La falta de medidas efectivas contra la okupación y la morosidad en alquileres e hipotecas desincentiva la inversión en el sector inmobiliario, y reduce la oferta de vivienda en alquiler. Las tasas de usurpación de vivienda son muchísimo más elevadas en Cataluña que en el resto de España, en base al estudio ‘El problema de la vivienda en España: análisis y propuestas’, elaborado por CEU - CEFAS | Centro de Estudios, Formación y Análisis Social.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha producido un aumento superior al 5% de las demandas en okupaciones presentadas en los juzgados. En los tres primeros meses del año, Cataluña ha acumulado el mayor número de demandas, con un total de 122, lo que representa el 20,60% del total nacional. Barcelona encabeza la clasificación a nivel provincial, con 85 casos contabilizados.
Las múltiples razones que hacen que Cataluña lidere las okupaciones en el país
La abogada Sandra Aurrecoechea, del bufete Marín y Mateo, señala que, a pesar de los recientes cambios legislativos, como la Ley 1/2025 o la Ley de Vivienda, el fenómeno no solo no ha remitido, sino que sigue agravándose en territorios como Barcelona, donde la presión residencial y la inseguridad jurídica se combinan en una “tormenta perfecta”.
Para la abogada, hay diversas razones. Una, la presión inmobiliaria constante, “Barcelona sufre una escasez estructural de vivienda asequible. La tensión de los precios y la falta de oferta para alquiler social empujan a algunos sectores a la ocupación como vía de subsistencia, legal o no”.
Mientras que La Ley 1/2025 es una reforma sin impacto real. “La norma pretendía acelerar los juicios posesorios y permitir desalojos más rápidos. Sin embargo, en la práctica, los plazos judiciales siguen siendo excesivos, y los juzgados no disponen de medios suficientes para cumplir los nuevos requisitos. La lentitud continúa siendo uno de los principales incentivos para quienes ocupan ilegalmente”.
A su vez, comenta que la Ley 12/2023 (Ley de Vivienda) ha introducido elementos de protección frente a desahucios, especialmente en zonas tensionadas. Aunque su enfoque social es comprensible, la falta de claridad y coordinación institucional en su aplicación ha provocado más inseguridad jurídica, particularmente para propietarios particulares y pequeños tenedores, según Aurrecoechea.
También encontramos nuevos colectivos vulnerables a los tradicionales, “se ha consolidado un perfil de ocupante con ingresos medios, que prolonga su permanencia tras finalizar contratos de arrendamiento o accede a inmuebles vacíos mediante ocupación organizada”. Y no hay una respuesta política clara frente a estas medidas. “La okupación ilegal se ha convertido en un tema polarizado políticamente. Mientras unos reclaman protección social, otros exigen garantías efectivas para los propietarios. En este contexto, las medidas adoptadas hasta ahora no han sido ni suficientemente rápidas ni suficientemente claras”, señala.
Cataluña sigue encabezando las estadísticas de ocupación ilegal en España por motivos estructurales, jurídicos y políticos.
Para Ramón Riera, presidente mundial saliente de FIABC, el problema se debe a factores estructurales, sociales y legislativos. “Debemos entender que Cataluña ha sido históricamente una de las comunidades con mayor densidad urbana y mayor presión sobre la vivienda, especialmente en zonas como Barcelona y su área metropolitana. Esto genera un contexto en el que la tensión entre la oferta y la demanda se traduce en mayor conflictividad”, responde.
Además, hay que tener en cuenta el elevado volumen de viviendas vacías—en parte consecuencia de herencias, procesos judiciales o activos en manos de grandes tenedores— que son especialmente susceptibles a la okupación ilegal.
Por otro lado, la percepción de impunidad y la lentitud de los procedimientos judiciales en Cataluña ha sido, durante años, un factor desincentivador para pequeños propietarios. Según el experto, no es raro que muchos se sientan indefensos ante una legislación garantista que, si bien busca proteger a colectivos vulnerables, muchas veces acaba penalizando al propietario legítimo.
Y, por supuesto, no podemos olvidar el efecto llamada que genera el hecho de que Cataluña acumule tradicionalmente un alto número de casos: “las redes organizadas de okupación conocen bien el terreno donde actúan y aprovechan esa experiencia para replicar sus métodos”.
Soluciones al problema de la ocupación en Cataluña
Arantxa Goenaga, abogada de AF Legis, cree que la mayoría de las okupaciones se deberían resolver con la intervención policial. “En el momento en que se producen y se avisa a la policía de que se está cometiendo este delito deberían proceder a desalojarlos. Cuando no se hace inmediatamente es cuando el problema se enquista y acabamos con esos procedimientos tan largos y en la mayoría de los casos en la vía civil, pese a ser una cuestión penal”.
