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De los impuestos al empleo y la natalidad: las medidas que piden los empresarios al próximo Gobierno

Bajar Sociedades, simplificar el IVA, bajar las cotizaciones sociales, reducir el número de contratos, fomentar la FP y desincentivar la jubilación anticipada son algunas de ellas

Círculo de Empresarios
Círculo de Empresarios
Autor: Redacción

Las peticiones y recomendaciones de los expertos se amontonan días antes de que España vuelva a acudir a las urnas. A las puertas del 10-N, el Círculo de Empresarios ha presentado un informe en el que resume las medidas que debería poner en marcha el futuro Gobierno, sea del color político que sea, para avanzar en la senda reformista. Unas medidas que están vinculadas con todo tipo de materias: desde los impuestos a la creación de empleo, pasando por fomentar la natalidad, garantizar las pensiones, aumentar la productividad o luchar contra el fraude fiscal.

Las primeras peticiones son de carácter institucional, y están encaminadas a eliminar la incertidumbre política y formar un Gobierno estable para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la unidad de España, así como asegurar la relación entre libertad individual, seguridad jurídica, propiedad privada, libre mercado y democracia. El organismo también pide evitar la legislación vía Decreto Ley y sustuir esta alternativa por el diálogo entre los agentes.

Al margen de las consideraciones generales, estas son las principales propuestas en cada materia:

Impuestos

  •  Establecer un tipo único y más reducido en el Impuesto de Sociedades, en torno al 20% de la base imponible, y un esquema de beneficios fiscales equiparable al de los países más competitivos de la UE, como Suecia, Reino Unido y Países Bajos.
  •  Simplificar el IVA y reasignar los bienes sujetos al tipo general y reducido. De esta manera, se podría seguir el esquema mayoritario de los países de la UE, y en especial el aplicado en Austria y Alemania.
  • Reducir la carga sobre el empleador en las cotizaciones sociales. Además, de forma paralela, considera necesario avanzar hacia un esquema contributivo de reparto más equilibrado que garantice la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones, como ocurre en Alemania, Austria, Países Bajos y Reino Unido.
  • Ampliar las bases imponibles del IRPF. ¿Cómo? La creación de empleo y la reducción del peso de la economía sumergida posibilitaría aumentar la recaudación y equiparar el tipo marginal, actualmente del 45%, a la media de la OCDE (41,6%) o de la eurozona (41,7%).
  • Crear nuevas figuras tributarias, siempre que se haga de forma coordinada y armonizada con los países miembros de la UE y de la OCDE, para que no penalice la competitividad, la creación de empleo, la inversión y el ahorro privado en nuestro país.

Empleo

  • Modernizar el sistema de contratación, dotándolo de mayor racionalización y simplicidad. La propuesta es dejar tres grandes contratos, tanto a tiempo parcial como completo: indefinido, por necesidades empresariales (de duración determinada) y juvenil (de formación).
  • Equiparar las indemnizaciones por terminación de los contratos temporales y fijos, y reducir sus costes, convergiendo a los niveles de los países con menores tasas de temporalidad y desempleo, como Reino Unido o Alemania.
  • Establecer un sistema mixto de negociación colectiva adaptada a la empresa (en salarios y jornada laboral) y a los convenios sectoriales (en salario mínimo, formación y fondos de pensiones o de maternidad), siguiendo el ejemplo de Dinamarca.
  • Rediseñar las políticas activas de empleo, con mayor peso de la formación continua, especialmente en un contexto de transformación digital y del mercado laboral. De nuevo, el ejemplo a seguir es Dinamarca.
  • Impulsar la Formación Profesional dual, con un marco regulatorio estándar común en todas las CCAA, siguiendo la experiencia de Alemania, Austria y Suiza, en la que existe una mayor integración de las empresas en el sistema educativo

Pensiones

  • Creación de cuentas nocionales en las que se registren las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos correspondientes a su vida laboral, como en Suecia e Italia.
  • Incrementar progresivamente el número de años de cotización que se toman en cuenta en el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, extendiendo a futuro su periodo a toda la vida laboral como en Austria, Finlandia, Portugal y Suecia. En España, y tras la última reforma, el cálculo se va ampliando hasta alcanzar en 2022 los últimos 25 años de trayectoria.
  • Desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral por encima de los 67 años.
  • Transformar progresivamente el actual sistema de reparto en uno mixto basado en tres soportes (reparto, capitalización obligatoria y capitalización voluntaria), para garantizar prestaciones dignas a largo plazo, como en Suecia.
  • Incentivar el ahorro privado a través de incentivos fiscales, especialmente en planes de pensiones.

Natalidad y conciliación

  • Acelerar la equiparación de los permisos parentales compartidos e intransferibles y fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria. En el caso de 16 los permisos parentales compartidos, España debería reformular su diseño tomando como referencia el modelo de Islandia, en el que existe una total equiparación en su periodo obligatorio para ambos progenitores.
  • Introducir nuevos incentivos financieros y fiscales siguiendo el esquema de los países de la OCDE que constituyen ejemplos de buenas prácticas en el diseño e implementación de las políticas de fomento de la natalidad, como en Francia y los países nórdicos.
  • Mejorar las infraestructuras y servicios para el cuidado de niños en edad preescolar, especialmente de 0 a 3 años, mediante el desarrollo de una red más amplia de guarderías. 
  • Adaptar el calendario y los horarios escolares a los laborales, como en Reino Unido y Alemania.

