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La falta de vivienda, un problema de primer nivel
La falta de vivienda, un problema de primer nivel Getty images

En la época franquista existía una pléyade de leyes hechas a medida del Régimen y para subyugar a los no afines a él. Con la llegada de la democracia se derogaron de forma masiva la mayor parte de ellas y el resto se adaptaron a la normalidad democrática. Entre las que se derogaron estaba la que consideraba el delito de “lesa patria” en su formato franquista.

La figura de la "lesa patria" proviene del derecho romano y se refería a cualquier crimen grave contra la persona del rey y el Estado, atacando la seguridad y la unidad del reino. Con el tiempo evolucionó hacia la contemplación de delitos contra la soberanía y la integridad de la nación.

Pues bien, la situación actual de la vivienda en España, además de incumplir los preceptos constitucionales, está llegando a ese nivel, al menos desde un punto de vista teórico. Durante las últimas cinco legislaturas, nuestros próceres políticos han mirado de soslayo los tres problemas más graves que tiene España: la insostenibilidad de las pensiones, el creciente nivel de deuda pública y la falta de construcción de viviendas, especialmente sociales, ante una población creciente que recibe unos 200.000 inmigrantes cada año.

Los tres problemas son especialmente graves, sobre todo porque sigue sin hacerse prácticamente nada y la población española no para de aumentar. Y si la demanda aumenta y no se incrementa la oferta, es de primero de Económicas que el precio va a subir, por muchas leyes ‘naif’ que hagan los políticos de turno, algunos de ellos cuyo currículo es básicamente haber sido exitosos activistas en el pasado.

El problema de la vivienda es lo suficientemente complejo como para dejarlo en manos de personas sin experiencia y sin la voluntad política de resolverlo. Lo primero que tendríamos que hacer es un diagnóstico de los factores que afectan al problema. Entre ellos:

  • Los ancianos viven más y sus casas están más tiempo ocupadas hasta que las heredan hijos o nietos.
  • Entran 200.000 emigrantes nuevos cada año. En algún sitio tienen que vivir.
  • Desde julio de 2021 se ha producido un importante incremento de las materias primas precisas para la construcción de viviendas.
  • Falta de personal cualificado dispuesto a trabajar en construcción.
  • Márgenes empresariales mucho más altos en viviendas de lujo, lo que hace que la iniciativa privada no ponga el foco en la construcción de viviendas sociales o de nivel medio.
  • Especulación del suelo. En las zonas tensionadas hay poco suelo disponible para la construcción.
  • Expectativas de que el precio de la vivienda va a subir todavía más, lo que retiene la puesta en alquiler de algunas viviendas o la puesta en construcción de terrenos.
  • Trabas administrativas y burocracias infinitas.
  • Consideración de la solvencia de los potenciales hipotecados para los bancos que otorgan los préstamos. Es evidente la influencia que la precariedad del empleo y el aumento del riesgo a largo plazo ejercen sobre la toma de decisiones bancarias en materia de concesión de una hipoteca a treinta años. Además, se genera un problema social, cuando los bancos exigen que los padres avalen a los hijos, a fin de cubrir ese riesgo, ya que la situación puede acabar en el desahucio de ambos.
  • El plazo de las hipotecas: treinta años, es excesivo. Supone asumir la premisa de que siempre se va a tener empleo, de que, en caso de hipoteca a tipo variable, no van a subir los tipos de interés, etc. No se hipoteca la vivienda, se hipoteca una vida.
  • Impuestos excesivos, hasta el 10% u 11% por adquirir una vivienda. Si es un bien de primera necesidad no puede gravarse de esa manera tan solo para satisfacer la voracidad fiscal del gobierno.
  • En materia de alquiler se producen fianzas excesivas. Hasta seis meses de alquiler, y a veces hay que pagarlas en dinero negro por prohibirlo la ley.
  • Falta de protección efectiva para los caseros. Tienen riesgo de que les destrocen la casa o que no les paguen el alquiler y sea misión imposible echar a los inquilinos de la casa. La “ocupación legal” es un obstáculo para que salgan más viviendas al mercado de alquiler.
  • Escasez de vivienda social, no para la compra sino para el alquiler. España tiene menos del 3% de viviendas sociales en comparación, por ejemplo, con Holanda, donde el 30% de las viviendas son sociales.

