Una sentencia del Tribunal Supremo ha avalado que pueda limitarse el acceso a la identidad de determinadas empresas cuando su divulgación incremente el riesgo de okupación de alguna de sus viviendas. El fallo analiza el delicado equilibrio entre transparencia y seguridad a raíz de la petición formulada por una periodista. Los datos solicitados incluían datos como el número de inmuebles arrendados, los municipios donde se ubicaban o si pertenecían a personas físicas o jurídicas. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) permitió el acceso a dichos datos, si bien determinó que la identidad de las personas físicas debía aparecer anonimizada.

Subarrendar mientras se vive de alquiler puede tener importantes consecuencias si el propietario deja de autorizarlo. Así lo recuerda la Audiencia Provincial de Madrid, que ha confirmado la resolución del contrato de arrendamiento de una vivienda cuyos inquilinos siguieron ofreciendo una habitación en Airbnb después de que el casero retirase su consentimiento. El propietario había tolerado inicialmente que los inquilinos alquilaran una habitación a terceras personas. Sin embargo, más adelante firmaron un nuevo contrato que prohibía expresamente el subarriendo y, poco después, volvió a comunicar que ya no autorizaba esa actividad.

Donar una vivienda puede salir caro para quienes cobran el complemento a mínimos de una pensión de jubilación. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado en una sentencia que una jubilada debe devolver 3.728 euros por las cantidades percibidas en 2021, después de que la Seguridad Social considerara computable la ganancia patrimonial declarada en su IRPF tras donar un inmueble a su hijo. El tribunal determina que el hecho de que la pensionista no recibiera dinero por la transacción no basta para excluir del cálculo una ganancia patrimonial y que, al contabilizarla, superaba el límite de ingresos que le daba derecho a percibir el complemento.

Que una vivienda presente algunos desperfectos no significa que el arrendatario pueda pagar menos de lo acordado. La Audiencia Provincial de Albacete ha analizado la reclamación de un inquilino que solicitaba una indemnización por los problemas acaecidos en la vivienda que supuestamente los arrendadores no habían atendido. Durante el arrendamiento, reclamó a los propietarios, que residían en Canadá, los desperfectos en elementos como el mobiliario de cocina o la caldera. Sin embargo, la sentencia establece que las deficiencias no afectaban a la habitabilidad ni justificaban la indemnización solicitada.

Causar desperfectos en una vivienda o en sus elementos puede tener consecuencias penales aunque los bienes formen parte de una sociedad de gananciales que todavía no ha sido liquidada. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha analizado el caso de una mujer que el pasado febrero causó daños en la vivienda cuyo uso y disfrute correspondía en ese semestre a su exmarido. La sentencia da por probado que dañó una lámpara rústica del jardín, una silla de exterior, la puerta de la casa y unas contraventanas y la condena a asumir las costas procesales, pagar una multa de 150 euros e indemnizar a la sociedad de gananciales con los 496 euros que costaron las reparaciones.

Tener criptomonedas no significa necesariamente que haya que declararlas en el Modelo 721. El quid de la cuestión está en quién tiene las claves criptográficas privadas. La Dirección General de Tributos ha analizado esta cuestión en una consulta vinculante sobre un residente fiscal en España que constituyó en EEUU una sociedad de responsabilidad limitada para mantener monedas virtuales a largo plazo. El criterio de la DGT es que, si el propio contribuyente conserva las claves y no recurre a un tercero para que las guarde en su nombre, no se cumplen todos los requisitos para que se consideren en el extranjero a efectos del modelo informativo. Pero la situación cambia cuando las custodia una sociedad y se superan los 50.000 euros de inversión.

Es sabido que recibir dinero para una operación inmobiliaria no significa poder disponer de él libremente. Cuando se utiliza para otros fines y no se entrega a quien corresponde, la conducta puede superar el ámbito de un simple incumplimiento y convertirse en un delito de apropiación indebida. Es lo que ha ocurrido en el caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que ha confirmado la condena a un agente inmobiliario que recibió un total de 53.360 euros en tres operaciones y que no entregó las cantidades a sus destinatarios.

Una transferencia bancaria puede acabar en la cuenta equivocada por un simple descuido al teclear el IBAN. Pero ¿qué ocurre cuando el banco es informado después de que ese dinero no iba destinado al titular de esa cuenta? El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta situación y confirma la responsabilidad de una entidad por no actuar tras tener conocimiento de una transferencia realizada por error. La sentencia, que aborda la operación errónea por importe de 28.500 euros que realizó una empresa a otra mercantil, determina que el banco debió adoptar medidas a su alcance para facilitar la devolución de los fondos al cliente o, al menos, para reducir el perjuicio sufrido.

El Real Decreto-ley 29/2026 también ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en cuanto a las reglas sobre determinados gastos que pueden trasladarse al inquilino. La modificación del artículo 20 impide que el arrendador imponga tributos asociados a la vivienda cuando la parte arrendataria no tenga la condición de obligado tributario. Pero la reforma no termina ahí. En las zonas de mercado residencial tensionado, la nueva redacción del artículo 17 introduce límites para evitar que ciertos gastos, impuestos o tasas aparezcan por primera vez en un nuevo contrato o sirvan para superar indirectamente los límites de renta.

Entre las medidas que introduce el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, encontramos nuevas reglas que afectan directamente a la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de viviendas. Desde el 8 de octubre, los anuncios no podrán omitir ni distorsionar información que pueda inducir a error a los posibles inquilinos sobre el inmueble o las condiciones del contrato. La norma va más allá de una obligación general, ya que enumera los datos que deben aparecer en determinados supuestos, como el índice de referencia del precio del alquiler en zonas tensionadas o la condición de gran tenedor.