Andy Burnham, que según todas las previsiones asumirá el cargo de primer ministro el próximo 20 de julio, ha lanzado su propuesta más ambiciosa en materia de vivienda: el "mayor programa de construcción de vivienda pública desde la posguerra". Para ello, quiere redirigir todo el presupuesto existente de vivienda del Gobierno hacia los ayuntamientos: 39.000 millones de libras, unos 46.000 millones de euros, para construir unas 300.000 viviendas en 10 años, quitando el control de la promoción a las asociaciones y otros organismos semipúblicos que han dominado el sector durante décadas. Una política contundente, pero que plantea interrogantes de fondo sobre su viabilidad, coste y escala real.
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Un punto de partida muy bajo
El contraste con la época dorada de la vivienda pública resulta llamativo. En los años 50, los ayuntamientos británicos construían una media de casi 190.000 viviendas al año. El récord histórico se alcanzó en 1968, con 191.000 unidades. Hoy, las autoridades locales inglesas apenas entregaron 10.500 viviendas asequibles en 2024/25, y aproximadamente la mitad de los ayuntamientos de Inglaterra y Gales no construyó ninguna vivienda durante ese mismo ejercicio.
"Los ayuntamientos tendrían que partir de cero", advirtió una fuente del Gobierno central al Financial Times. "Su capacidad ha sido completamente socavada. Los que no han construido viviendas durante décadas no pueden hacerlo de la noche a la mañana".
El deterioro tiene causas estructurales. La política del ‘Right to Buy’ (el derecho a compra de la vivienda pública con grandes descuentos, introducida por Margaret Thatcher y aún vigente) ha supuesto la pérdida de más de 2 millones de unidades en Inglaterra. Además, muchos ayuntamientos traspasaron progresivamente su parque residencial a asociaciones de vivienda, que asumieron la principal responsabilidad constructora. Hoy, solo 162 de los 317 ayuntamientos ingleses son propietarios o promotores de vivienda, según el Instituto Colegiado de Vivienda (CIH).
¿Vivienda pública o vivienda social?
La elección de palabras por parte de Burnham no es casual. El candidato insiste en hablar de "vivienda pública municipal" (council housing) y no de "vivienda social" en sentido amplio, porque considera que el modelo actual ha alejado la gestión del control local.
La distinción importa económicamente. Aproximadamente la mitad de las viviendas en alquiler construidas por los ayuntamientos ingleses en 2024/25 eran "asequibles" -con rentas de hasta el 80% del precio de mercado-, mientras que la vivienda pública tradicional implica alquileres sociales, en torno al 50% del valor de mercado. Esta modalidad exige mayores subvenciones públicas para mantener rentas bajas, lo que eleva significativamente el coste para el Estado.
Según Steve Partridge, director de vivienda asequible de la consultora Savills, si el actual programa de 39.000 millones de libras diseñado para construir 300.000 viviendas en 10 años se destinara íntegramente a alquiler social, el coste ascendería a unos 48.000 millones, unos 9.000 millones adicionales. La alternativa sería construir entre 60.000 y 75.000 viviendas menos con el mismo presupuesto.
¿Cuánto costaría regresar a los niveles de posguerra?
Tim Leunig, economista jefe del ‘think tank’ Nesta, estima que recuperar los ritmos constructivos de los años 50 costaría más de 20.000 millones de libras anuales. En su opinión, la vía más eficiente pasa por liberalizar más la normativa urbanística para facilitar la construcción de todo tipo de vivienda: "Al final, lo que realmente importa es el número de viviendas y los metros cuadrados. Si los alquileres privados bajan, casi con seguridad el gasto en ayudas al alquiler también baja."
Sin embargo, Burnham y sus asesores consideran que la vivienda pública es una inversión rentable a largo plazo, ya que reduciría la dependencia del Estado de los arrendadores privados. El Reino Unido destina 38.000 millones de libras en ayudas al alquiler (housing benefit), un 10% más en términos reales que hace una década, con previsiones de superar los 40.000 millones antes de que acabe la década. A ello se suma que el gasto municipal en alojamiento temporal para personas en riesgo de exclusión se ha multiplicado casi por 10 en el mismo periodo, hasta alcanzar los 1.300 millones de libras (740 millones solo en Londres).
La organización benéfica Shelter respalda el planteamiento: "Durante años, hemos estado perdiendo viviendas sociales asequibles", señaló su directora ejecutiva, Sarah Elliott, defendiendo que el plan de Burnham supone una inversión sensata.
Una propuesta llega de obstáculos
El camino está lleno de dificultades. El actual programa plurianual de vivienda está muy concentrado en la próxima legislatura, a partir de 2029, y gran parte de los fondos iniciales ya han sido asignados por Homes England, el organismo gubernamental de vivienda, lo que dificulta su redireccionamiento. La ministra de Economía, Rachel Reeves, ya ha recibido presiones de los promotores sociales para adelantar parte del gasto a esta legislatura, sugiriendo que acelerar la construcción podría requerir inversión adicional a corto plazo.
Tampoco parece haber consenso pleno dentro del propio equipo de Burnham. Cuando la diputada laborista Miatta Fahnbulleh fue preguntada en la BBC sobre si todo el programa de 39.000 millones se destinaría a los ayuntamientos, respondió con cautela: "Habrá un equilibrio. Veremos los detalles cuando se presenten."
El diagnóstico de Burnham en el que “el país está atrapado en una trampa de la vivienda" tiene un amplio respaldo entre los expertos. La solución que propone, en cambio, deberá concretar números, plazos y fuentes de financiación antes de que pueda considerarse un programa de gobierno creíble.
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