Infraestructuras

Las inversiones que llevó a cabo el Estado en las infraestructuras catalanas registraron el peor dato de la historia durante el año pasado. Y es que, a pesar de que estaban presupuestados 1.040 millones de euros, solo se gastaron 736 millones según la Cámara de Comercio de Barcelona. Esto significa que solo se ejecutó el 59% del dinero previsto, frente al 89% que de media se llevó a cabo en el resto del país.

Constructoras, sindicatos, académicos y otros expertos del sector inmobiliario aseguran que la construcción debe centrarse en la eficiencia y en la búsqueda de nuevos segmentos de negocio para recuperar peso en la economía española. La apuesta de futuro pasa por la rehabilitación de las viviendas, los edificios públicos y los inmuebles de uso colectivo, así como por un aumento de la inversión en infraestructuras. Dos materias que nos sitúan en peor posición que las grandes potencias europeas.

Los expertos aseguran que las infraestructuras construidas en nuestro país van a perder este año 10.000 millones de euros de valor por la falta de inversiones para su conservación. Recuerdan que la inversión pública es insuficiente, insisten en que se debe buscar un modelo de colaboración con el mundo privado y calculan que las infraestructuras necesitan una inyección de unos 25.000 millones anuales en lo que queda de década.

En 2015 se invirtieron en nuestro país algo más de 26.500 millones de euros de dinero público, una cantidad que equivale al 2,5% del PIB, que arroja un alza interanual del 21,3% y que supone el primer incremento desde 2009. El repunte se produce en un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales, siendo los gobiernos regionales los que más han impulsado las inversiones.

En 2004 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se propuso ‘humanizar las prisiones’. Desde entonces se han inaugurado siete prisiones llenas de lujo. Tienen unas instalaciones al nivel de un gran hotel: habitaciones individuales, gimnasio, piscina, materiales sostenibles… En la última abierta, la de Pamplona, Interior decidió retirar 721 pantallas planas de las celdas por un valor de 99.000 euros.

La comisión nacional de competencia (cnc) ha autorizado la fusión de comsa y emte por considerar que “no supone obstáculo alguno para la competencia efectiva en el mercado”.