La Comunidad Valenciana ha sacado a licitación un nuevo servicio destinado a recuperar viviendas de titularidad pública ocupadas sin autorización. La actuación se extenderá a toda la Comunidad Valenciana y contará con un dispositivo de urgencias disponible las 24 horas, todos los días del año.
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El servicio deberá atender los avisos de ocupación o intrusión en un plazo máximo de una hora. La empresa adjudicataria también acompañará y representará a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) en los procedimientos administrativos de recuperación de los inmuebles, además de coordinarse con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con las compañías de vigilancia privada.
La EVHA gestiona actualmente más de 14.500 viviendas públicas en la región. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, alrededor del 13% se encuentra ocupado de manera irregular, lo que equivale a cerca de 1.900 inmuebles.
El presidente del Gobierno regional, Juanfran Pérez Llorca, ya defendió hace unas semanas la necesidad de acelerar la recuperación de estas viviendas para que puedan adjudicarse a las familias vulnerables inscritas en las listas de demanda. El Consell señala, además, que la ocupación impide en algunos casos rehabilitar los inmuebles y puede ocasionar problemas de convivencia y seguridad, especialmente por las conexiones irregulares a la red eléctrica.
Un contrato de tres años ampliable a cinco
El contrato tiene un valor estimado de 796.831 euros, sin IVA, y una duración inicial de tres años. También contempla la posibilidad de aprobar dos prórrogas anuales, por lo que el servicio podría mantenerse durante un máximo de cinco años. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 30 de julio.
Entre las funciones de la adjudicataria figura la supervisión de la instalación de alarmas, sistemas de vigilancia y puertas antiocupación. Asimismo, tendrá que documentar cada intervención y someter su actividad a indicadores de seguimiento y evaluación.
Para ejecutar el contrato, la empresa deberá disponer de un equipo multidisciplinar compuesto por un coordinador jurídico y, al menos, tres inspectores técnicos. También tendrá que aportar vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles.
La licitación se suma a otras medidas desplegadas para proteger el parque autonómico de vivienda. A comienzos de 2026, la Generalitat adjudicó la instalación, el mantenimiento y la reposición de 300 sistemas individuales de seguridad y alarma, con una inversión de 4,74 millones de euros durante cuatro años.
Desde julio de 2023, la Administración valenciana asegura haber llevado a cabo 1.231 actuaciones para impedir la ocupación de viviendas públicas. Estas intervenciones incluyen aperturas y cambios de cerraduras, tapiado de accesos y colocación de 608 puertas antivandálicas.
El Gobierno autonómico también ha reforzado la vigilancia privada en determinados grupos residenciales para evitar tanto la entrada en viviendas vacías como el uso irregular de plazas de garaje.
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