La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un informe demoledor sobre las consecuencias que tendrá la reforma de pensiones que ha aprobado el Gobierno durante esta legislatura.
Firmado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, el documento expone una serie de "cálculos de urgencia" sobre el impacto de los últimos cambios destinados a garantizar la sostenibilidad del sistema. Y determina que, tal y como están planteados, van a aumentar de forma considerable el gasto público y a generar un importante déficit.
En concreto, De la Fuente advierte de que estas reformas "condenan" a la Seguridad Social a un déficit "muy significativo" y "rápidamente creciente" desde 2030 en adelante o incluso "posiblemente antes", que podría llegar a alcanzar, antes de transferencias del Estado, cerca del 5% del PIB en torno a 2050, frente al 1,3% del PIB registrado en 2019, antes de que estallara la pandemi sanitaria.
"En su conjunto, la reforma que ahora se cierra aumentará mucho más el gasto en pensiones que los ingresos por cotizaciones, condenando al sistema público de pensiones a un déficit básico, antes de transferencias del Estado, importante y rápidamente creciente, que habrá que cubrir con ingresos generales, dejando poco margen para otras prioridades", avisa De la Fuente.
Así, Fedea estima que la reforma de pensiones incrementará "muy notablemente" el gasto esperado, mientras que sólo aumentará "modestamente" los ingresos del sistema, por lo que considera que la última pata de la reforma, aprobada hace apenas dos semanas, debería tramitarse como proyecto de ley "para darle otra pensada y buscar un consenso más amplio". Además, recuerda que, más allá de las críticas de los empresarios, las organizaciones de autónomos y los académicos, la reforma también ha generado dudas en organismos como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
"Tras varios meses de negociaciones, los detalles de la fase final de la reforma en curso del sistema público de pensiones se han cerrado a toda prisa. El pasado 10 de marzo, viernes, el Gobierno anunciaba que había alcanzado un acuerdo con los sindicatos que contaba también con la aquiescencia de la Comisión Europea, aunque no con la de la patronal o el grueso de la oposición parlamentaria. El acuerdo se firmó oficialmente el miércoles, día 15, el correspondiente Real Decreto-ley (RDL) fue aprobado por el Consejo de Ministros del día 16 y su convalidación se votará en el Congreso mañana, día 30 de marzo. Así pues, en menos de tres semanas se dará por cerrada la tramitación de una norma con importantes implicaciones para nuestro sistema público de pensiones y por lo tanto para nuestras cuentas públicas. El texto, que ha concitado la crítica prácticamente unánime de los especialistas académicos y ha generado dudas en la AIReF y el Banco de España, habría merecido una discusión más detallada, informada y serena de la que ha tenido", recalca la fundación.
Fedea señala en su informe que el gasto observado o presupuestado hasta 2023 "muestra ya una desviación significativa con respecto a las proyecciones" del último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea. Esto, precisa, no se debe sólo a la caída del PIB derivada de la crisis del Covid, por lo que podría no ser algo "meramente transitorio".
En 2019, último año antes de la pandemia, el gasto público en pensiones, incluyendo clases pasivas y pensiones no contributivas, se situó en el 12,3% del PIB y la Seguridad Social cerró con un déficit del 1,3%. Fedea subraya que, manteniendo inalterado el sistema anterior a la actual reforma, el gasto crecerá moderadamente hasta alcanzar el 13% en 2050, con un promedio del 12,73% durante el periodo 2022-50. Sin embargo, con las dos fases de la reforma el gasto superará el 17 del PIB%.
Estimaciones de Fedea según las distintas medidas
Por el lado del gasto, las dos medidas cruciales de la primera fase de la reforma de las pensiones del Gobierno de finales de 2021, la indexación de las pensiones al IPC y la supresión del Factor de Sostenibilidad, son las generarán el mayor incremento del gasto para 2050, un 2,7% del PIB y un 0,80% del PIB, respectivamente.