Sobre posibles soluciones, Riera cree que es imprescindible agilizar los procedimientos judiciales de desalojo, sobre todo en casos donde se pueda demostrar que no hay vulnerabilidad social. “No es razonable que un propietario tenga que esperar meses —incluso más de un año— para recuperar su vivienda mientras sigue pagando suministros o comunidad”.
De igual forma que la abogada, el experto también opina que es necesario que las fuerzas de seguridad dispongan de un protocolo claro, rápido y eficaz, especialmente en las primeras 48 horas desde la okupación. Muchas veces la policía se encuentra atada de manos por falta de respaldo legal o instrucciones precisas.
Por otro lado, “la Administración tiene que asumir su responsabilidad en la atención a colectivos vulnerables, sin trasladar esa carga al propietario particular. Es decir, debe haber una política de vivienda social real, activa y efectiva, con parque público disponible y mecanismos de emergencia que eviten que una situación de exclusión se resuelva con una okupación ilegal”.
Y por supuesto, es fundamental proteger al pequeño propietario, que suele ser quien más sufre este fenómeno. Para Ramón Riera, hay que dejar de criminalizar al que alquila y ofrecer incentivos para que más personas pongan sus viviendas en el mercado legal, algo que solo será posible si sienten seguridad.
Desde Marín y Mateo, se identifican algunas líneas de actuación necesarias y urgentes para frenar el avance de la okupación, especialmente en Barcelona, donde la presión residencial y judicial es más crítica:
La experta habla de un refuerzo real de los juzgados. “La Ley 1/2025 estableció plazos ambiciosos para resolver juicios posesorios, pero sin dotar de medios materiales y humanos a los juzgados. Es imprescindible aumentar los recursos judiciales para que las medidas sean efectivas”. A su vez, expone que más allá de reducir plazos, se requiere una reforma que permita a los propietarios obtener resoluciones y desalojos efectivos en cuestión de días, no meses, especialmente cuando el ocupante no acredita situación de vulnerabilidad.
“También debemos diferenciar jurídicamente entre perfiles de ocupación. No es lo mismo la ocupación por necesidad que la ocupación lucrativa u organizada. La ley debe establecer procedimientos diferenciados y respuestas más firmes contra quienes se aprovechan de vacíos legales o mercados paralelos de vivienda ocupada”, afirma Sandra Aurrecoechea.
A la vez, la abogada reclama una mejor coordinación entre administraciones y cuerpos policiales. Pues las discrepancias entre juzgados, ayuntamientos, servicios sociales y cuerpos policiales provocan bloqueos. “Es necesario un protocolo unificado que permita actuar de forma inmediata ante ocupaciones flagrantes, sin dilaciones administrativas”.
Debe haber también políticas de vivienda, puesto que ninguna estrategia contra la ocupación será completa si no se refuerza al mismo tiempo la oferta de vivienda asequible, el alquiler social y la rehabilitación del parque inmobiliario. La ocupación florece en contextos de emergencia habitacional no atendida, en opinión de la abogada.
Los expertos apuestan porque la ley debe garantizar la defensa de los propietarios sin que tengan que soportar largos procesos o asumir el coste de la inacción estatal. “El fenómeno de la ocupación en Cataluña —y especialmente en Barcelona— es el reflejo de una crisis compleja, donde confluyen escasez de vivienda, lentitud judicial, inseguridad normativa y conflictos sociales. Mientras no se aborden todas estas dimensiones de forma coordinada y efectiva, los datos seguirán creciendo y la confianza en el sistema se deteriorará”, puntualiza Aurrecoechea.
Reformar las leyes
Arantxa Goenaga de AF Legis expone que la última reforma legislativa ha llevado a que se puedan tramitar como juicio rápido y por tanto como delito, pero aun es demasiado pronto para saber si ha sido efectiva la reforma. “Igualmente, creo que se debe efectuar una reforma profunda para que la intervención policial sea decisiva y se finalice rápidamente el proceso”.
En el despacho de Marín y Mateo responden que es necesario un marco legal integral, claro y operativo, que diferencie tipos de ocupación y actúe con contundencia contra situaciones abusivas. “Una armonización real entre derechos sociales y propiedad privada, sin que uno anule al otro. Además de reformas procesales ejecutables, no solo en el papel, con medios reales y protocolos de intervención rápida”.
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