El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha avalado que los inspectores municipales de urbanismo puedan entrar en una vivienda en obras para comprobar posibles irregularidades, incluso sin autorización del propietario, siempre que el inmueble no esté habitado. Esta resolución marca un precedente para ayuntamientos y propietarios en materia de inspección urbanística y sanciones por obras ilegales. El TSJ ha confirmado una sanción de 30.086,12 euros impuesta por el Ayuntamiento de Molina de Segura a un vecino por realizar una reforma integral sin la preceptiva licencia de obra mayor.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que guardar silencio al ser emplazado en un procedimiento judicial no significa aceptar una herencia. Así lo establece en una sentencia que marca una diferencia fundamental entre no rechazar una herencia y asumirla de forma tácita. El Supremo aclara que la aceptación de una herencia no puede deducirse de un simple silencio o de una actitud pasiva. Recuerda que la sucesión se abre con la muerte del causante y que, hasta que los llamados aceptan, la masa hereditaria se encuentra en situación de herencia yacente, es decir, sin titular definitivo.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha puesto punto final a un divorcio de gran complejidad jurídica. La sentencia modifica parcialmente la resolución de primera instancia al revisar el uso de la vivienda familiar y consolidar la custodia materna de los hijos. El punto más controvertido del caso ha sido el uso del domicilio, cuestión en la que la Audiencia Provincial de Cáceres estima parcialmente el recurso del padre. El tribunal considera acreditado que la madre convive con una nueva pareja en el inmueble que había sido la residencia de la familia, circunstancia que hace que la vivienda pierda su carácter familiar y no pueda seguir atribuida en exclusiva al progenitor custodio.

Colocar un toldo o una pequeña instalación en la terraza puede parecer algo sin importancia, pero hacerlo sin permiso de la comunidad puede salir caro. Así lo ha recordado la Audiencia Provincial de Madrid, que ha confirmado una sentencia que obliga a una vecina a retirar un toldo y una puerta metálica colocados en una terraza de uso privativo. El tribunal concluye que estas obras supusieron una modificación no autorizada de elementos comunes del edificio, realizada sin el consentimiento de la comunidad.

La Audiencia Provincial de Navarra ha dado la razón a una vecina de Ochagavía que reclamaba la titularidad de un terreno contiguo a su vivienda, tras demostrar que su familia lo ha utilizado de forma pacífica, pública y continuada durante más de 50 años. La sentencia confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Aoiz y aplica la prescripción adquisitiva (usucapión) ordinaria. El terreno, de unos 93 metros cuadrados, se encuentra delimitado por un murete de piedra y cuenta con acceso exclusivo desde la vivienda principal. Su historia se remonta a la década de 1960, cuando las familias colindantes acordaron verbalmente la cesión del terreno a cambio de que la primera construyera un muro de contención para evitar desprendimientos entre ambas fincas.

El Tribunal Supremo ha zanjado un debate clave sobre la conciliación laboral y la igualdad retributiva en España. La Sala de lo Social ha confirmado que las personas que disfrutan de una reducción de jornada por guarda legal tienen derecho a percibir íntegro el complemento de asistencia, siempre que cumplan su horario, sin que la empresa pueda reducirlo de forma proporcional por trabajar menos horas. Se trata de una sentencia que refuerza el principio de igualdad retributiva y que marca un precedente en la interpretación de los convenios colectivos en materia de conciliación familiar.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado dejar en suspenso el desahucio y lanzamiento de un inquilino en situación de vulnerabilidad, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, que extiende hasta el próximo 31 de diciembre las medidas excepcionales de protección frente a la pérdida de vivienda habitual. El tribunal entiende que, dada la condición de gran tenedora de la propietaria y la vulnerabilidad acreditada por el arrendatario, debe aplicarse la protección excepcional prevista para hogares sin alternativa habitacional. El fallo no impone costas y permite a la arrendadora solicitar una compensación.

El Tribunal Supremo ha aclarado que todos los propietarios de una comunidad deben contribuir a los gastos comunes, incluso si han ganado un juicio que les obliga a devolver dinero. El caso surgió tras la anulación de una derrama extraordinaria que obligaba a algunos vecinos a pagar, lo que llevó a una nueva controversia cuando los acreedores se negaron a participar en la derrama para ejecutar la sentencia. El Supremo reafirmó que, según el Código Civil, la obligación de contribuir se mantiene para todos, promoviendo la equidad y la unidad en la gestión de comunidades. El fallo establece que esta corresponsabilidad económica es esencial para el funcionamiento adecuado de la propiedad horizontal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto una cuestión que había generado interpretaciones dispares: los animales de compañía transportados en avión deben incluirse en el concepto de “equipaje” conforme al Convenio de Montreal de 1999, el tratado internacional que unifica las normas sobre la responsabilidad de las aerolíneas en caso de pérdida, daño o destrucción por los efectos facturados. Además, limite las indemnizaciones a un máximos de 1.600 euros, incluso cuando el pasajero alegue daño moral.

La disputa entre herederos por una terraza ha dado un giro en segunda instancia. La Audiencia Provincial de Jaén ha estimado el recurso de apelación interpuesto por tres herederos, revocando la sentencia del Juzgado de Martos que reconocía la propiedad exclusiva de ese espacio a otra rama familiar. El tribunal concluye que no se acreditó con la suficiente precisión la titularidad dominical ni la identificación física del bien reclamado, y que el uso prolongado del mismo no equivale a posesión en concepto de dueño, por lo que deja sin efecto la orden de derribar un muro y de restituir el acceso.