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Las plataformas de alquiler turístico, contra la última campaña de Colau: camas en la calle para frenar la ilegalidad

Cama instalada en la plaça de la Seu, frente a la Catedral de Barcelona
Cama instalada en la plaça de la Seu, frente a la Catedral de Barcelona
Autor: Redacción

Si pasa estos días por la plaça de la Seu, en Barcelona, no será la Catedral lo único que le impresione. El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una campaña muy curiosa para promover el uso de los alojamientos legales instalando camas en lugares turísticos públicos como la Sagrada Familia o la playa de la Barceloneta. Una medida que, sin embargo, ha levantado ampollas en plataformas de viviendas vacacionales y asociaciones. El sector denuncia una ‘caza de brujas’ y pide al equipo de Ada Colau que explique también los beneficios de los alquileres legales en la ciudad.

La campaña se realiza en su objetivo de "concienciar un turismo justo y sostenible". Lo primero que se ve, aparte del lecho tamaño matrimonial, es un mensaje: "que esta cama esté disponible en internet no significa que sea legal". Hasta que uno no se acerca un poco más a la cama no aprecia en el marco que la encuadra la siguiente web, www.fairtourism.barcelona, para que los transeúntes se informen sobre las viviendas turísticas que cuentan con licencia para operar. La página está en catalán, español, francés, inglés y alemán, dirigida claramente a los turistas.

Indicando la dirección del piso, te saltará un mensaje advirtiendo que "si tu dirección aparece en la lista, la vivienda dispone de licencia municipal". Aparte, hay una breve explicación sobre su lucha contra "la oferta sumergida”.

Aparte de la Catedral, la campaña visual (que durará hasta el 20 de julio) se ha instalado en las áreas más visitadas de la ciudad, como los distritos de Ciutat Vella, Gràcia, Sant Martí o Eixample, además del transporte público y el aeropuerto de Barcelona, donde también se distribuirán folletos informativos.

El Ayuntamiento ha recordado que en los meses transcurridos de 2017 han abierto 2.080 expedientes a viviendas de uso turístico de la ciudad y han dictado 1.068 órdenes de cese, aparte de 1.461 procesos sancionadores. Airbnb, la principal empresa con la que tiene la guerra abierta el Ayuntamiento, comunicó que ya han retirado unos 1.300 anuncios de su web y que estudiarán la propuesta del Gobierno municipal.

Mientras tanto, en su web se podía encontrar fácilmente la advertencia a los usuarios de un apartado de centro de ayuda desde el cual la plataforma ofrece información al usuario sobre la obligatoriedad de informar el número de licencia debido a la normativa local, ahora lo que aparece antes es esta advertencia en seguridad que avise a su equipo de sistemas "antes de divulgarlos públicamente" para "proteger la privacidad y los datos de nuestros usuarios".

Las primeras críticas

Las reacciones a esta campaña no han tardado en llegar. Es el caso de Almudena Ucha, responsable de Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional de idealista, quien considera que "esta campaña solo puede contribuir a dar una mala imagen de las viviendas turísticas, de las ilegales, y de las legales. Los visitantes de la Ciudad Condal se encontrarán desde el mismo aeropuerto y en los principales puntos turísticos de la ciudad una campaña que da una mala imagen de todo el sector del alquiler vacacional.

Desde Rentalia sostienen que “esta campaña no favorece siquiera a la oferta legal de alojamientos, al considerar las viviendas turísticas un alojamiento injusto y poco sostenible. Estas acusaciones se caen por su propio peso ya que el alquiler vacacional es una de las mejores formas de repartir los ingresos turísticos entre un mayor número de personas, y además es más sostenible al fomentar el aprovechamiento de un recurso clave como es la segunda residencia del propietario."

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) también ha cargado contra la medida. En un comunicado publicado en su portal web, la organización muestra su rechazo y ha insistido en que no solo se debe luchar contra los pisos ilegales, sino que el Gobierno municipal también tiene que explicar los beneficios de contratar un piso legal en la ciudad.

Enrique Alcántara, presidente de Apartur, explica que "el Ayuntamiento debería potenciar los profesionales que estamos haciendo bien nuestro trabajo". Alcántara ha manifestado también que el reto de Barcelona es "asegurarse de que se erradican los alojamientos ilegales ampliando la oferta de viviendas de uso turístico legales que pagan impuestos y así poder tenerlos controlados.