Cómo sacar viviendas al mercado en grandes ciudades: teletrabajo público y descentralización

España tiene un problema de acceso a la vivienda en las grandes ciudades. La elevada presión de la demanda en medio de una oferta limitada se lo pone cada vez más difícil a las familias al encontrarse con precios cada vez más altos o directamente la imposibilidad de poder comprar, por lo que toca buscar piso de alquiler, donde la situación del stock es aún peor.

El sector inmobiliario y los partidos políticos ya han presentado soluciones para ampliar esa oferta como aumentar la construcción de obra nueva, favorecer el cambio de uso de edificios y suelos de oficinas y terciarios para residencial o la movilización de la vivienda vacía existente. Pero más allá del debate sobre el suelo y la edificación, existe un factor estructural menos analizado: la concentración histórica del empleo público en áreas urbanas donde actualmente ya no es imprescindible residir allí para trabajar.

Los avances en la digitalización de la Administración y la experiencia acumulada durante la pandemia han reducido la necesidad de la presencialidad en muchos puestos de trabajo públicos, aumentando la posibilidad de teletrabajar entre uno y tres días, pero sin que todo ello se haya traducido aún en una reorganización territorial del empleo.

Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), España cuenta con aproximadamente 1,67 millones de funcionarios de carrera, entre la Administración General del Estado (AGE), y el sector público de las Comunidades Autónomas y la Administración Local. El resto de los 1,43 trabajadores públicos es personal laboral u otro tipo de personal.

Según datos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, casi la mitad de los funcionarios y empleados laborales de la Administración del Estado (AGE) trabaja a distancia hasta un máximo de tres días por semana. El ministerio ofrece datos desde finales de 2022, y la mayoría es personal de apoyo administrativo, personal de gestión y mandos intermedios. Los directivos apenas teletrabajan. Los ministerios con mayor número de funcionarios y personal laboral a distancia son los de Hacienda y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Aunque no hay un análisis conjunto de la posibilidad del teletrabajo entre los funcionarios y personal laboral de las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, el trabajo a distancia en la Administración es una realidad estructural en muchos cuerpos y funciones, especialmente en tareas administrativas, técnicas y de gestión, muy por encima del sector privado, donde según la Encuesta de Población Activa del INE, el porcentaje de ocupados que teletrabaja se sitúa en el entorno del 15%.

Tampoco existen registros oficiales del lugar de residencia de los funcionarios, pero por destacar un dato, más del 60% de los empleados públicos trabaja en administraciones autonómicas, cuyas sedes principales se concentran en capitales de provincia, muchas de ellas con mercado de la vivienda tensionados. Mientras, los ministerios y la mayoría de grandes organismos se encuentran en Madrid.

De hecho, Madrid y Cataluña concentran cerca del 27% de todos los empleados públicos de España, una proporción muy superior a la de muchas regiones menos urbanizadas. Junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana son las CCAA que cuentan con más efectivos en sus administraciones autonómicas. Estas comunidades coinciden, además, con algunos de los mercados residenciales más tensionados del país, tanto en alquiler como en compraventa.

Y es que la localización histórica de ministerios, consejerías y grandes organismos en las principales capitales ha generado un 'efecto arrastre', por el que miles de empleados públicos residen en las grandes áreas metropolitanas, aun cuando su trabajo no exige actualmente una presencia física diaria en dichas sedes.

Entonces, favorecidos por la buena implantación del teletrabajo en el sector público en aquellos puestos que no están ligados a un enclave físico concreto para poder ejercer su labor se podrían resolver dos problemas de una tacada. Por un lado, ir reduciendo la concentración del empleo público en grandes áreas urbanas y, por otro, favorecer la movilidad a entornos rurales o fuera de esos grandes núcleos, lo que permitiría aumentar el número de viviendas liberadas en ciudades y favorecer la economía de las poblaciones menos pobladas.

El impacto potencial sobre el mercado residencial sería relevante si el teletrabajo en el sector púbico estuviera plenamente deslocalizado y fuera estable. Aplicando hipótesis prudentes, se podrían liberar 200.000 viviendas en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid (90.000) y Barcelona (50.000), y también se podrían alcanzar cifras destacadas en Málaga (20.000), Valencia o Sevilla (ambas con 15.000 unidades). El resto de grandes ciudades aglutinarían unas 30.000 viviendas.

Otro aspecto por estudiar sería la posibilidad de una descentralización administrativa planificada por la que se trasladaran ministerios y grandes organismos fuera de las grandes ciudades a otras poblaciones medianas. Y es que la mayoría de estos edificios públicos se encuentran en el centro de las ciudades y en sus zonas ‘prime’.

Una vez planificada esta descentralización, se podría plantear la reconversión de edificios públicos a uso residencial, cuando el planeamiento urbanístico lo permita.

Países como el Reino Unido han avanzado en esta dirección mediante programas de reubicación de funcionarios fuera de la capital. El pasado mes de mayo, el Gobierno laborista de Keir Starmer anunció el traslado de unos 12.000 funcionarios fuera de Londres, como parte de un plan para reducir 94 millones de libras, más de 100 millones de euros, en gastos de aquí a 2032. 

“Al reubicar miles de puestos en la función pública, no solo ahorraremos dinero a los contribuyentes, sino que también nos aseguraremos de que los empleos públicos impulsen el crecimiento económico en todo el país”, señaló el secretario de Estado para el Trabajo y las Pensiones del Reino Unido, Pat McFadden.

Con estos cambios, también se cerrarán 11 edificios de oficinas gubernamentales en Londres, incluido algunos de los más grandes en Westminster, el barrio donde se ubican la mayoría de los ministerios británicos.

Con todo ello, esta combinación de teletrabajo público estructural y descentralización administrativa podría generar un aumento de la oferta residencial sin la necesidad de construcción de vivienda nueva. Además, produciría un alivio de la presión sobre el alquiler en las zonas más tensionadas y un mejor aprovechamiento del patrimonio público impulsando, al mismo tiempo, la economía y el aumento de la población en ciudades medianas y territorios despoblados.

El teletrabajo público no es solo una cuestión laboral. En un contexto de escasez estructural de vivienda, puede convertirse en una herramienta complementaria de política inmobiliaria, con impacto directo y relativamente rápido.

Optimizar dónde trabajan los empleados públicos y cómo se utilizan los edificios del Estado puede ser una de las decisiones con mayor impacto sobre el mercado residencial en el corto y medio plazo.