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El director de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín, espera que este año haya un mayor volumen de deducciones a la rehabilitación de vivienda en España más solicitudes una vez que las comunidades autónomas comiencen a concederlas. A pesar del desánimo que ve en el sector por el atasco en la concesión de las ayudas, Martín afirma que la demanda ha despertado y que en los próximos meses aumentará con fuerza en número de solicitudes resueltas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para remitirla posteriormente a Bruselas y poder movilizar todos los fondos europeos 'Next Generation EU' que le corresponden a España. En concreto, son 84.000 millones de euros en préstamos, 7.700 millones en transferencias y 2.600 millones adicionales del mecanismo REpowerEU. El objetivo es reforzar los planes actuales impulsar nuevos, como un fondo para modernizar el turismo, más recursos para placas solares o los 4.000 millones para desarrollar vivienda social y asequible.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada carga contra las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación. Asegura que el balance está siendo "muy decepcionante" y que el Ejecutivo ha usado de forma excesiva los procedimientos de urgencia para aprobar las normativas, lo que puede "haber repercutido negativamente sobre su calidad". De la Ley de Vivienda en concreto alerta de que el tope a las rentas reducirá más la oferta y que hay medidas que aumentan la inseguridad jurídica que los propietarios y constituyen un importante desincentivo a la inversión.

El Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), la Generalitat de Cataluña y el Consorci de l'Habitatge de Barcelona han firmado tres acuerdos para la rehabilitación de 1.933 viviendas la capital catalana con una inversión de 51,6 millones de euros. El plan incluye actuaciones en inmuebles públicos y privados ubicados en diferentes ámbitos de la ciudad, desde Canyelles a Can Peguera, pasando por Trinitat Vela y Besòs i Maresme.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que el Gobierno incluirá en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un fondo de 1.000 millones de euros para la modernización y la transición verde y d

El Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han unido fuerzas para respaldar de forma conjunta en Bruselas la candidatura oficial de la ciudad para albergar por primera vez la sede de una autoridad europea. En concreto, la de la nueva oficina de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, que busca un emplazamiento para su cuartel general. La propuesta es que se ubique en la Torre de Cristal, uno de los rascacielos madrileños, que se medirá con las que presenten Viena o Fráncfort. El veredicto que se conocerá en los próximos meses.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado en una entrevista en TV3 que el Gobierno va a mandar la próxima semana a la Comisión Europea la adenda al Plan de Recuperación, que permitirá movilizar 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y los 84.000 millones en préstamos adicionales a los 70.000 millones de la primera fase del Plan. El plazo máximo para enviar la documentación expiraba el 31 de agosto y Bruselas tiene dos meses para revisar la documentación.

El Gobierno revisará previsiblemente la extensión de las ayudas que aprobó para combatir los efectos de la guerra en Ucrania, entre las que destacan la rebaja en el IVA de alimentos básicos o la reducción del precio de abonos de transporte público y títulos multiviaje en un nuevo decreto ley que, una vez disueltas las Cortes tras la convocatoria de elecciones generales, tendrá que convalidar la Diputación Permanente del Congreso. Estas medidas fueron aprobadas el pasado diciembre y caducan el 30 de junio, y su extensión depende de la coyuntura económica.

El Gobierno facilitará ayudas para fomentar que las renovables térmicas se destinen a entidades públicas, como colegios, hospitales o centros deportivos, para sustituir sistemas de climatización de energía fósil por sistemas limpios y sostenibles. Así lo establece el Real Decreto aprobado este lune

El adelanto de las elecciones generales anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tendrá un impacto "inmediato" en las políticas económicas y fiscales de España, según la agencia de calificación S&P Global Ratings. S&P ha señalado que la economía española ha ten

El Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido la Ley de Vivienda ante su inminente entrada en vigor en la inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2023. Lucas ha destacado que ve al sector con muy buena salud y con ganas de desarrollar nuevas viviendas, pese a que "muchos agoreros dicen que puede entrar en crisis", y que hay muchas propuestas en esta materia sobre la mesa. Desde BBVA, sin embargo, afirman que la ley no refuerza la seguridad jurídica y fondos como Hines alertan de que supondrá una pérdida de competitividad del residencial español frente a otros países europeos.

El Gobierno estudia endurecer la normativa que permite a los extranjeros optar a un visado en nuestro país si realizan una inversión, como por ejemplo comprar una vivienda de más de 500.000 euros. Bruno Rabassa, CEO de la inmobiliaria de lujo Berkshire Hathaway HomeServices en España, asegura que la 'golden visa' es un aliciente secundario para los foráneos que adquieren inmuebles, ya que en su decisión priman más otros factores como los tipos de cambio, la seguridad jurídica, el estilo de vida mediterráneo o un atractivo precio de las viviendas respecto a otros países. Además, recuerda que los extranjeros aportan riqueza a la economía.

La prohibición obligatoria de desarrollar determinadas tareas al aire libre o en centros de trabajo que no puedan quedar cerrados durante las horas del día cuando se produzcan temperaturas o vientos extremos, como la construcción, entra en vigor. La disposición aprobada en el último Consejo de Ministros incluye medidas para cambiar las condiciones de trabajo, como reducir o modificar las horas de trabajo previstas, aunque serán las empresas las que deben establecer las medidas, en función de los fenómenos metereológicos, el tipo de trabajo y la situación de sus empleados.

