Una empresa puede cobrar rentas y asumir la posición de arrendadora sin responder, solo por eso, de las cuotas de la comunidad. El Tribunal Supremo ha aclarado que la obligación que la Ley de Propiedad Horizontal atribuye al propietario no se traslada por el mero hecho de gestionar alquileres. El conflicto resuelto por el alto tribunal se inició con una reclamación de más de 10.000 euros por cuotas impagadas dirigida contra la empresa propietaria de dos viviendas y la cesionaria de los derechos arrendaticios

Una sentencia firme no significa que cualquier problema relacionado con un edificio quede cerrado definitivamente. La clave está en determinar qué daños fueron objeto del primer procedimiento y cuáles aparecieron más tarde. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión en una sentencia donde analiza si pueden reclamarse los costes de unas obras ejecutadas para reparar unos desperfectos que aparecieron después de que una primera sentencia ordenase la reparación de otros defectos constructivos.

El deseo de un propietario de vender no permite poner fin al alquiler de forma anticipada, aunque el arrendatario hubiera aceptado esa posibilidad. Así lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia del 2 de julio. El caso tiene su origen en un contrato en el que las partes habían previsto que la vivienda se pondría a la venta transcurrido un año. El acuerdo establecía que, llegado ese momento, el inquilino tendría que dejar el inmueble, sin derecho a indemnización y con renuncia expresa a la prórroga prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

¿Puedes reclamar a tu expareja la parte de la hipoteca o del IBI que pagaste de más durante el matrimonio? En determinadas circunstancias, sí, pero hay una cuestión que a menudo resulta determinante: cuándo empieza a contar el plazo de prescripción. El Tribunal Supremo acaba de precisarlo en su Sentencia núm. 458/2025, de 24 de marzo, donde establece que el cómputo de los cinco años para reclamar el reembolso no tiene por qué comenzar con cada recibo.

Una empresa no puede reducir unilateralmente el porcentaje de teletrabajo pactado en un acuerdo individual. Si, por ejemplo, tiene reconocido el 100% de su jornada en remoto, la compañía no puede reducirlo al 75% sin antes pactarlo con el empleado. Así lo establece el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente determina que el consentimiento del trabajador se vuelve indispensable para modificar las condiciones. También defiende que el plazo para impugnar comienza una vez que la empresa comunica los cambios de forma escrita y clara.

Tener aire acondicionado en casa se ha convertido en una verdadera necesidad en muchas zonas de España. Sin embargo, su instalación en comunidades de propietarios sigue siendo una fuente habitual de conflictos que, en no pocas ocasiones, terminan en los tribunales. Entonces, ¿puede la comunidad de vecinos obligarme a quitar el aire acondicionado? La respuesta es que depende de dónde esté instalado el aparato, si pediste permiso y qué dicen los estatutos de tu edificio. Resolvemos todas las dudas al respecto.

Una vivienda prestada “mientras haga falta” no garantiza a quien la habita que pueda quedarse indefinidamente. Es la idea que refuerza una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la propietaria y avala el desahucio por precario de una ocupante que residía en su inmueble sin pagar ninguna renta y sin una duración determinada. La resolución se centra en las consecuencias de una cesión gratuita cuya duración no quedó fijada de forma concreta

Cuando finaliza un contrato temporal, el empleado puede recibir una indemnización. Pero una cosa es que el Estatuto de los Trabajadores reconozca ese derecho y otra que Hacienda considere esa cantidad exenta en la declaración de la Renta. La Dirección General de Tributos (DGT) acaba de pronunciarse sobre esta cuestión y su respuesta marca una importante diferencia respecto a las indemnizaciones por despido: la cantidad que se cobra al finalizar un contrato por expiración del tiempo convenido no está exenta de IRPF.

Un vecino deudor puede tener que pagar algo más que las cuotas pendientes si la comunidad aprobó previamente un mecanismo disuasorio frente a la morosidad. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial de Cantabria en una sentencia del 20 de julio, que ha condenado al propietario a pagar 3.330 euros (2.775 de deuda y 555 euros correspondientes a un recargo del 20%), más los intereses legales y las costas de la primera instancia. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite a las comunidades adoptar medidas disuasorias frente a la morosidad, aunque con ciertos límites: deben ser proporcionadas y no tener carácter retroactivo.

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado que un propietario debe retirar el tabique con el que cerró por completo la ventana de la vivienda que daba a su patio. Llevaba abierta, al menos, desde mediados del siglo XX, y el cierre se produjo mientras los vecinos discutían en los tribunales el derecho a mantenerla. El conflicto tiene su origen en unas obras iniciadas a mediados de septiembre de 2020 por el propietario de la finca del patio, que quedaron situadas entre 2,50 y 2,60 metros de la ventana.