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El hotel Algarrobico en Almería

El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a la controvertida construcción del hotel El Algarrobico en Almería. 13 años después de erigirse dentro del parque natural de Cabo de Gata, el Alto Tribunal dictamina que el suelo sobre el que se edificó es terreno no urbanizable y se encuentra en un área protegida. La sentencia abre el camino a la demolición y recuperación del entorno de la playa de Carboneras.

La constructora Azata comenzó a levantar este hotel de 21 plantas y 411 habitaciones a la entrada del Parque Natural de Cabo de Gata en la localidad almeriense de Mojácar en 2003. Las protestas de ciudadanos y las denuncias de plataformas ecologistas en un juzgado de Almería lograron paralizar cautelarmente la obra en 2006.

A partir de este momento comenzó la batalla judicial entre la constructora y los denunciantes a los que se unió la Junta de Andalucía hasta acabar en esta sentencia del Tribunal Supremo.  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la suspensión cautelar de las obras en marzo de 2008 y pocos meses después suspendió el plan de ordenamiento del Cabo de Gata.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo ya sentencia que el suelo donde está levantado el hotel es de máxima protección. Sin embargo, en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cambia de parecer y en sentencia contradictoria declara los terrenos urbanizables y falla a favor de la licencia municipal.

El promotor pide una indemnización de 70 millones de euros a las administraciones por los retrasos en la construcción del hotel. La Junta de Andalucía ya había hecho uso del derecho de retracto en 2006, por el que recompró la finca donde se ubica la instalación por 2,3 millones de euros, por lo que ahora es el dueño del terreno y el que decida qué hacer con el esqueleto.

El protocolo de demolición correrá a cargo de la Administración Central y la Junta de Andalucía y puede llegar ascender a 7,1 millones de euros.

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1 Comentarios:

JUAN JOSE
20 Febrero 2016, 10:11

Desde el respeto que la mayoría de los jueces merecen y desde la satisfacción que produce ver que la justicia a veces funciona, me permito hacer una observación. Es cierto que está edificado ilegalmente, también que es un entorno natural, la primera pregunta es ¿quién asume el coste de la demolición y reversión del terreno a su estado inicial? Supongo que será el estado, la junta de Andalucía o algún otro poder público. Mi propuesta es que ya que el mal está hecho, démosle alguna utilidad social, por ejemplo residencia de ancianos, u hotel del Imserso. De este modo se aprovecharía, además de generar riqueza para el pueblo de Carboneras. El país no está en condiciones de añadir gastos a más gastos, seamos prácticos y justos. A ver qué dicen los ecologistas.

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