Los expertos avisan: España está en una fase demográfica donde las migraciones marcarán la evolución de la población

Los expertos se han reunido para debatir sobre las consecuencias que tendrá la llegada de extranjeros a nuestro país y la salida de españoles hacia otras partes del mundo. Unos flujos migratorios que consideran determinantes tanto para la economía como para la evolución de la población.

En el marco de unas jornadas sobre el nuevo escenario migratorio en España organizadas por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Elisa Chuliá, directora de estudios sociales del organismo, aseguró que “más de la mitad de las autonomías tienen un saldo negativo, por lo que los poderes públicos cada vez son más conscientes de los problemas demográficos y del efecto claro que tienen sobre la economía. Sin embargo, no podemos pensar que la demografía en sí es un problema, sino que es una realidad que puede provocar situaciones problemáticas como la baja natalidad o el envejecimiento de la población”.

La postura de los expertos es clara: los flujos migratorios serán los que marquen el paso de la evolución poblacional, el elemento indispensable para garantizar el Estado de Bienestar.

“España está entrando en una fase demográfica donde las migraciones marcarán el crecimiento o decrecimiento de la población. Aunque hayamos visto caídas en los últimos años como consecuencia de la crisis, la migración va a continuar y creo que es necesario desdramatizar la inmigración porque no siempre es una desventaja”, opina Andreu Domingo, subdirector del Centro de Estudios Demográficos (CED).

El experto recuerda que entre 2008 y 2015 se han marchado de España cerca de tres millones de personas, de los que apenas el 14% eran españoles. Esta salida ha coincidido en el tiempo con un hecho insólito: en nuestro país mueren más personas de las que nacen. Por si fuera poco, a ese déficit de nacimientos (que se producen principalmente por la falta de tiempo y recursos económicos del colectivo joven) se suma la distorsión de la pirámide poblacional y sus consecuencias.

Y es que, si no se toman medidas, en 2050 España podría convertirse en el segundo país del mundo con más mayores de 65 años, por detrás de Japón. Un argumento que está sirviendo a los sociólogos y demógrafos para hablar de la importancia de analizar los movimientos de los residentes en España (sean españoles o extranjeros), así como el grado de adaptación de los inmigrantes a la sociedad y la forma de vida domésticas.  

Radiografía de los extranjeros en España

¿Y qué dicen las cifras oficiales de todo esto? En términos generales, en España trabaja uno de cada dos extranjeros en edad de trabajar, protagonizan uno de cada cuatro movimientos de residencia dentro de nuestras fronteras desde el año 2001 y llevan viviendo de media 13 años en nuestro país.  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado verano había 4,39 millones de habitantes extranjeros en España, un 0,48% menos que un año antes. Proceden principalmente de uno de estos cinco países: Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Italia y China. De dicha cifra, cerca de 1,2 millones no están en edad de trabajar (tienen menos de 15 años o más de 64), mientras que de los tres millones restantes que forman parte de la población activa trabaja algo más de la mitad.

Actualmente hay 1,68 millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social en alguno de los regímenes (general, autónomos, carbón…), un 5,4% más interanual, de los que un tercio son de Rumanía y Marruecos. La mayoría de extranjeros residen en las autonomías más pobladas y más importantes para la economía nacional: Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Además, están siendo una pieza clave en la migración dentro de las fronteras españolas. “Los inmigrantes han protagonizado una media del 25% de todos los cambios de residencia entre los años 2001-2015. Muestran tasas más elevadas de movilidad que la población autóctona y mayor flexibilidad”, explica Joaquín Recaño, doctor en geografía de la Universidad de Barcelona.

Para María Miyar Busto, economista y profesora de socióloga de la UNED, otro dato positivo es que muchos de los extranjeros residentes están integrados en nuestra sociedad y viven un periodo de madurez. “Casi la mitad de los que hay actualmente en España lleva aquí más de 10 años, mientras que el 75% lleva más de seis años, lo que significa que la mayoría están muy asentados”, detalla.

De hecho, Mª Ángeles Cea d’Ancona, directora del departamento de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que el rechazo a la inmigración está cayendo a medida que la recuperación económica está cogiendo velocidad.

“2011 fue el año de mayor rechazo expreso a la inmigración, cuando el porcentaje llegó al 40%, mientras que el de tolerantes estaba en el 27%. Sin embargo, desde entonces se ha ido reduciendo y en 2014 ya estaba en el 32%, por debajo de la proporción de tolerantes, que se quedó en el 35%, aunque seguimos lejos de los números de finales del siglo pasado: entre 1996 y 2001, el rechazo estaba por debajo del 20%”, aclara.

Sin embargo, la experta recalca que las encuestas sobre percepción reflejan que muchos españoles siguen estando en contra de los inmigrantes. Creen que hay demasiados extranjeros, que las leyes son demasiado permisivas con ellos y que tienen un efecto negativo sobre el mercado laboral, ya que tiran a la baja de los sueldos y quitan puestos de trabajo a los españoles poco cualificados.

¿Y qué medidas se podrían tomar para que cayera más el sentimiento de rechazo? Para Claudia Finotelli, investigadora y doctora en Ciencias Políticas, la clave está en que el debate sobre la integración social de los inmigrantes cale en España como ya ha hecho en otros países europeos. “Aquí no ha calado porque no hay un modelo de integración, ni tampoco una regulación expresa. La integración aún no se entiende como una medida de control y al final muchas decisiones las tiene que tomar la justicia”, afirma

Por su parte, Antonio Izquierdo, catedrático de sociología de la Universidad de A Coruña, cree que “las actuales circunstancias exigen un giro en las políticas sobre migración, priorizando una política de ciudadanía y de gestión de la diversidad cultural y religiosa, pero también de selección de los flujos en función de las características de edad y capital humano de los inmigrantes”.