Un análisis elaborado por Ivàlua, el instituto de evaluación de políticas públicas en el que participa la propia Generalitat, pone en duda la efectividad de la medida estrella del Govern para facilitar el acceso a la vivienda: los préstamos a jóvenes para cubrir la entrada. Según sus conclusiones, lejos de abaratar la compra, esta ayuda puede contribuir a encarecer los precios en un mercado con poca oferta disponible.
La Generalitat lanzó este verano un programa destinado a menores de 35 años para financiar hasta el 20% del valor del inmueble, con un límite de 50.000 euros por operación. El plan, gestionado por el Institut Català de Finances y la Agència de l’Habitatge, tiene previsto movilizar 500 millones de euros durante los próximos cinco años. En idealista/news ya analizamos el pasado julio los ‘pros’ y los ‘contras’ de esta ayuda, puedes leerlo aquí.
La iniciativa fue presentada por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, como un proyecto pionero en el Estado que permitiría a muchos jóvenes dar el salto a la propiedad. Sin embargo, el informe de Ivàlua alerta de que este tipo de fórmulas, al incrementar la capacidad de compra, pueden acabar repercutiendo en los precios finales de la vivienda.
El estudio recuerda el precedente del Reino Unido, donde un programa similar lanzado en 2013 elevó con fuerza los precios en Londres, una zona con escasa disponibilidad de suelo, mientras que en áreas con más margen de crecimiento se tradujo en un aumento de la construcción.
La principal advertencia de los investigadores es que en mercados tensionados, como el de Barcelona y su área metropolitana, las ayudas terminan beneficiando más a los propietarios que venden que a los compradores a los que van dirigidas. De este modo, su impacto real sobre el acceso a la vivienda sería muy limitado.
Aun así, las recomendaciones de Ivàlua no son de obligado cumplimiento. El Govern, ahora en manos del PSC, ha manifestado su intención de tenerlas en cuenta, aunque por el momento mantiene en marcha la línea de préstamos, que sigue siendo una de las medidas más destacadas de su actual política de vivienda.
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