Sentencia supremo

El Tribunal Supremo ha aclarado que todos los propietarios de una comunidad deben contribuir a los gastos comunes, incluso si han ganado un juicio que les obliga a devolver dinero. El caso surgió tras la anulación de una derrama extraordinaria que obligaba a algunos vecinos a pagar, lo que llevó a una nueva controversia cuando los acreedores se negaron a participar en la derrama para ejecutar la sentencia. El Supremo reafirmó que, según el Código Civil, la obligación de contribuir se mantiene para todos, promoviendo la equidad y la unidad en la gestión de comunidades. El fallo establece que esta corresponsabilidad económica es esencial para el funcionamiento adecuado de la propiedad horizontal.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la reclamación de una comunidad de vecinos que exigía la devolución de una cantidad embargada por error de su cuenta bancaria. La Sala de lo Social concluye que el perjuicio alegado no deriva de una resolución dictada por un juez o magistrado, sino de una actuación de la Letrada de la Administración de Justicia durante la fase de ejecución del procedimiento. Al no provenir de una decisión judicial propiamente dicha, el caso no puede considerarse un error judicial en sentido estricto.

El Tribunal Supremo ha despejado una de las dudas más repetidas en el ámbito laboral: ¿es posible que una empresa aplique una sanción más leve de la que marca el convenio colectivo? La respuesta es sí. Y no es una interpretación menor, pues la Sentencia 559/2025, dictada el 10 de junio, marca doctrina y redefine los límites del poder disciplinario empresarial.

Un reciente fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo introduce una excepción al criterio tradicional: los recursos de casación laboral podrán admitirse incluso cuando la cuantía del litigio no llegue al umbral de 150.000 euros, como establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), pero solo cuando se denuncia una infracción procesal que provoque indefensión y ponga en riesgo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. La sentencia supone un giro estratégico en la forma de afrontar litigios en materia laboral y de Seguridad Social, por lo que tiene efectos prácticos para empresas y trabajadores.

¿Puede uno de los cónyuges reclamar dinero si su expareja ha vivido durante años en la vivienda familiar tras la separación? El Tribunal Supremo ha respondido con contundencia: no, salvo que exista un pacto previo o una previsión judicial expresa. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil recuerda que el uso atribuido judicialmente tiene una función asistencial y no genera, por sí solo, un derecho de crédito frente al otro progenitor.

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Sacyr contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2020 que le condenaba a pagar 3,5 millones de euros (más intereses) a su expresidente Luis del Rivero, como indemnización por su cese en 2011. De esta forma, el Alto Tribunal confirma el pago de esa indemnización por parte de la compañía, aunque también ha rechazado el recurso que presentó Del Rivero a esa misma sentencia de la Audiencia de Madrid, ya que pedía que el importe subiese a casi 9 millones de euros.

El distanciamiento entre padres e hijos no siempre nace del rencor. A veces, simplemente ocurre. Pero ¿puede esa falta de contacto justificar que un progenitor excluya a sus descendientes del reparto de su herencia? El Tribunal Supremo se ha pronunciado con claridad, y una vez más, la ley no permite desheredar sin una causa bien justificada. En una sentencia de junio ha confirmado que, aunque el vínculo esté prácticamente roto y la relación sea casi inexistente, eso no basta para apartarlos de su legítima hereditaria. La clave está en el motivo y la prueba.

Tras una separación, la atribución del domicilio familiar se convierte en una de las cuestiones más sensibles: ¿quién tiene derecho a quedarse cuando hay hijos y ambos progenitores comparten su custodia? El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en su sentencia 1765/2025, dictada el 21 de abril, donde precisa que la atribución del uso de la vivienda no puede extenderse hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad, aunque exista desigualdad de ingresos entre los progenitores. Una decisión que no solo resuelve un caso concreto, sino que refuerza una doctrina que busca equilibrio y proporcionalidad en contextos cada vez más habituales.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que las denominadas 'mobile-home' o casas móviles requieren de una licencia urbanística por uso de suelo porque son asimilables a las casas prefabricadas y no a los remolques. El tribunal ha concluido que el diseño de este tipo de viviendas es incompatible con su utilización habitual como vehículo de remolque, aunque puntualmente puedan serlo, y ha añadido que la exigencia de una licencia urbanística para este tipo de casa móviles se justifica en una razón imperiosa de interés general como es la protección del medio ambiente y el entorno urbano.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) ha instado a la banca a que no espere a que el Tribunal Supremo se pronuncie para devolver a los clientes afectados las cantidades que deben por las 'cláusulas suelo', tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que avala el uso de la acción colectiva para reclamar estas cláusulas.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que establece que el Ministerio de Hacienda no puede declarar a un menor de edad sin rentas responsable solidario de las deudas de sus padres en el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando se realiza en la modalidad de tributación conjunta de la unidad familiar. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional solo admite la responsabilidad solidaria de los miembros de la unidad familiar si entre ellos ha habido transmisión de rentas, que no fue el caso, y además confirma que si no percibe ninguna renta, no puede ser declarado contribuyente, y por tanto, es inimputable.

El Tribunal Supremo considera que no hay intromisión al honor si un ciudadano es incluido en la lista de morosos pero previamente se le ha comunicado y solicitado el pago de la deuda pendiente. Así lo fija el alto tribunal en tres sentencias que resuelven tres recursos relacionados con el requerimiento previo de pago al deudor, que es uno de los requisitos de "licitud" de la inclusión de datos personales en los ficheros de información crediticia, más conocidos como ficheros de morosos.