La presidenta de la patronal de los promotores en Madrid, Carolina Roca, ha valorado de forma positiva las medidas que ha planteado el Gobierno para desarrollar miles de viviendas asequibles en los próximos años, pero ha recordado que, más allá de los anuncios en campaña electoral, es necesario que el sector público y el privado acuerden una estrategia a largo plazo para aumentar la oferta residencial. Ve necesario agilizar el desarrollo de suelos y la concesión de licencias y reducir la carga fiscal de la construcción de viviendas, y calcula que España necesita levantar cada año 75.000 unidades.

El Consejo de Ministros ha aprobado una línea de préstamos ICO por valor de 4.000 millones de euros destinada a promover viviendas de alquiler asequible. Va destinada a promotores públicos y privados, que podrán financiar desde la adquisición de suelo y la construcción de vivienda nueva, hasta la compra de edificios para rehabilitar y las obras de adecuación. El requisito es que las viviendas se destinen al alquiler social o asequible al menos durante 50 años y que se ubiquen en edificios energéticamente eficientes.

El Consejo de Ministros ha aprobado una línea de avales del ICO para conceder avales del 20% de la hipoteca destinados a jóvenes y familias con menores a su cargo que compren su primera vivienda habitual. El Gobierno estima que la medida tendrá unos 50.000 beneficiarios solventes, pero que no disponen de ahorros previos para adquirir el inmueble. Las solicitudes deberán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2025 y entre los requisitos está que el demandante no tenga unos ingresos de más de 37.800 euros al año (4,5 veces el IPREM) en términos generales.

Tras más de un año de tramitación parlamentaria y casi un millar de enmiendas, el Gobierno ha conseguido desatascar el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que ya está en el Senado y podría entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo. Entre sus medidas destacan los topes a los alquileres, la puesta en marcha de nuevas deducciones fiscales para arrendadores que cumplan determinadas condiciones, los cambios en la duración de los contratos o la sustitución del IPC por otro índice de referencia para actualizar las rentas. Esas son, según Natalia Tova, abogada de EY, las novedades que tendrán más impacto en la vida diaria.

El Programa de Estabilidad que ha enviado el Ejecutivo a la Comisión Europea contempla un gasto público anual en vivienda equivalente al 0,5% del PIB entre 2023 y 2026, en línea con el destinado tanto en 2021 como en 2022. Esta inversión está por debajo de la que realizará la Administración en otras áreas como la protección al medio ambiente; las actividades recreativas, cultura y religión; defensa, sanidad o educación. No obstante, el crecimiento previsto del PIB en los próximos años aumentará el gasto real en vivienda.

Las reducciones fiscales que plantea la Ley de Vivienda para los pequeños propietarios no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2024 y, por tanto, no se harán efectivas hasta la declaración de la renta de ese ejercicio fiscal, que los contribuyentes presentarán dentro de dos primaveras. Destacan una rebaja de la reducción general del 60% al 50% por los rendimientos netos del alquiler, la posibilidad de alcanzar el 70% si la vivienda se alquila a menores de 35 años o el 90% si la renta se reduce al menos un 5% respecto al anterior contrato.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se suma a las voces que alertan de que el control de precios de los alquileres que plantea la Ley de Vivienda, que votará este jueves el Pleno del Congreso de los Diputados, puede provocar el efecto contrario al buscado. A pesar de que puede funcionar a corto plazo, de Cos pide tener una visión a medio y largo plazo en materia de vivienda y alerta que, en ese caso, puede lastrar la oferta e impactar en el resto de mercados donde no se aplican.

La Ley de Vivienda encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Tras pasarse más de un año paralizada en la Cámara Baja, el Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la normativa, lo que supone el último trámite antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Partidos como Vox y Ciudadanos han criticado las prisas del Gobierno para desatascar en pocas semanas la norma gracias a un acuerdo con ERC y Bildu.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler asequible de jóvenes y familias. El plan incluye varios ejes: la venta de casi 21.000 viviendas a CCAA y ayuntamientos, de las que unas 12.000 necesitan obras de adecuación, la posibilidad de ceder temporalmente el uso de inmuebles y el futuro desarrollo de 15.000 viviendas en suelos propiedad de la sociedad bajo un modelo de colaboración público-privada. Las 14.000 unidades restantes se destinarán a alquiler sociales. La mayor parte de los pisos y los terrenos se encuentran en el arco mediterráneo.

El Congreso retoma la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda, después del acuerdo al que ha llegado el Gobierno con Esquerra Republicana y EH Bildu para consolidar el tope a la subida del alquiler y modificar el concepto de gran tenedor, entre otras medidas. La ponencia de la Comisión de Transportes se reúne a puerta cerrada este 18 de abril para estudiar las enmiendas de la normativa, que posteriormente pasará a debatirse en Comisión pública. El objetivo es que se vote en el Pleno en las próximas semanas para remitir el texto al Senado.

El proyecto de Real Decreto que modifica la normativa que regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios incluye un cambio importante. Arquitectos e ingenieros dejarán de tener en ciertos casos la exclusividad para emitir certificados energéticos, un documento que cualquier propietario necesita para alquilar o vender una vivienda o cualquier otro inmueble. La normativa propuesta vincula la expedición a la capacitación técnica de los profesionales, establece dos tipos de certificados y crea un registro administrativo de técnicos competentes en la materia.

España captó en 2022 más de 34.178 millones de euros de inversión extranjera en términos brutos, un 13,9% más que en el año anterior.