El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Respuesta a la guerra: estas son las principales medidas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el 'Plan Nacional de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el 'veto' a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses. En concreto, hasta el 30 de junio.

Las tres vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, han sido las encargadas de desgranar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales líneas del real decreto-ley aprobado este martes, con el que el Ejecutivo pretende frenar el impacto económico y social que ya está provocando la guerra.

"El impacto de esta crisis en el PIB y la inflación dependerá de la respuesta que demos", ha advertido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha remarcado la voluntad del Gobierno de preservar "al máximo" la senda de recuperación iniciada en 2021.

Por ello, ha defendido que el Gobierno está actuando con "responsabilidad" y ha puesto en valor el "intenso proceso de diálogo" del Ejecutivo con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos y las comunidades autónomas para abordar este real decreto-ley.

El Gobierno contempla la movilización 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.

Repasamos las medidas más importantes que incluye el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas, y que este 30 de marzo ha salido publicado en el BOE:

• Una bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas. En concreto, el Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores. En caso de que el operador no asuma su parte, el Estado se hará cargo del descuento de 20 céntimos. La medida costará unos 1.420 millones de euros al Estado, según los Técnicos de Hacienda, y se aplicará directamente en los repostajes. 
• La limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses. En el caso de propietarios particulares, podrán renegociar la renta con sus inquilinos. En caso de no llegar a un acuerdo, se aplicará ese tope del 2%.
• El aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables. En concreto, se aplicará a los beneficiarios actuales, y también a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor de este real decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
• Se extiende a 600.000 familias más el bono social eléctrico, con el objetivo de  llegar a 1,9 millones de hogares. Según consta en el BOE, se facilita y agiliza el proceso de solicitud del bono social para el conjunto de consumidores vulnerables. "Concretamente, se sustituye el concepto de unidad familiar por el de unidad de convivencia, en línea con la evolución normativa experimentada en la legislación de protección social y se incorpora a los perceptores del ingreso mínimo vital, que podrán acogerse al bono social eléctrico de forma mucho más sencilla", establece el texto. 
• Se prorrogan los descuentos en la factura de la luz para consumidores vulnerables y vulnerables severos, con rebajas del 60% y 70%, respectivamente, 
• Se prorroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, por lo que se aplicará hasta entonces un IVA del 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad continuará en el 0,5% (frente al 5,1% habitual), el mínimo que permite la normativa comunitaria. Por su parte, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica seguirá suspendido en el segundo trimestre. 
• Se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia. "En las crisis no hay que despedir", ha defendido la titular de Trabajo.

Por tanto, el real decreto prohíbe el despido para las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía, ya que estará considerado como injustificado. Díaz ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas 

10.000 millones en créditos ICO para apoyar a las empresas

En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses, según ha explicado Calviño.

Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. "Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo", ha avanzado la vicepresidenta primera.

Además, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

Por otro lado, el plan incluye aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido del 0,5%, siete veces inferior al habitual, para empresas de diversos sectores afectadas por la coyuntura actual. Por ejemplo, las que desarrollen su actividad en el sector del transporte urbano, por carretera y por mar. También se extienden un mes más estos aplazamientos para las empresas Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA).

Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas directas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones para el pesquero. También hay ayudas directas para buques y empresas armadoras por valor de 18,18 millones de euros para compensar por el incremento del precio del gasóleo, con una cuantía de entre 1.550,52 euros y 35.000 euros por barco, dependiendo de su tonelaje bruto.