
Llega una propuesta al Congreso de los Diputados para facilitar la financiación de las viviendas industrializadas.
La iniciativa parte del Grupo Socialista, que ha registrado una enmienda al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para plantear una reforma legal que mejorar la financiación de la construcción industrializada, un sistema en el que los componentes que forman parte del sistema para construir una edificación se fabrican industrialmente en un lugar distinto a la obra y luego se trasladan a esta para montarse y ensamblarse.
En concreto, lo que plantea el PSOE es reformar de ley de 1954 sobre la hipoteca mobiliaria, a pesar de que hasta ahora se estaban analizando otras alternativas como modificar la normativa ECO, que regula las tasaciones inmobiliarias y que lleva vigente desde el año 2003 a través de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
Según el partido, uno de los obstáculos para estas viviendas tiene que ver con la financiación, pues con la legislación actual no es posible constituir una hipoteca mobiliaria sobre estos módulos construidos fuera del lugar de edificación de un inmueble.
Ante esta imposibilidad, las entidades financieras, a la hora de conceder financiación para la autopromoción de inmuebles que emplean esta nueva técnica, han venido empleando soluciones que pasan por la obtención de avales, seguros de caución o constitución de prenda sin desplazamiento.
Para soslayar este inconveniente, el PSOE propone modificar el artículo 12 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, de forma que pueda constituirse una hipoteca mobiliaria sobre "el conjunto de módulos constructivos móviles destinados a ser montados, ensamblados e incorporados como edificación unitaria a un inmueble".
Según el texto del BOE, dicho artículo destaca que actualmente solo pueden ser hipotecados los establecimientos mercantiles; los automóviles y otros vehículos de motor, así como los tranvías y vagones de ferrocarril, de propiedad particular; las aeronaves; la maquinaria industrial; y la propiedad intelectual y la industrial.
La problemática y las alternativas iniciales
En los últimos años, al calor de la necesidad de reducir los plazos y los costes de la construcción y con una acuciante falta de mano de obra en el sector como telón de fondo, el desarrollo parcial de promociones residenciales en fábricas está creciendo en España. El gran escollo para su impulso definitivo es la falta de financiación bancaria para este tipo de construcción industrializada.
Para buscar soluciones a este problema, el pasado verano se creó un grupo de trabajo multidisciplinar, como publicó idealista/news. Este grupo de trabajo estaba capitaneado por Conocimientos Imprescindibles de Arquitectura y Real Estate (CIARE), un espacio formativo especializado en el sector inmobiliario que tiene al frente al empresario y arquitecto Fernando Catalán Ocón; y contaba con la participación de representantes de la Administración Central, así cini despachos de abogados, entidades financieras, aseguradoras y tasadoras.
Actualmente, la normativa impide que todos aquellos elementos que se fabriquen o almacenen fuera del solar donde se está levantando la promoción puedan formar parte de la garantía hipotecaria. Por tanto, no están garantizados, con el riesgo que ello conlleva para una entidad financiera. De ahí que la banca no sea proclive a conceder financiación al promotor en estos términos.
Desde el sector promotor explicaban a idealista/news que el actual sistema de financiación es inadecuado para que las empresas puedan industrializar, puesto que todos los elementos que se fabrican lejos del suelo finalista no son susceptibles de optar a créditos bancarios. Mientras, desde el sector financiero confirmaba la necesidad de poner remedio a este escollo ante la falta de mano de obra y la necesidad de una construcción más rápida y eficiente en términos de sostenibilidad. No obstante, alertaba de que el encaje legal no era sencillo.
Además de modificar la Orden Eco, otra alternativa que estaba sobre la mesa era la posibilidad de modificar la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (Ley 5/2019, que entró en vigor en junio de 2019), más conocida como la ley hipotecaria. No obstante, esta vía suponía modificar una normativa que está funcionando con éxito y existía el riesgo de generar inseguridad jurídica por el cambio.
La propuesta del PSOE, en cambio, se basa en la modificación de la ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, que data de mediados del siglo pasado, para añadir que también son susceptibles de ser hipotecados los módulos constructivos.
El interés por acelerar y abaratar la construcción
El PSOE defiende en la justificación de la enmienda, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press, que este tipo de construcción permite acelerar y abaratar un proyecto de construcción. En cuanto a los tiempos, la reducción puede estar entre un 20% y un 25% y, con instaladores apropiados, puede llegar a reducirse los costes en hasta un 20%, según un estudio elaborado por la consultora McKinsey.
Asimismo, el citado informe menciona que, en una previsión moderada de penetración, el valor de mercado de la construcción industrializada sólo en la construcción de nuevos inmuebles podría alcanzar los 130.000 millones de dólares en Europa y EEUU de aquí a 2030. "En previsión de lo anterior, es necesario realizar los ajustes necesarios para allanar el terreno y soslayar determinados obstáculos a su desarrollo", señala el PSOE.
Además del PSOE, el PP también ha insistido en los últimos meses en la necesidad de impulsar este tipo de construcción. De hecho, el principal partido de la oposición registró en el mes de junio una proposición no de ley en el Congreso con la que pedía impulsar, en coordinación con las diferentes administraciones públicas, la construcción de casas industrializadas para paliar el problema de la vivienda en España.
Según defendía la formación, este tipo de viviendas se enmarcan como una alternativa para solucionar "muchas de las problemáticas del sector" relativos al gasto energético y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el derroche de materiales, la siniestralidad laboral y los tiempos de ejecución.
"No podemos pensar en dar solución al problema de la vivienda en España sin pensar en el impulso de estos sistemas que permitan reducir los plazos de construcción para poder acompasar la desfasada diferencia entre la oferta y la demanda en nuestro país", explicaba el PP.
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