El plazo para realizar aportaciones ya está abierto y expira el próximo 21 de noviembre
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Competencia hace un llamamiento a particulares e instituciones públicas o privadas para mejorar la transformación urbanística del suelo destinado a viviendas en España a través de una consulta pública. 

Según el comunicado de la CNMC, el objetivo es identificar elementos susceptibles de mejora para incorporarlos en el estudio que está promoviendo al respecto y, posteriormente, realizar recomendaciones que permitan impulsar la competencia y eficiencia en este ámbito. El plazo para hacer alegaciones ha arrancado este 20 de octubre y estará abierto hasta el próximo 21 de noviembre

"El suelo es un elemento necesario para la construcción de vivienda y podría representar hasta un 45% de su precio, si bien pueden existir restricciones a su uso para vivienda. La escasez de suelo y las restricciones en el desarrollo urbanístico pueden reducir la vivienda disponible y elevar su coste. Para evitarlo, la transformación del suelo debería ser un proceso ágil y rápido en la medida de lo posible, manteniendo las garantías necesarias. Así, si bien numerosos factores influyen sobre el mercado de la vivienda y no existe un determinante único de la disponibilidad de oferta y los precios, el suelo puede ser uno de los elementos destacados", asegura el organismo de competencia.

Y añade que "dado el gran impacto económico y social de la escasez de vivienda, y considerando los desafíos a los que se enfrenta la producción de suelo, la CNMC ha iniciado un estudio sobre la regulación que afecta a la transformación urbanística del suelo para mejorar la disponibilidad de vivienda", que busca "identificar los elementos que restrinjan de forma innecesaria o desproporcionada la eficiencia y competencia del sector, y formular una serie de recomendaciones para mejorar su funcionamiento". 

Competencia explica que ha utilizado la fórmula de la consulta pública para "llegar al mayor número de agentes involucrados en el ámbito de la transformación urbanística del suelo, a fin de obtener su visión" e "identificar elementos susceptibles de mejora", así como cumplir uno de sus objetivos de su Plan Estratégico 2021-2026: propiciar la participación de la sociedad en la elaboración de sus estudios.

En este caso concreto, añade la CNMC, los datos personales del particular o la institución que realiza su contribución serán confidenciales si así lo solicitan, aunque las alegaciones "podrán ser publicadas íntegramente, salvo excepciones por motivos de confidencialidad debidamente justificados".

De las buenas prácticas a la coordinación

El cuestionario que deben responder quienes quieran realizar las aportaciones en este campo es amplio, con un total de 36 puntos. 

En primer lugar, es necesario rellenar la información personal (si se trata de un ciudadano, una empresa o un organismo público; su correo electrónico...), para pasar después al bloque 'buenas prácticas'. En este apartado, pregunta sobre normativas autonómicas, locales o internacionales que sean un buen referente a la hora de transformar suelo para destinarlo a vivienda. 

El siguiente punto versa sobre la coordinación entre las Administraciones Públicas, con preguntas como: "¿Existen aspectos a reforzar en cuanto a la seguridad jurídica en el modelo urbanístico español?", "¿existen aspectos a reforzar en cuanto a la seguridad jurídica en el modelo urbanístico español?" o "¿pueden las herramientas de planificación territorial supramunicipal acelerar la transformación de suelo para vivienda?".

Después viene el capítulo "fase de planeamiento urbanístico", donde se abordan cuestiones como "¿qué medidas podrían adoptarse para agilizar la disponibilidad de suelo para vivienda, manteniendo los niveles de garantía actuales de los distintos intereses involucrados?" o "¿considera que existen trámites redundantes, innecesarios o desproporcionados en la fase de planeamiento?". 

También pregunta cómo valora la sociedad la existencia de varias aprobaciones de los planes urbanísticos (inicial, provisional y definitiva), si existe suficiente transparencia sobre lo que se puede construir en cada tipo de suelo o si influye la calificación del suelo en la agilidad del proceso de transformación urbanística.

El siguiente apartado es "fase de gestión urbanística", donde la CNMC plantea en la consulta pública si "existen trámites redundantes, innecesarios o desproporcionados en la fase de gestión" o "qué sistema de ejecución urbanística (compensación, cooperación, expropiación…) funciona mejor en la práctica".

La siguiente sección versa sobre los "informes sectoriales", como por ejemplo los relativos a costas o al patrimonio cultural. Sobre ellos, Competencia quiere saber "qué papel juegan en el proceso de transformación urbanística del suelo para vivienda", "cómo influyen en la duración del proceso de transformación urbanística del suelo para vivienda", si "existe margen de mejora en la coordinación entre las administraciones competentes en materia de urbanismo (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) y las administraciones sectoriales que intervienen en el proceso urbanístico", y si "existe margen de mejora en la incorporación de los informes sectoriales en el proceso de transformación urbanística del suelo". 

La siguiente parte se centra en la "fase de edificación", donde Competencia pregunta si "existen exigencias legales de tipo técnico innecesarias o desproporcionadas (como en la parcelación, las características de las edificaciones, habitabilidad…)" o si "existen trámites administrativos redundantes, innecesarios o desproporcionados en la fase de edificación". 

El último punto recopila "otras cuestiones", como por ejemplo valorar la "duración total del proceso de transformación urbanística del suelo para vivienda", si "existe margen de mejora", qué factores regulatorios en la normativa urbanística "podrían perjudicar innecesariamente el acceso a la financiación para las actividades de promoción inmobiliaria para vivienda", si se puede mejorar "el grado de digitalización de los trámites y procedimientos relacionados con la transformación del suelo para vivienda" o una valoración de las "distintas bases de datos y fuentes de información públicas sobre suelo".

El organismo ha habilitado un apartado en su web para promover esta consulta pública y recuerda que las respuestas deben ser concisas (con un máximo de 500 palabras por pregunta), por lo que recomienda adjuntar documentación adicional a través de enlaces o de su envío en formato electrónico. 

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