También contribuirán a aumentar el gasto, aunque de forma mucho más modesta, varias de las medidas recogidas en el último decreto, como el periodo de cálculo (0,18% del PIB), el repunte de la pensión máxima (0,04% del PIB) y la mejora de las pensiones mínimas y el complemento de brecha de género (0,17% del PIB).
Otra medida que elevará el gasto, según Fedea, es la mejora de las pensiones de los autónomos (0,66% del PIB para 2050). Por su parte, los incentivos a la prolongación de la vida laboral acabarán por suponer un ahorro medio para el sistema del 0,23% del PIB entre 2022 y 2050.
Sumando todas estas medidas, el gasto público en pensiones estimado por Fedea se incrementará casi 4,5 puntos respecto al registrado en 2019, hasta el 17,49% del PIB en 2050 (15,24% del PIB en promedio en el periodo 2022-50).
En cuanto a los ingresos, Fedea calcula que el destope de las bases máximas de cotización y la subida de las cotizaciones asociadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) reportarán, cada una de estas medidas, ingresos equivalentes al 0,40% del PIB para 2050. Por su parte, la nueva cuota de solidaridad aportará un 0,10% del PIB en dicho ejercicio, mientras que el aumento de las cotizaciones de los autónomos implicará ingresos del 0,75% del PIB.
Así las cosas, sumando todas estas medidas, los ingresos adicionales que recibirá el sistema para 2050 se cifran en el 1,65% del PIB, de acuerdo con los cálculos "de urgencia" realizados por Fedea.
El resultado entre los gastos y los ingresos estimados por la acción de estas reformas arroja un déficit básico de la Seguridad Social (antes de transferencias del Estado) del 4,84% del PIB para 2050, con un promedio del 2,99% del PIB en el periodo 2022-2050.
El Gobierno tiene votos suficientes para aprobar la reforma
El Gobierno ha conseguido amarrar los votos necesarios para convalidar el decreto en el Congreso este 30 de marzo, una vez que se ha asegurados los apoyos de Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís.
A los 154 votos del Gobierno de coalición, ya se ha anunciado que se sumarán los trece de ERC, los cinco de Bildu, los cuatro de PDeCAT y los tres de Más País y Compromís, lo que suma un total por encima de la mayoría absoluta. Además, la promesa del Gobierno es tramitar el decreto ley como proyecto de ley para dar la posibilidad de introducir cambios vía enmienda.
En cambio, partidos como PP, CS y BNG votarán en contra. Según ha denunciado la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, la reforma "no cuenta con un acuerdo en el ámbito del diálogo social" y tampoco "se ha materializado en el Pacto de Toledo". La portavoz ha remarcado que la reforma "penaliza" la contratación, lo que hace que la sostenibilidad del sistema "no se pueda garantizar".
Por parte de Vox, Iván Espinosa de los Monteros no ha desvelado el sentido de voto final, pero sí ha indicado que "es muy difícil" que su partido apoye la iniciativa del Gobierno, porque consideran que "no garantiza en absoluto" el futuro de las pensiones en España.
BNG, en cambio, ya ha adelantado que votará en contra del decreto al considerar que consolida los aspectos lesivos aprobados por el Partido Popular y que además se tramita de urgencia, lo que en su opinión "hurta el debate pausado y sosegado". En esa línea, el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha avanzado que su grupo votará en contra de la reforma, que ha calificado de "atraco" y de tener efectos nocivos para el empleo en España.
La reforma que plantea el Gobierno, que ya ha sido avalada por las organizaciones sindicales y tiene el visto bueno de Bruselas, se centra en elevar los ingresos del sistema para hacer frente a las tensiones financieras por la jubilación de los 'baby boomers' en las décadas de los 30 y los 40.
Este nuevo sistema, que entraría en vigor el 1 de abril salvo determinados preceptos del mismo, contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.
Además, con la nueva reforma las mutuas colaboradas de la Seguridad Social ya no tendrán posibilidad de dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en caso de que el servicio público de salud desestime su propuesta de alta.
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