El saldo entre las transferencias del sector público y los salarios del sector privado en 2021, sin contar al empleo autónomo, sigue siendo superior para el número de retribuciones por parte del Estado en casi medio millón de personas más. El pago de las pensiones, el sueldo de los empleados públicos y las prestaciones por desempleo acumularon algo más de 14,2 millones de transferencias, mientras que los asalariados privados se incrementan hasta los 13,7 millones de trabajadores, junto a casi 2,1 millones de empleos autónomos.
Este saldo entre ambos sectores se ha reducido en casi un millón de personas después de un 2020 marcado por la pandemia del coronavirus. En el año del covid-19, unos 2,3 millones de personas recibieron algún tipo de prestación. A cierre del año pasado, se redujo a algo más de 1,8 millones de ciudadanos que cobraron algún tipo de paro.
Además de los parados, las arcas públicas suman el salario de los casi 3,5 millones de empleados públicos entre todas las administraciones del Estado, que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). El empleo de sector público se sitúa un 6,8% por encima de justo antes del estallido de la pandemia. Son 96.400 nuevos empleos públicos en 2021, después de crecer más de 125.000 personas en 2020 para luchar contra la crisis sanitaria y económica.
Pero, sobre todo, la mayor partida de las transferencias públicas va destinadas a los cerca de 8,9 millones de pensionistas dados de alta en la Seguridad Social. Entre un año y otro, el pago a los jubilados ha aumentado en 56.000 personas.
Mientras tanto, el volumen de empleados del sector privado se ha incrementado entre 2020 y 2021 en más de 730.000 trabajadores, para alcanzar una cota que roza los 17 millones de trabajadores. De ellos, más de 13,7 millones son asalariados, mientras que unos 3,2 millones son empleados autónomos.
El coste que cada año dedica el Estado al pago de estas transferencias es de más de 300.000 millones de euros, que se divide en 150.000 millones de gasto en pensiones, más otros 140.000 millones en nóminas de los trabajadores de la Administración y empresas públicas, y otros 18.000 millones que se destinan de media anual al desempleo en España.
Los expertos temen que esta cantidad añada más presión al déficit del Estado. Tras estos dos años en los que Europa suavizó las reglas fiscales para hacer frente a la pandemia, todo hace esperar que se vuelva a la senda del déficit y al Pacto de Estabilidad.
Para este año, el panel de expertos de Funcas espera un déficit público del 5,4%, frente al 5% del PIB de previsión del Gobierno.
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