La Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a pronunciarse sobre una cuestión muy habitual: qué ocurre cuando un contrato de alquiler social finaliza y el inquilino permanece en la vivienda. En una sentencia de junio de 2025, el tribunal analiza un supuesto en el que la arrendataria seguía ocupando el inmueble alegando la existencia de un acuerdo verbal y su derecho a un nuevo alquiler de estas características. El envió de un burofax comunicando la negativa a renovar el contrato fue clave para no prorrogar el alquiler.

Irse de un piso de alquiler antes de tiempo puede salir caro. La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a unos inquilinos a pagar una importante suma a sus arrendadores por abandonar el inmueble apenas tres meses después de firmar el contrato. La sentencia recuerda algo que muchos pasan por alto: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no permite al arrendatario desistir del contrato de cualquier manera. Cuando decide abandonar la vivienda antes de los seis primeros meses, el propietario puede reclamar los perjuicios económicos derivados de esa salida anticipada.

Pagar el alquiler durante años y continuar en la vivienda no significa necesariamente que el contrato siga protegido por las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo acaba de recordar la Audiencia Provincial de Girona en una sentencia que da la razón a una arrendadora que reclamaba recuperar su piso tras finalizar el contrato. La resolución concluye que el alquiler ya había agotado sus prórrogas legales y que la relación entre las partes se encontraba en situación de tácita reconducción. En consecuencia, bastaba con comunicar la voluntad de no renovar.

Instalar aparatos de aire acondicionado sigue siendo una de las causas más habituales de conflictos vecinales, especialmente cuando la unidad exterior queda visible en la fachada o en zonas comunes del edificio. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Ávila ha vuelto a recordar que la oposición a este tipo de instalaciones no puede basarse únicamente en criterios estéticos cuando no existe una prohibición expresa y la afectación sobre los elementos comunes es limitada. La sentencia da la razón a un propietario que colocó el equipo exterior en la parte delantera de su chalet adosado.

El alquiler de habitaciones atraviesa un momento de auge en nuestro país, aunque sigue rodeado de una notable inseguridad jurídica. La duda es recurrente: ¿debe regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos? La respuesta, lejos de ser automática, depende del uso real. El caso arranca en un piso compartido por tres inquilinos. El conflicto se desencadenó cuando, una vez cumplido el plazo pactado en el contrato, la propietaria comunicó su intención de no renovar a una de las inquilinas, solicitando que abandonara la habitación. Ante su negativa a marcharse (entendiendo que tenía derecho a continuar allí), la arrendadora instó el desahucio. Ganó en primera instancia, pero ahora la Audiencia Provincial de Cantabria sentencia que no basta con que el documento hable de “alquiler temporal” mientras la habitación se utilice como residencia estable del inquilino y que puede acogerse a las prórrogas de la LAU.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid vuelve a poner el foco en uno de los conflictos más habituales del mercado del alquiler: la devolución de la fianza. El tribunal ha confirmado que la empresa propietaria del inmueble debe reintegrar este importe al inquilino, rechazando su reclamación por supuestos desperfectos. La clave vuelve a situarse en la prueba, ya que el arrendador no logró acreditar que los daños fueran consecuencia de un uso incorrecto de la vivienda. Por el contrario, la Sala considera que encajaban dentro del desgaste normal derivado del paso del tiempo y del uso cotidiano.

El Tribunal Supremo ha despejado la incógnita: el devengo del Impuesto sobre Sucesiones se sigue produciendo el día del fallecimiento del causante, aunque el testamento se protocolice meses (o incluso años) más tarde. Solo cuando exista un litigio o procedimiento que afecte al derecho a heredar podrían operar las reglas de suspensión. La decisión no es menor, ya que de ella depende el plazo para presentar la autoliquidación y, sobre todo, el cómputo de la prescripción.

Una convivencia estable durante más de 20 años, hijos en común y una vivienda compartida no garantiza el acceso a la pensión de viudedad. Es lo que dispone una Sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a poner el foco en un requisito en el que muchas parejas no reparan. El alto tribunal ha dado la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General (TGSS), denegando la prestación a una mujer que no llegó a formalizar su relación, reforzando una doctrina que, lejos de flexibilizarse, se consolida como una de las más estrictas en materia de protección social.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha respaldado la actuación de Lanbide (el servicio público de empleo de la comunidad autónoma) en un caso que vuelve a poner el foco sobre el control de los perceptores del ingreso mínimo vital. La Sala de lo Social confirma que un beneficiario tendrá que devolver más de 3.000 euros tras detectar ingresos derivados del alquiler de habitaciones que afectaban al cálculo de la prestación. La sentencia refuerza una línea interpretativa cada vez más presente: determinados ingresos, incluidos los derivados del subarriendo, pueden afectar al cálculo y dar lugar a reclamaciones por prestaciones indebidamente percibidas.

Una terraza cubierta de excrementos, residuos y nidos desencadenó un conflicto vecinal que ha terminado en los tribunales. La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a un propietario a pagar una importante indemnización tras considerar acreditado que permitió durante más de un año el anidamiento continuado de palomas en su balcón pese a las advertencias recibidas, afectando a los vecinos de la planta inferior. La sentencia analiza hasta dónde llegan las obligaciones que impone la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y deja una idea clara: aunque el propietario no habite la vivienda, sigue siendo responsable de mantener balcones y terrazas en condiciones adecuadas si su estado puede perjudicar al resto.