Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias

El 76,52% de los potenciales compradores en España no puede adquirir una vivienda en la zona donde necesita residir debido al encarecimiento de los precios y la falta de oferta disponible. Así lo pone de manifiesto el Estudio del Perfil Comprador 2025 en las Agencias Inmobiliarias, presentado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) durante su congreso nacional celebrado en Toledo. El informe refleja un mercado tensionado, en el que el comprador tipo es una pareja de 41,8 años con hijos, que busca viviendas familiares en su entorno más cercano —con precios entre 150.000 y 250.000 euros— y depende en gran medida de la financiación hipotecaria para acceder a la compra.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha pedido rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 2,5% siempre que la compra de vivienda sea para la primera residencial habitual "no de lujo", mientras que para el resto de viviendas piden aplicar un 4%. Las inmobiliarias creen que este tributo, que grava la adquisición de viviendas usadas, es una carga impositiva que dificulta "claramente" el acceso a la vivienda en un momento de tensión del mercado. También destacan que la carga fiscal, acumulando todos los impuestos y los aranceles notariales y registrales, acaba resultando un porcentaje superior al 25% del valor total del inmueble.

La Asamblea General Anual de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha reelegido a José María Alfaro como presidente de la entidad, tras haber sido nombrado en marzo de 2023. Alfaro ha mostrado su agradecimiento durante su discurso de reelección y ha recalcado la importancia de que las agencias inmobiliarias de FAI  estén "unidas ante los nuevos retos y desafíos de un mercado inmobiliario marcado por un fuerte desequilibrio". También ha reivindicado una mayor regulación de la profesión mediante la formación profesional, el crecimiento asociativo y la vertebración territorial para recoger las sensibilidades de todas las comunidades autónomas en materia de vivienda.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias ha aprovechado su asamblea anual para pedir un 'Plan Marshall' destinado a resolver los problemas estructurales del mercado inmobiliario y garantizar el derecho a la vivienda en un momento de emergencia habitacional, a la que ha calificado como "la mayor crisis de los últimos 40 años". Según el presidente de FAI, José María Alfaro, "España necesita la creación de un marco legal estable y consensuado para aprobar medidas que equilibren la oferta y la demanda" y, sin un acuerdo amplio, es "inviable construir una política de vivienda coherente, eficaz y sostenible en el tiempo".

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) quiere extender los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al mercado del alquiler para dotar de seguridad a los pequeños propietarios frente al impago de renta y ante la actual demora en los procesos judiciales de desahucio. También proponen implementar un aval público exprés que complementen o sustituyan las pólizas de los arrendamientos existentes.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y otros altos cargos del MIVAU han mantenido este 18 de junio un encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, con quien han abordado aspectos relacionados con la Ley por el Derecho a la Vivienda y la labor de los agentes inmobiliarios. Esta reunión se produce dos meses después de que el Ejecutivo citara en La Moncloa a la patronal de la construcción y asociaciones de promotores y gestores de viviendas.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que las diferentes medidas que ha aprobado el Gobierno a lo largo de 2023 para regular el mercado del alquiler, enfocadas a la limitación de los precios y sus prórrogas, o la falta de medidas compensatorias para los caseros ante los impagos y paralización de los desahucios, han provocado un retroceso en la oferta y el consiguiente estrangulamiento de la demanda, que expulsará a más inquilinos del mercado.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) repasa en un estudio cómo ha evolucionado el mercado del arrendamiento tradicional en el último medio año, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Entre sus conclusiones destaca la caída del 30% de la oferta de viviendas mientras la demanda ha aumentado un 11%, que los arrendadores están endureciendo los requisitos exigibles a los potenciales inquilinos o que casi un 30% de los propietarios están trasladando sus inmuebles al alquiler temporal o al mercado de compraventa. Además, avisa de más subidas de las rentas.

El 77,3% de los compradores destinó su uso como vivienda habitual, frente a un 12,5% que la destinó a segunda residencia, según los resultados de la encuesta elaborada por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). Pero cabe destacar que la vivienda como inversión ha crecido en casi tres puntos en un año para concentrar el 10,2% del total de operaciones en 2022, sobre todo entre los compradores extranjeros.

El mercado de alquiler está cada vez más presionado.

Se cumple un año de la entrada en vigor en el BOE de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, una normativa que ha traído un aumento impositivo en las operaciones inmobiliarias en el ITP, IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio. Desde el pasado mes de enero toda compra de vivienda usada o toda herencia o donación de un inmueble debe tributar en base al nuevo valor de referencia de Catastro, un valor que, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, ha aumentado en un 17,1% de media los impuestos a pagar. Resumimos las principales medidas que afectan a la vivienda.