Vivienda

  • Mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en el mercado de alquiler y en la vivienda social y protegida, impulsando las políticas de oferta. Para ello, se precisa reformar la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, un marco regulatorio más estable para la inversión privada, aumentar el suelo finalista, agilizar los trámites burocráticos e incrementar la inversión en vivienda social con mayor colaboración público-privada, entre otras medidas.
  • Acelerar el desarrollo de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural para garantizar el principio de solidaridad interterritorial favoreciendo la creación y la viabilidad de los proyectos empresariales, la inversión en infraestructuras de comunicación y transporte, el acceso a los servicios públicos, entre otras medidas.

Economía sumergida

  • Asignar con mayor eficiencia los recursos para inspecciones de la Agencia Tributaria en la búsqueda de las grandes bolsas de fraude.
  • Generalizar el pago por medios electrónicos, siguiendo las mejores prácticas de los países nórdicos.

Innovación y transformación digital

  • Crear una entidad público-privada de carácter nacional encargada de diseñar una estrategia a largo plazo del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, siguiendo la experiencia de Israel. Esta entidad tendría dos principales misiones: orquestar y dar coherencia a las iniciativas públicas y privadas de apoyo a los emprendedores para garantizar su eficiencia y sostenibilidad; y, seleccionar y desarrollar las áreas prioritarias de innovación, gestionar la financiación y generar sinergias entre las universidades y las empresas.
  • Fomentar la investigación según las necesidades de la sociedad, con proyectos de financiación y colaboración público-privada, lo que requiere de una mayor conexión entre empresas, universidades y centros de I+D.
  • Establecer regímenes especiales, estables y únicos para favorecer la retención y atracción del talento, así como la instalación efectiva de los centros de innovación de multinacionales en España.
  • Diseñar e impulsar un Pacto de Estado por la Digitalización y las nuevas tecnologías con visión de largo plazo y carácter transversal, con especial atención a la ciberseguridad. 

Administraciones Públicas

  • Mejorar la eficiencia de las AAPP, empleando los recursos con mayor transparencia, control y calidad, proveyendo los servicios y ayudas públicas con mecanismos propios del sector privado y fomentando la colaboración público-privada.
  • Reordenar las potestades tributarias de Estado, autonomías y ayuntamientos. La competencia, tanto en legislación como en gestión de la fiscalidad empresarial, debería ser exclusiva del Estado para facilitar así la unidad de mercado, de forma que las decisiones empresariales no se vean distorsionadas por los más de 70 impuestos autonómicos y los tributos locales. En el caso de los Impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, transferidos a las CCAA, minimizar su gravamen al constituir una sobreimposición sobre el ahorro, y siendo unas figuras tributarias prácticamente desaparecidas en los países de la OCDE.

  • Reformular la estructura de la Administración territorial, reduciendo el número de Ayuntamientos, y/o redimensionando su estructura, eliminando en su caso Diputaciones, centralizando servicios, consiguiendo economías de escala, y facilitando la colaboración entre las mancomunidades que compartan servicios e instalaciones comunes.

  • Introducir progresivamente un sistema de cofinanciación en determinados servicios públicos en función de los niveles de renta, siguiendo la experiencia de Suecia.

  • Evaluar las políticas económicas propuestas por las AAPP y los partidos políticos, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas como en Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

  • Impulsar la efectividad y transparencia de la evaluación del grado de cumplimiento de la Ley de Unidad de Mercado, con el fin de eliminar duplicidades en los trámites administrativos para las empresas y los ciudadanos.

  • Modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, introduciendo movilidad, flexibilidad e incentivos en los contratos existentes y aprobando un nuevo marco legal para los nuevos contratos, más parecido al sector privado, en contratación, despido o remuneración, para equipararlo al modelo del sector público de países como Reino Unido, Dinamarca y Suecia. Además, desarrollar un Estatuto del Directivo Público para garantizar la neutralidad política en los altos niveles de la Administración.

Productividad empresarial

  • Tramitación online de la constitución de empresas en 24 horas.
  • Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA, así como la integración en la Unidad de Grandes Contribuyentes de 6 a 20 millones de euros.
  • La constitución del comité de empresa, a decisión de los trabajadores, debería tener como cifra de referencia 100 o más empleados.
  • Garantizar que las consultas vinculantes a Hacienda se respondan en tiempo y forma.

Infraestructuras

  • Alcanzar un Pacto de Estado estable y con visión a largo plazo en materia de infraestructuras, sin excluir la colaboración público-privada, siguiendo la experiencia de Reino Unido y Francia. También se deben renovar la infraestructura del agua y la reutilización de residuos. 
  • Fomentar la inversión en movilidad y rehabilitación urbana, y en la adaptación de nuestras ciudades y zonas rurales a las nuevas tecnologías, como en Japón, Reino Unido y Francia
  • Consensuar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética entre los partidos políticos y los agentes implicados.
  • Establecer un sistema de precios de la energía que recoja sólo los costes de la generación y los peajes de transporte y distribución, quedando fuera de la factura del consumidor cualquier otro concepto adicional que suponga un incremento y afecte directamente a la competitividad de la economía, especialmente en el caso de las industrias con mayor sensibilidad al coste de la energía.
  • Crear un marco presupuestario estable que incentive el desarrollo de la I+D+i en eficiencia energética, energías renovables, digitalización y nuevas tecnologías bajo el principio de neutralidad tecnológica.