El Alto Tribunal considera que la normativa autonómica no vulnera el derecho a la propiedad y que cuando la Junta de Andalucía compra de manera preferente una vivienda protegida lo hace con el fin de evitar fraudes y sobreprecios en negro. No obstante, ha declarado inconstitucionales algunas partes de la normativa de ordenación urbanística, ya que invaden competencias estatales.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la nueva ley andaluza que regula la vivienda protegida y el suelo, aprobada este mismo año, y que había recurrido el Partido Popular.
El Alto Tribunal asegura en la sentencia que no vulnera el derecho a la propiedad, ni tampoco el principio que prohíbe la retroactividad de medidas que afectan a los derechos individuales.
“El sometimiento al ejercicio del derecho de tanteo y retracto no afecta a la facultad en sí de transmitir la vivienda, sino que incide solo sobre la de elegir el adquiriente”, asegura el fallo.
El Constitucional también considera que cuando el gobierno autonómico compra de manera preferente una vivienda de régimen protegido lo hace con el fin de evitar que se produzcan fraudes y sobreprecios en negro. “Responde claramente a una finalidad de interés general: el acceso a una vivienda digna por parte de personas necesitadas”, señala el fallo.
El organismo recuerda que el sector de la VPO está “expuesto a una fuerte intervención pública y a cambios normativos” y que el comprador accede a esta vivienda en “condiciones privilegiadas”, ya que su precio es mucho más reducido que el del mercado libre. Por eso, considera constitucional que la Junta vigile la actividad de la vivienda protegida.
Sin embargo, el Alto Tribunal sí ha declarado inconstitucional un conjunto de preceptos que reforman la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al considerar que invaden las competencias del Estado.
Y es que la normativa de la autonomía presidida por Susana Díaz limita a 10 y 15 días los plazos de los que disponen los ayuntamientos para responder a los requerimientos de la comunidad, mientras que la Ley de Bases de Régimen Local establece que el periodo no puede ser inferior a un mes.
En este sentido, la sentencia sostiene que “al establecer plazos menores, alteran el nivel de autonomía local que asegura la ley de Régimen Local y, con ello, invaden la competencia estatal en materia de bases del régimen local", concluye el fallo.
El Constitucional recuerda que la expropiación de viviendas es competencia exclusiva del Estado
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por sentencia el decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. El tribunal ha estimado de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013 al considerar competencia exclusiva del Estado la expropiación de determinadas viviendas vacías.
La Junta de Andalucía se reúne con los bancos para acabar con los desahucios
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha creado un grupo de trabajo con 11 bancos para evitar desahucios en la región. Según el Consejo General del Poder Judicial, más de la mitad de los 10.344 desahucios en Andalucía en 2014 fueron por impago de hipoteca.
Andalucía pretende parar desahucios de los bancos con el derecho de retracto
El recién estrenado Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Susana Díaz ha decidido incluir en el Plan de Vivienda autonómico una Ley que le permitirá ejercer el derecho de compra preferente sobre viviendas libres que sean objeto de una ejecución hipotecaria, el llamado derecho de retracto.
El Tribunal Superior de Andalucía anula una multa contra las cláusulas suelo del Popular
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula una sanción de 185.000 euros de la Junta andaluza contra el Banco Popular por incluir cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios. Un revés en la lucha de los consumidores contra estas condiciones que tachan de abusivas.
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