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Aseguran que no se trata de una guerra, pero con cada capítulo que suma el Ayuntamiento de Barcelona con AirBnb cada vez crece la polémica. Esta semana se formaliza la sanción de 600.000 euros contra la plataforma, la máxima que prevé la Ley de Turismo de Cataluña. Alegan que reinciden en ofrecer pisos turísticos sin licencia. Inmediatamente iniciarán los trámites de otra multa por el mismo valor hasta obligarles a cumplir la ley: que todos sus anuncios cuenten con número de licencia legal.

Pero esto resulta complicado de obtener porque el Ayuntamiento tiene paralizadas las concesiones de nuevas licencias para viviendas vacacionales, lo que pone, de facto, en situación de ilegalidad a las viviendas a las que precisamente el consistorio declara ilegales sin dar ninguna opción para legalizarlas. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Este episodio se gesta después de que estos días se hayan hecho eco los medios de dos casos de prácticas irregulares en Barcelona. Por una parte, La Vanguardia destapó un piso en La Barceloneta cuya propietaria descubrió que su inquilino lo realquilaba como apartamento turístico. El contrato de alquiler residencial contaba con una cláusula que impedía el realquiler, un piso de 30 m2 reformado a 950 euros el mes. 

El otro incidente fue detectado por el propio Ayuntamiento, donde un piso de alquiler residencial estaba teniendo un uso turístico ilegalmente. La práctica irregular fue presuntamente cometida por un (ya) exdirectivo de AirBnb. La teniente alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, declaró con severidad que este tipo de actuaciones son "inaceptables e injustificables", aunque no pudo dar pruebas de que efectivamente había ocurrido como ella explicó.

Sanz, acompañada por el regidor de Empresa y Turismo, Agustí Colom, ha comparecido para manifestar que continuarán actuando "con contundencia" ante las prácticas ilegales vinculadas a los pisos turísticos. Su objetivo es seguir trabajando con la Generalitat, en manos de quien está regular las leyes para esta actividad, con la intención de explorar nuevas vías para "fortalecer la legislación vigente, hasta incrementer las sanciones por reincidencia y superar el umbral de 600.000 euros por infracciones muy graves".

Desde el Ayuntamiento barajan incluso, en última instancia, pedir al Gobierno autonómico que impida a Airbnb operar en la ciudad si no logran que sean estrictos con los usuarios que se anuncian en él, porque son "cómplices" de esa actividad ilegal y tienen "algún tipo de responsabilidad al respecto" en esa infracción, ha aludido Sanz. AirBnb ya ha avanzado que recurrirá la multa y se han mostrado "decepcionados con la amenaza" por "las declaraciones falsas" del Ayuntamiento.

No obstante, cabe recordar que ya anteriormente un juez ha anulado dos multas por un total de 31.500 euros impuestas en 2014 por la Generalitat a Airbnb por entender que el alquiler de vivienda por parte de particulares no está regulado por ley. 

La teniente alcalde ha señalado que son muchas las ciudades que toman de ejemplo Barcelona en "su buena práctica de regular esta actividad". Algo que se contradice con las declaraciones emitidas con anterioridad por AirBnb. La plataforma, presente en 191 países, declaraba que "Barcelona es la única ciudad que los ha multado" y aseguraba que tienen acuerdos en colaboración con otras ciudades como París, Lisboa o Ámsterdam donde desde el portal recaudan el impuesto turístico. 

En una simple búsqueda de AirBnb y Barcelona aparece un apartado de centro de ayuda desde el cual la plataforma ofrece información al usuario sobre la obligatoriedad de informar el número de licencia debido a la normativa local. Además, detalla cómo se establece la regulación de la actividad en dicha comunidad y ciudad. Nada que no hayan hecho las demás plataformas de anuncios de alquiler vacacional.

Cabe recordar la mesa de trabajo que constituyó hace apenas dos meses el Ayuntamiento de Barcelona junto a las principales webs de pisos turísticos. HomeAway, Booking, TripAdvisor, Apartur y Rentalia. Excepto AirBnb, el único portal con varias sanciones interpuestas. La reunión servía como "reconocimiento del Ayuntamiento hacia estas plataformas", aseguró Agustí Colom, concejal de Turismo, y así colaborar con ellas en que sus usuarios cumplan la normativa. Eso es, principalmente, informar del número de licencia para que los inspectores del Consistorio comprueben si la licencia es legal o, bien repetida o falsa. En esos dos últimos casos, se retiraría el anuncio.

Balance de un año de inspección

Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Barcelona, se calcula que la ciudad cuenta con más de 15.500 apartamentos turísticos. Desde 2016 hasta mayo de este año, el Gobierno municipal ha acumulado un total de 5.909 expedientes disciplinarios, de los cuales 3.211 han sido sancionadores. En ese mismo tiempo se han dictado 2.189 órdenes de cese en pisos que no disponían de la licencia correspondiente. Solo 127 han sido precintados.

Los realquileres, de residencial a turístico, en este año se han contabilizado 316 casos, un 10% de los expedientes sancionadores. La mayoría de casos se concentran en las áreas con mayor presión turística. Esto es, L'Eixample, con 103, Ciutat Vella (92), Gràcia (39) y Sant Martí (34). 

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1 Comentarios:

juanguga
18 Febrero 2018, 0:48

Sin embargo los ocupas solo necesitan dar una patada a la puerta, no es necesaria licencia, eso solo para los fascistas.

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