Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, solo consumió un tercio del presupuesto de 2024

Aunque el Gobierno ha situado la vivienda como prioridad social, la ejecución real de los fondos públicos no refleja por ahora ese compromiso. A pesar de iniciativas como la creación de una empresa estatal para construir 40.000 viviendas o el uso de suelo público para alquileres asequibles, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cerró 2024 como el departamento con menor ejecución presupuestaria entre los 22 del Ejecutivo, según 'El País'.

Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo se habían reconocido el 32,7% de las obligaciones presupuestarias disponibles a final de año. Esta brecha entre lo prometido y lo ejecutado añade presión a un ministerio clave en la lucha por el acceso a la vivienda digna.

Desde el ministerio aseguran que la ejecución real es más alta si se considera el porcentaje de fondos comprometidos, que en 2024 alcanzó el 95,4%. Argumentan que, al gestionar ayudas destinadas a otras administraciones, los pagos dependen de la justificación documental de estas entidades.

El economista Diego Martínez López, de la Universidad Pablo Olavide, sostiene que la ejecución debe medirse por los pagos ya realizados. Por su parte, el consultor Alejandro Inurrieta califica al ministerio como un organismo más financiador que ejecutor, ya que su papel se limita a facilitar créditos y no a ejecutar obras directamente. También apunta que la lentitud se debe a la tramitación de licencias y convenios.

A esta situación se suma el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2023, lo que complica la planificación de nuevas inversiones.

Uno de los ejemplos más claros del retraso es la línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para vivienda social, con 2.200 millones de euros presupuestados. Aunque se activó en julio de 2024, a final de año no se había gastado ni un euro oficialmente. El ICO explica que 59 operaciones ya han sido aprobadas, movilizando 726 millones de euros para más de 6.000 viviendas, pero estos pagos aún no se reflejan en las cifras oficiales.

El ICO prevé que el programa alcance los 3.300 millones en 2025, con 1.600 millones adicionales en evaluación para nuevas promociones. Sin embargo, mientras no se formalicen, estos fondos no contarán como ejecución presupuestaria.

Desde Vivienda justifican la lentitud inicial por la necesidad de cerrar convenios con bancos y de cumplir con requisitos exigidos por la Comisión Europea. Además, subrayan que no se trata de subvenciones directas, sino de un producto financiero más complejo.

Otras partidas del ministerio también muestran bajos niveles de ejecución, como las destinadas a rehabilitación de entornos residenciales (46,3%) o a la edificación con eficiencia energética (51,7%). Solo destaca la de ayudas al acceso y rehabilitación de vivienda, con un 92,8% de ejecución.

Comparado con otros ministerios, Vivienda presenta la menor ejecución presupuestaria: Trabajo y Economía Social cerró el año con un 60,4%, Política Territorial con un 67,2% e Industria y Turismo con un 68,6%.

La crisis habitacional, agravada por el alza del alquiler y el encarecimiento de la vivienda, se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. El ministerio defiende el despliegue de los avales ICO para la primera vivienda, con más de 5.500 beneficiarios, pero la lentitud del gasto sigue generando dudas sobre la capacidad del Gobierno para convertir sus promesas en hechos concretos.