre partidos que puede mutar de legislatura en legislatura.

La nueva norma tiene muchos efectos negativos para la ciudadanía y su acceso al mercado inmobiliario en cuestiones como la limitación del precio del alquiler, los cambios en la definición de gran tenedor, la desregulación de la profesión inmobiliaria, la inseguridad e inestabilidad jurídica que vive el sector, la falta de herramientas jurídicas para solucionar el problema de la ocupación ilegal de viviendas y el retraso español en el objetivo europeo de eficiencia energética para el año 2033.

Lamentablemente, la vivienda se ha convertido en un juguete legislativo

¿La limitación del precio del alquiler no funciona?

Ya se ha demostrado en otros países que no… Lo único que se consigue con ello es alimentar una economía sumergida, acuerdos poco transparentes.

¿Es más grave el problema de oferta de viviendas que tenemos en España?

Por supuesto y más que lo habrá en los próximos años. España va a crecer en cuatro millones de habitantes y se van a necesitar 2.400.000 viviendas más y no las va a haber ni de lejos.

Las políticas en materia de vivienda deben planificarse a 15 o 20 años, y no basarse en medidas cortoplacistas, generalmente limitadas a los intereses más inmediatos de quien gobierna. Vamos tarde en todo.

¿Y por qué, aunque se haya ralentizado el ritmo de crecimiento y parece que las operaciones de compraventa se han frenado desde el verano, siguen subiendo los precios?

Porque no hay obra nueva ni vivienda social. El parque del país no da para más y, como decía, nuestra población va a seguir creciendo hasta superar cuatro millones de habitantes más. Mientras siga la escasez de oferta, los precios seguirán subiendo o al alza.

¿Y qué otros asuntos le preocupan en materia inmobiliaria?

La profesionalización de los APIs, que esto da para un debate aparte, y el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Si fuera ministro de Vivienda, ¿qué medidas concretas tomaría?

Pues repondría seguro líneas de financiación obligatorias para las promotoras y las constructoras, fueran del tamaño que fueran, es decir, líneas de crédito a la promoción inmobiliaria. Y si hubiera un verdadero pacto de Estado en materia de vivienda, esto podría existir de nuevo. Pero, lamentablemente, la vivienda se ha convertido en un juguete legislativo.

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