Si pasa estos días por la plaça de la Seu, en Barcelona, no será la Catedral lo único que le impresione.
La relación entre Airbnb y el actual Gobierno municipal de Barcelona es pasional y tormentosa.
Investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han concluido que el alquiler de larga duración en el archipiélago es más rentable que el alquiler vacacional que se ofrece a través de plataformas como AirBNB.
El ‘plan de choque’ del Ayuntamiento de Barcelona para controlar y acabar con los pisos turísticos que no cuentan con licencia para operar ya se ha granjeado enemigos: los propios propietarios de las viviendas vacacionales.
La plataforma Airbnb va a recurrir la multa de 30.000 euros interpuesta por el Ayuntamiento de Barcelona por considerar que anuncia en sus páginas pisos turísticos ilegales.
El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a imponer multas de hasta 60.000 euros a plataformas del alquiler vacacional como Airbnb y Homeaway por la proliferación en la ciudad de pisos turísticos ilegales. Las sanciones podrían llegar hasta los 600.000 euros. A estas sanciones se suma el cierre de hasta 256 pisos turísticos en julio y el envío de cartas a los barceloneses para que denuncien si en su comunidad hay viviendas vacacionales ilegales.
“De los datos que figuran a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se deduce que ha sido destinatario de ingresos por alquiler de inmuebles intermediados por plataformas electrónicas […]”.
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