Nuestros políticos se equivocan con la vivienda de alquiler

El acceso al alquiler se está haciendo casi imposible para muchos inquilinos que no pueden acceder al mercado de la compraventa, y solo les queda como opción el alquiler para poder independizarse.

El origen de la dificultad en el acceso al alquiler está en la gran cantidad de medidas intervencionistas que se han adoptado últimamente, casi siempre en perjuicio de los que pueden aumentar la oferta de viviendas en alquiler, que no son otros que los arrendadores privados.

Estas medidas intervencionistas se han establecido sin ningún rigor, solo atendiendo a criterios ideológicos ya superados, pensando que los inquilinos son los pobres a los que hay que ayudar y los arrendadores, los ricos que no necesitan ningún apoyo por parte del Estado. Y sin tener en cuenta que el ataque a los arrendadores también iba a repercutir sobre los inquilinos, como está ocurriendo en la actualidad.

¿En qué medida afectan a los inquilinos las medidas intervencionistas?

De dos maneras, por un lado, los arrendadores, ante la reinante inseguridad jurídica creada por la aprobación de estas medidas, están reduciendo la oferta de viviendas en alquiler, bien no alquilando más las viviendas al vencimiento de los contratos actuales, bien vendiéndolas a su vencimiento. Está reducción de la oferta, lo que está haciendo en una coyuntura de alta demanda, es que los precios suban y no bajen, justamente lo contrario que se pretendía con la aprobación de este tipo medidas.

De otro lado, las medidas intervencionistas también afectan a los inquilinos porque los arrendadores ante las consecuencias tan gravosas que les produce en muchos casos, que los inquilinos dejen las viviendas a su marcha en malas condiciones o ante la enorme dificultad que les supone recuperar las viviendas en casos de impagos de rentas, actualmente cerca de 18 meses, han decidido aumentar las garantías que solicitan a los inquilinos, siendo mucho más rigurosos en los procedimientos de selección, llegando a exigir requisitos, en muchos casos muy difíciles de cumplir para la gran mayoría.

Esto permite observar cómo una mala planificación política del mercado del alquiler está reduciendo la oferta de viviendas y encareciendo los precios, perjudicando notablemente a los inquilinos más vulnerables, que son a los que se trataba de proteger con estas políticas intervencionistas.

Me pregunto, ¿no hubiera sido más fácil ayudar también a los arrendadores?, precisamente porque es el parque de viviendas de los arrendadores privados, el que se ha utilizado como instrumento para hacerles partícipes de la carencia de vivienda pública en alquiler. Estas ayudas se podrían haber implementado a través de subvenciones directas o compensaciones fiscales en las declaraciones de renta de los propietarios, de esta manera, estoy seguro de que muchos no se habrían salido del mercado del alquiler como lo están haciendo en la actualidad

También me pregunto si no hubiera sido mejor que dictar toda la amalgama de decretos que actualmente regulan este mercado, establecer un marco jurídico más estable, seguro y predecible que el actual, de forma que los arrendadores se sintieran más protegidos cuando tuvieran problemas con el alquiler de sus viviendas. Solo de esta manera se evitaría que tuvieran que exigir las garantías tan rigurosas que exigen actualmente a los inquilinos, que frenan muchas operaciones de alquiler.

En la respuesta obvia a estas dos preguntas está la solución al problema del alquiler en España.