Barcelona en Comú: "Hay que legislar para que los ayuntamientos puedan regular los precios de alquiler"

La ampliación del parque de vivienda asequible y la defensa del derecho a la vivienda son dos prioridades del Ayuntamiento de Barcelona en el mandato que está arrancando. A la espera de que se conforme un nuevo gobierno español, Lucía Martín (Barcelona en Comú), concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, cree que una de las medidas urgentes en materia de vivienda debería ser “un cambio legislativo que habilite a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a regular los precios de alquiler. En una ciudad como Berlín se están planteando incluso bajarlos”.

Según la concejala, “habría que revisar el índice de precios, que sólo tiene en cuenta el mercado y no elementos como la economía de las familias”. Martín reivindica que haya “un verdadero presupuesto para hacer políticas de vivienda. El que hay ahora está heredado del PP, que lo recortó, y no se pueden hacer políticas dignas sin presupuestos“.

La concejala también afirma que “hay que generar un parque público de vivienda protegida que no tenemos. Las ciudades a las que nos queremos parecer tienen un parque público muy importante; si nos fijamos en modelos que nos gustan, como el de Viena, tenemos que importar sus políticas”.

Ampliar el parque de vivienda asequible

Respecto al nuevo mandato del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Lucía Martín ha marcado dos objetivos prioritarios. En primer lugar, “la ampliación y dignificación del parque de vivienda asequible, que cuando entramos era de 7.500 viviendas y que queremos doblar. Esta es una tarea a medio y largo plazo para la que se deben poner en marcha todas las estrategias posibles: construir, comprar… También hay otras fórmulas complementarias, como las cooperativas en cesión de uso, o la promoción delegada, es decir ceder terreno público para que alguien privado haga vivienda asequible”.

La concejala ha querido subrayar que “no estamos en contra de los propietarios privados sino de los especuladores. Hay que hacer entender que la vivienda no es un negocio como cualquier otro y que el beneficio debe ser limitado”.

Lo más urgente para poder llevar a cabo las políticas que el Ayuntamiento cree necesarias es “que se aprueben los presupuestos de la Generalitat. No podemos hacer política contra corriente, contra la austeridad presupuestaria. Si en el anterior mandato hemos podido hacer algo respecto a la vivienda pública de alquiler ha sido gracias a créditos europeos “.

Contra el acoso y los desahucios

La otra prioridad municipal es “la lucha por la defensa del derecho a la vivienda. Se producen situaciones de acoso, aunque hay herramientas para denunciarlo”.

En cuanto a los desahucios, recordó que “hemos situado en el centro de nuestra agenda política una unidad pionera dedicada a mediar, gestionar y acompañar a las familias que se enfrentan a los desahucios, inspirada en parte en los movimientos ciudadanos”. A Martín le preocupa el hecho de que “estamos viendo actuaciones policiales cada vez más duras y creemos que hay que trabajar con la mediación más que con estos despliegues, para lo que hace falta coordinación entre administraciones”.

La concejala también pide “cambios legislativos para acabar con los desahucios abiertos, en los que el juez no pone ni fecha. Con la ley en la mano los propietarios que desahucian tienen derecho a hacerlo, y a veces es la acción vecinal que consigue una negociación”.