Congreso de los diputados

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado la rebaja del IVA de los carburantes, la luz y el gas, y la batería de medidas económicas y fiscales del decreto para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Real Decreto-ley 7/2026 ha salido adelante en la Cámara Baja con

Los dos reales decretos que aprobó el viernes el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias económicas entraron en vigor el 22 de marzo, tras su publicación en el BOE. Este jueves se votará en el Congreso el texto que incluye una batería de medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% de los carburantes, la luz o el gas, mientras que todavía no hay fecha oficial para el debate de la prórroga de los contratos de alquiler de dos años y el tope del 2% en las actualizaciones de los arrendamientos. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevar el decreto a la Cámara Baja y, de momento, no tiene apoyos suficientes para su convalidación. Por tanto, las medidas podrían perder sus efectos jurídicos.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este 18 de marzo el decreto ley de ayudas por los recientes temporales en Andalucía y Extremadura, un texto que incluía una disposición adicional para incorporar la deducción en el IRPF de hasta 591 euros para las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2026 ha subido hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Según cálculos de Hacienda, un trabajador que cobre el SMI pagará 365 euros menos de IRPF respecto al año pasado.

Podemos ha registrado una reforma legal en el Congreso con la que propone una moratoria en la concesión de nuevas licencias de vivienda turística por cinco años en ciudades de más de 200.000 habitantes. La reforma de la formación morada se plasma en una enmienda registrada a la proposición de ley de EH Bildu sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos. En la misma propuesta, Podemos ha incluido otra enmienda para que en las zonas tensionadas, los pisos turísticos no puedan superar el 2% del parque total de viviendas.

El PSOE ha registrado una serie de enmiendas en el Congreso para tratar de rebajar la proposición de ley de Bildu que se tramita en la Cámara Baja para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con un número de licencia o registro. Entre las enmiendas destaca eliminar el artículo 25 de la normativa, que propone impulsar una unidad especializada para la inspección y control de las viviendas de uso turístico. También se opone a que el Ministerio de Vivienda o de Consumo establezcan en el plazo de tres meses un régimen sancionador que multe a las empresas por las malas praxis estipuladas en la proposición.

Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el BNG han registrado un paquete de enmiendas a la Ley de Dependencia, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, con el contenido del decreto del llamado 'escudo social', como la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de agua y luz a gente vulnerable, después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado el decreto con los votos de PP, Vox y Junts y haya perdido sus efectos jurídicos. El objetivo de estas tres formaciones políticas es garantizar "su carácter estructural y evitar que desaparezcan".

El Pleno de la Cámara Baja ha vuelto a tumbar el decreto del escudo social con la prórroga de los desahucios por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos. A pesar de que el Gobierno pactó con el PNV eximir de la nueva moratoria a los pequeños propietarios tras la caída de la iniciativa que incluía el ‘decreto ómnibus’ en enero, Junts, PP y Vox han tumbado el segundo decreto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Tanto la suspensión de los desahucios como la posibilidad de los propietarios de solicitar una compensación quedan sin efectos jurídicos.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, entre los que se encuentran el escudo social con la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos, texto que contará previsiblemente con el voto en contra de PP, Junts y Vox y que, por tanto, podría dejar de tener efectos jurídicos. Ese mismo día también se debatirán las ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta que ha presentado esta semana el PP en materia de vivienda, aunque no tiene carácter vinculante. Entre las medidas que la Cámara Baja reclama al Gobierno están bajar el IVA de la primera vivienda nueva del 10% al 4%, bonificar el IRPF a los jóvenes en sus primeros años de vida laboral para fomentar el ahorro, generar las condiciones de mercado necesarias para que se puedan desarrollar un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años con ayuda del sector privado, movilizar suelo público, reducir trabas administrativas y permitir que los ayuntamientos usen sus remanentes para invertir en vivienda asequible. El PSOE se ha absentido en algunos puntos y ha apoyado otros.

Los propietarios que se hayan visto afectados por la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por el impago del alquiler todavía están a tiempo de solicitar una compensación económica a la Administración Pública. Según la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el nuevo plazo se abrió el pasado 5 de febrero, cuando entró en vigor el nuevo decreto antidesahucios, aunque puede tener los días contados. Si el Congreso vuelve a tumbar la prórroga, también decaerán las indemnizaciones. Asval apremia a los arrendadores a que realicen la petición de forma inmediata, ya que todo se decidirá en apenas tres semanas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparecerá el próximo viernes en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de las últimas medidas en materia de vivienda anunciadas por su departamento. La Diputación Permanente ha aprobado esta comparecencia fuera del periodo normal de sesiones a petición del PP, para que al ministra rindiera cuentas de las acciones de su ministerio para contener los precios del alquiler y de la compraventa de vivienda además de las últimas medidas puestas en marcha.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el 'decreto ómnibus' que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que incluía una bateria de medidas, desde la subida de las pensiones a la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago del alquiler y las deducciones fiscales por rehabilitar viviendas, los nuevos coeficientes para calcular la plusvalía municipal o la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. Los votos en contra de PP, Junts y Vox han dejado sin efectos jurídicos el decreto y han protagonizado la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo de 2026, aunque no se descarta que vuelvan a votarse de forma independiente para que muchas de ellas salgan adelante en las próximas semanas.

