El Tribunal Supremo no permite deducir en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) deudas de IRPF de ejercicios anteriores que se liquidaron con posterioridad. Es el caso, por ejemplo, de un ciudadano que quiso deducir en el IP de 2013 deudas del IRPF de 2011, 2012 y 2013 que no le fueron liquidadas y exigidas hasta 2017. Es decir, sólo se podrán deducir las deudas correspondientes al ejercicio en que se notifiquen. Esto mismo se puede aplicar también al nuevo impuesto a las grandes fortunas (Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas), que grava también el patrimonio neto del contribuyente.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la petición de suspender cautelarmente esta norma impugnada. La Junta estima que se vulneran varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el principio de lealtad constitucional e institucional.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de sentenciar que la comisión de apertura de una hipoteca, cuando no se cumplen con los requisitos de transparencia, es abusiva. Así, el TJUE explica que el juez nacional deberá comprobar que el hipotecado está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se deriven para él de dicha cláusula, entender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en ella y verificar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos en el contrato (otras cláusulas).

“La demografía es como la salud, solamente te acuerdas de ella cuando te falta”. Así habla Alejandro Macarrón Larumbe, uno de los analistas demográficos más conocidos de España y que lleva años avisando del problema demográfico que atraviesa nuestro país, ante la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Estima que hoy más que nunca hay que fijarse en la evolución demográfica a la hora de invertir en el sector inmobiliario. Cada vez harán falta más residencias de mayores y menos viviendas en aquellos pueblos que se vayan quedando vacíos.

El Tribunal Supremo tiene otro asunto entre manos sobre el que decidir: si es posible solicitar la devolución exprés de ingresos indebidos por el IBI o la plusvalía municipal, como consecuencia de errores en el Catastro. Muchos son los contribuyentes que se encuentran con errores en el valor catastral de inmuebles de su propiedad. La duda es si obtenida de Catastro una resolución favorable que reconozca el error, es posible pedir directamente la devolución de liquidaciones firmes de IBI o de plusvalía, o si es necesario iniciar un procedimiento especial de revisión ante la firmeza de dicha liquidación.

La magnitud de las quiebras bancarias que han golpeado al sistema financiero estadounidense es, si se observa el total de activos asociados, de una escala alarmante similar a la observada en 2008, aunque causada por sólo dos bancos: Silicon Valley Bank y Signature Bank.

El Tribunal Supremo ha establecido que exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora no vulnera el principio de irretroactividad, siempre que su periodo impositivo sea el año natural, que se devengue el último día de dicho año y que su entrada en vigor haya sido anterior a la fecha de devengo. Es el caso del impuesto a las grandes fortunas, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2022 y que su devengo se fijó el 31 de ese mismo mes.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que vino a adaptar el nuevo impuesto de plusvalía municipal a la declaración de inconstitucionalidad de octubre de 2021.

El Pleno del Congreso ha rechazado la proposición de ley presentada por el Parlamento de las Islas Baleares, que modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que no ha salido adelante por 71 votos a favor, 270 en contra y 4 abstenciones. Este propuesta buscaba dar capacidad normativa a las comunidades autónomas para que pudieran poner un tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas.

Cuando se vende una vivienda, los contribuyentes deben tributar en su IRPF por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición. Es lo que se conoce como ganancia (o pérdida) patrimonial. Pero, ¿qué pasa si el contribuyente no declara la ganancia, y no facilita datos suficientes para determinar cuál fue el valor de adquisición? Algunas Administraciones tributarias han venido considerando que el valor de adquisición del inmueble era de cero euros para cobrar más IRPF. Ahora los tribunales establecen que nunca puede ser de cero euros.