En un ambicioso plan para abordar la crisis de vivienda en España, el Gobierno destinará 1.000 millones de euros a la construcción de más de la mitad de las 20.000 viviendas de alquiler social planificadas, a través de los fondos Next Generation. La iniciativa busca aumentar significativamente el parque de viviendas sociales, en un país que actualmente cuenta con uno de los ratios más bajos en Europa.
Según publica El Economista, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ya se han cerrado acuerdos con diversas administraciones regionales y municipales para asignar los fondos y seleccionar los terrenos donde se edificarán los pisos. Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana acaparan el 58,3% de las ayudas, con una inversión total de 583 millones de euros destinados a la construcción de 11.673 viviendas en los próximos dos años y medio.
España, con solo el 2,5% de su parque residencial destinado a vivienda social, busca cambiar esta situación con programas como el anunciado. En comparación con la media de la Unión Europea, que está en el 9,3%, y el notable 30% del Reino Unido, el país ibérico tiene un margen considerable para mejorar.
La colaboración público-privada será fundamental en este proceso, que incluye la construcción de 183.000 viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler. Estos planes abarcan diversas fuentes, como los 50.000 pisos de Sareb, 20.000 viviendas en suelos del Ministerio de Defensa, cerca de 16.000 pisos en suelos de Sepes, y 43.000 viviendas con financiación del ICO, entre otros.
Los promotores que deseen participar en este programa podrán recibir una ayuda proporcional a la superficie útil de cada vivienda, con un límite de 700 euros por metro cuadrado. La subvención máxima por vivienda no superará los 50.000 euros ni el coste total de las actuaciones subvencionables. Estas ayudas se otorgan tanto para nuevos proyectos en suelos públicos como para la rehabilitación de edificios no destinados actualmente al uso residencial.
Además, todas las viviendas resultantes, ya sea construidas por administraciones públicas o promotores privados en modalidad de cesión en uso, deberán destinarse al alquiler durante un período mínimo de 50 años.
El programa, que forma parte de una partida de 6.820 millones de euros destinada a la rehabilitación y regeneración urbana dentro de los fondos Next Generation, promoverá la construcción de edificios energéticamente eficientes. Los requisitos incluyen un consumo de energía primaria no renovable al menos un 20% inferior al exigido para los edificios de consumo de energía casi nulo en la normativa española.
Las nuevas viviendas, financiadas con fondos europeos, tendrán limitaciones en el precio del alquiler y solo podrán ser alquiladas como domicilio habitual y permanente, priorizando siempre criterios sociales. Para optar a un alquiler social en el marco de este programa, los beneficiarios deberán cumplir con criterios de carácter social, como nivel de ingresos, edad y composición de la unidad familiar, entre otros, según informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
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