Cuando veo que se pone el foco en los tipos de interés para conseguir una hipoteca no puedo por menos que estar en desacuerdo. Que la hipoteca esté al 2% o al 3% no es tan significativo como que te cobren un 10% por impuestos por adquirir una vivienda. Si la vivienda cuesta 300.000 euros, un 1% de interés supondrá de media unos 200 euros mensuales. Nadie va a condicionar comprar o no una vivienda por esa cantidad, cuando piensa gastarse 300.000, pero sí que tendrá que pensarse lo de pagar de golpe 30.000 euros de impuestos si compra la casa.

Otros de los aspectos manidos son los pisos turísticos, pero resulta que son unos 380.000 en toda España, cuando la realidad es que hay 26 millones de hogares, es decir estamos hablando de que afectan a menos del 1,5% de las viviendas. En un país donde el 80% de las familias tiene la vivienda en propiedad, estamos hablando de un problema muy específico al que, además, no tiene sentido ponerle puertas al campo. Habrá que regularlo, sí, pero no tiene la importancia capital que algunos quieren darle.

Y cómo no, luego están los emigrantes ricos, parte de ellos latinoamericanos, que adquieren viviendas y hacen subir los precios. Pero no nos damos cuenta de que los precios no suben porque alguien compre, sino porque no hay suficiente producto que vender. No es malo que los extranjeros hagan inversiones en España y menos en vivienda, puesto que son inversiones normalmente a largo plazo.

Por tanto, el problema queda completamente acotado. Hay que construir un millón de viviendas para equilibrar la oferta y la demanda, y como normalmente ello llevaría unos cinco años, habrá que pensar ya en 1,2 millones de unidades, para prever la llegada de más inmigrantes en el próximo lustro. Sí, esas cosas que el cortoplacismo de nuestros políticos no tiene en cuenta.

El mirar para otro lado es lo que yo considero que es un delito de lesa patria. Los políticos se pasan la vida repartiendo cheques para captar votos, pero no se dan cuenta de que tienen tres bombas de relojería bajo los pies y prefieren la táctica del avestruz o, lo que es peor, pensar que las bombas estallarán en los próximos años y ellos ya no estarán al frente del Ejecutivo, por lo que será un problema de otros.

Pero es que el problema es nuestro, de todos los españoles, y no podemos consentir que las reglas de la representatividad parlamentaria nos hurten la solución de los problemas. Si el gobierno asumiera los problemas que tiene, negociara con la oposición las posibles soluciones a los problemas del país y se hiciera un plan a cinco o diez años para resolver los problemas, ya habríamos avanzado bastante, pero el mensaje es “España va como un cohete”, “somos la mejor economía de la Eurozona”, etc.

No se paran a pensar por qué en los primeros siete meses de 2025 la deuda pública se ha incrementado en 70.000 millones de euros. Y si ese dinero se hubiera invertido en un plan de vivienda en el que se estuvieran urbanizando terrenos en los PAU de zonas tensionadas, hasta podríamos aceptarlo, pero no es así, simplemente se sostiene ficticiamente un Estado del Bienestar que acabará estallándonos a todos en la cara, mientras que nuestra Ministra de Hacienda dice, como medida estrella, que va a condonar 83.000 millones de euros de deuda autonómica, cuando lo único que va a hacer es un asiento contable, pasando la deuda del balance de las comunidades autónomas al de la administración del Estado, y aprovechando que el Llobregat pasa por Barcelona, beneficiar a aquellos cuyos votos se necesitan para alargar una legislatura agonizante.

Por eso, insisto, estamos hablando de un delito de lesa patria. Nuestros políticos, con su gestión y con su falta de entendimiento entre ellos, nos están asomando al abismo. No sé dónde estará el punto de no retorno, pero sinceramente creo que estamos cerca.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

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