El acuerdo entre PSOE y Podemos para desatascar la Ley de Vivienda, que incluye medidas como regular las rentas a los grandes propietarios o subir el IBI a los pisos vacíos, ha desatado una oleada de críticas por parte de agentes inmobiliarios, consultoras, economistas, promotoras, inversores, empresarios y políticos de todos los signos. Pero el Gobierno está intentado aplacar los ánimos en los últimos días con varios mensajes, como que la regulación de las rentas no entraría en vigor hasta 2023 y que afectaría como mucho a 150.000 viviendas en toda España, y pide cautela hasta conocer el texto íntegro, al que califica de "equilibrado".