La Generalitat de Cataluña avanza en su estrategia para ampliar el parque público de vivienda con una respuesta contundente del mercado. Un total de ocho promotoras e inversores han presentado ofertas al primer concurso de la reserva pública de solares, una iniciativa clave del Govern de Salvador Illa para impulsar la construcción de casi 2.000 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible.
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El proceso, impulsado por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, busca adjudicar a operadores privados la construcción y gestión durante 75 años de un total de 1.940 viviendas. La licitación, lanzada el pasado 9 de enero, cerró el plazo de presentación de ofertas el 15 de abril, y este lunes se procederá a la apertura de sobres para conocer en detalle los licitadores.
Según ha trascendido, tres de las ocho empresas aspirantes han optado a la totalidad de los lotes, mientras que las cinco restantes han focalizado sus propuestas en ámbitos concretos. En particular, dos compañías han presentado ofertas para el lote 1 y tres para el lote 2, evidenciando el interés selectivo en determinados mercados.
El concurso se estructura en cuatro grandes lotes repartidos por el territorio catalán. El primero contempla la construcción de 601 viviendas en municipios del área metropolitana de Barcelona como Sant Adrià de Besòs, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa. El segundo agrupa suelos en Tarragona, Cambrils, L’Arboç y Vilafranca del Penedès.
Por su parte, el tercer lote incluye 498 viviendas en localidades del Vallès Oriental como Mollet del Vallès o Sant Celoni, así como en varios municipios de Girona como Lloret de Mar, Tossa de Mar, Figueres y la capital provincial. El cuarto y último lote se reparte principalmente entre municipios de la Cataluña Central y la provincia de Lleida, aunque también incorpora promociones en Esplugues de Llobregat y Abrera, en la provincia de Barcelona.
Todos los suelos incluidos en esta primera convocatoria cuentan con demanda acreditada, un factor clave para garantizar la viabilidad de las promociones. Se trata, además, del primer concurso de estas características en Cataluña, en el que la administración moviliza suelo público para atraer inversión privada bajo fórmulas de colaboración a largo plazo.
La iniciativa forma parte de un plan más amplio del Govern para crear 50.000 viviendas de alquiler protegido antes de 2030. Para ello, la Generalitat ha realizado un llamamiento a ayuntamientos y entidades públicas para identificar y agrupar suelos disponibles. El resultado ha sido la identificación de 670 parcelas con capacidad para desarrollar más de 22.000 viviendas, de las cuales unas 7.800 requieren todavía la entrada de promotores.
En paralelo, el Ejecutivo catalán está reforzando esta estrategia con la compra directa de viviendas. Hasta la fecha, ya ha adquirido más de 1.000 pisos a InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, con el objetivo de incrementar de forma inmediata el parque público de alquiler.
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