Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona.
Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona. Europa Press
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El Govern catalán ha aprobado el Decreto ley que retrasa la entrada en vigor de la modificación del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos hasta el primer periodo de liquidación que se abra a partir de la entrada en vigor del decreto, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El Govern ha explicado que la voluntad es dar seguridad jurídica al sector mientras los cambios en la tasa se debaten en el Parlament.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que están trabajando para alcanzar un acuerdo y ha pedido a los grupos parlamentarios que tengan en cuenta la necesidad de crear un entorno de seguridad jurídica.

En todo caso, ha señalado que no se está negociando "la propia naturaleza de la tasa" y ha recordado que ya tiene un decreto inicial convalidado y que se tramita como proyecto de Ley.

Ha explicado que la aprobación de este decreto responde al hecho de que la tramitación parlamentaria es "mucho más larga que el plazo" estimado en un primer momento y ha mostrado su voluntad de que la aprobación sea, en sus palabras, lo más rápida posible.

La semana pasada el pleno del Parlament catalán avaló el decreto del Govern que modifica el impuesto de estancias en establecimientos turísticos y aprobó tramitarlo como proyecto de ley. Sin embargo, rechazó otro decreto que modificaba el primero, con el objetivo de que la tasa turística comience a aplicarse en octubre y no el 1 de mayo

La modificación de este impuesto duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017, por lo que en el caso de hoteles de cinco estrellas en Barcelona pasaría de 2,25 a 7 euros y de 2,25 a 6 euros en el resto de Catalunya.

Además, las viviendas de uso turístico duplicarían su tasa en toda Catalunya y los barcos con estancia de menos de doce horas pasarían de pagar 6 a 12 euros por día, y el decreto también permite que todos los ayuntamientos puedan aplicar recargos en las tarifas y establece una nueva distribución de los ingresos del impuesto.

En concreto, el 25% del dinero recaudado se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat, y el 75% irá a fondos para el fomento del turismo, de los cuales el 50% irán a los municipios y el 20% al Consell General d'Aran.

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