La Cámara Baja ha convocado un pleno extraordinario el próximo 27 de enero, en el que previsiblemente se votará el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que contempla la prórroga de la suspensión de desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables y de los descuentos del bono social, la subida de las pensiones o la renovación de los incentivos fiscales para comprar vehículos eléctricos y por obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

La ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en el Congreso este febrero, según han informado desde el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid en un comunicado, en el aseguran que el Gobierno se ha comprometido en que así será.Esta nueva normativa es una m

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el sistema que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas y que será obligatorio a partir de 2027, un año más tarde de lo que estaba previsto. No obstante, la Cámara Baja ha rechazado por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028, por lo que por lo que el Gobierno usará una senda fiscal más estricta para las CCAA a la hora de elaborar los Presupuestos del próximo ejercicio.

El Congreso ha rechazado este martes con los votos de PP, Vox y UPN la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. La proposición de ley ha contado con el apoyo del PSOE y de Sumar, los dos partidos del Gobierno. La formación catalana planteaba un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas. Así, el impuesto progresaba del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.En una rueda de prensa en el

El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus inmuebles a alquiler social o asequible. La iniciativa se recoge en una enmienda en la ley para transponer una directiva europea sobre criptomonedas y plantea eximir del impuesto a las rentas obtenidas con la transmisión de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento y se apliquen rentas bajas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

Esquerra Republicana (ERC) ha decidido llevar al Pleno del Congreso del 11 de noviembre una proposición de ley para crear un impuesto a propietarios de tres o más viviendas, poniendo a prueba al PSOE en pleno choque por la crisis de vivienda y tras la ruptura anunciada por Junts. La iniciativa contempla un tributo aplicable a partir de la tercera vivienda y que aumenta de forma progresiva, que arranca en el 4% y alcanzaría el 12% en el quinto inmueble. A partir de ahí, se añadiría un 5% adicional por cada nueva unidad. El partido catalán también pide subir el IBI a los grandes tenedores y modificar el régimen fiscal de las socimis.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado en el Congreso de los Diputados el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para el que no ha encontrado el consenso esperado ante una propuesta que prevé una inversión de 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. El plan no tiene que pasar la votación de la Cámara Baja ya que se regula por real decreto que entrará en vigor a comienzos de año. Junts y Podemos han sido los más críticos al exigir que se construyan las cientos de miles de viviendas que Pedro Sánchez prometió en campaña, mientras que PP y VOX denuncian que las políticas de Vivienda del Gobierno generan inseguridad jurídica

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha pedido al Gobierno que apoye su proposición de ley para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia que se planteará en el próximo Pleno del Congreso de los Diputados para su tramitación. Por su parte, ERC también presentará una batería de medidas en materia de vivienda que penalicen la compra especulativa, aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos, subir el IBI a los pisos de grandes tenedores o eliminar los privilegios fiscales a las socimis.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que espera consolidar un sistema público de acceso a la vivienda y ha mostrado su preocupación por el incremento de los precios en una reunión con agentes sociales para presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP con la que pide al Gobierno derogar la Ley de Vivienda aprobada en 2023, aunque siguen sin aprobarse medidas para acabar con la ocupación ilegal de viviendas y la inquiocupación.

Pedro Sánchez ha anunciado que pondrá en marcha varias medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. La más destacada es un programa con ayudas de casi 30.000 euros para impulsar los alquileres con opción a compra de viviendas protegidas para los menores de 35 años. También ha anunciado que el seguro de impago de rentas que anunció en enero entrará en vigor próximamente y que habrá ayudas de unos 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios que tengan un máximo de 10.000 habitantes.

El Congreso ha aprobado este miércoles las enmiendas de totalidad que el PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por lo que el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado retirado del trámite parlamentario. El veto de los tres partidos ha prosperado con los 178 votos de las tres formaciones y UPN. El Gobierno tendrá que empezar de nuevo, si quiere volver a sacar adelante esta medida, algo que Yolanda Díaz ya ha dicho que hará.

El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un examen parlamentario crucial para el que PSOE y Sumar no cuentan con mayoría suficiente y está pendientes de que Junts pueda levantar la barrera y, en su caso, de que no haya ausencias, incluyendo al exministro socialista José Luis Ábalos. Aunque son tres textos distintos, sólo habrá una única votación, y en caso de salir adelante el Gobierno tendría que comenzar de nuevo con su elaboración